Las propuestas de los jueces federales del Litoral para combatir el narcotráfico

Los jueces federales de Paraná, Santa Fe y Rosario están en condiciones muy desiguales respecto de los narcotraficantes: cuando les habilitaron las escuchas telefónicas, ellos ya cambiaron el celular; cuando ordenaron medidas a una fuerza de seguridad en una investigación, otra fuerza cela algunos datos que permitan avanzar; cuando al fin detienen a algún pez gordo, este obtiene privilegios en una unidad penitenciaria provincial gracias al dinero que dispone. Estos y muchos otros problemas fueron analizados en la reunión de la subcomisión Litoral del organismo que creó la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines del año pasado, para la denominada “lucha contra el narcotráfico”.

En esta instancia se reunieron el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, el de Rosario Marcelo Bailaque (que tiene a su cargo la causa de Los Monos), el de Santa Fe Francisco Miño, y Rafael Gutiérrez, presidente de la Junta Federal de Cortes del país (Ju.Fe.Jus) y actual presidente de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe.

No es la primera vez que estos jueces se ven las caras, pero el viernes lo hicieron con la esperanza de que este no sea un momento más de buenas ideas y de catarsis sobre las problemáticas comunes de la región. Para eso, esperan lograr dar pasos concretos en un contexto donde se habla de decisión política para acabar con el narcotráfico en el país. Pero, como siempre, habrá que definir si se destinarán los recursos necesarios y urgentes o quedará en frases de campaña.

La reunión de los jueces del Litoral fue el viernes en Santa Fe. El primero de los temas tratados fue sobre las necesidades de las jurisdicciones en cuanto a las investigaciones de los delitos de narcotráfico, como así también a las cuestiones vinculadas al juzgamiento de los mismos. Llegaron a la conclusión de la necesidad de fortalecer los distintos ámbitos de investigación y lograr una coordinación de mandos para optimizar los recursos. También se consideró fundamental que, dentro de la colaboración que prestan las policías provinciales, se logre una comunicación con las fuerzas federales para compartir información dentro de un canal de comunicación que permita obtener un resultado más favorable.

Otro problema común de los jueces federales de la región es que no existe una unidad penitenciaria federal donde alojar a los presos por narcotráfico. Por esto en Entre Ríos y Santa Fe los detenidos son destinados a las cárceles provinciales, que cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para los presos por delitos más complejos. El preso narco es un preso rico, y su dinero es un problema: no solo porque cuenta con privilegios y trato diferenciado en una cárcel común respecto de los otros condenados, casi todos pobres, sino porque además cuenta con un poder de compra de voluntades incontrolable, como ya se ha comprobado en varios casos.

Entonces, los jueces propusieron que tanto por razones de agilidad en cuanto a la proximidad de las personas detenidas sujetas a proceso con las sedes judiciales, como también por cuestiones vinculadas a la proximidad al lugar de residencia y también en cuanto a los costos que significan los traslados desde las cárceles federales que están en otras provincias, que se destine una Unidad Penitenciaria Federal, al menos en principio con carácter de Alcaldía de Tránsito de Corto Plazo para los primeros momentos de la instrucción, hasta tanto pueda lograrse la efectiva localización de una unidad penitenciaria de características adecuadas al cumplimiento de una pena.

Hay otros problemas operativos comunes, como por ejemplo la falta de una estructura mínima para la eliminación de estupefacientes. El año pasado, el Juzgado Federal de Paraná quemó siete toneladas de marihuana en la fábrica de tejas y ladrillos de Paraná, Coceramic, como solución ingeniosa y alternativa al problema de almacenar tanta droga en un depósito, porque existe el peligro de un golpe comando de una banda que pretenda recuperar el estupefaciente, como de la tentación por parte de quienes están en la custodia.

Las propuestas serán elevadas a la Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó en octubre de 2015. Este organismo integrado por decenas de jueces e integrantes de tribunales federales del país, buscará, según lo anunciaron,  “coordinar con los demás poderes del estado medidas que fueran necesarias para asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes”. Es decir que, además de la alineación en este objetivo de los poderes judiciales de la Nación y las provincias, pretenden lograr respuestas tanto legislativas como ejecutivas (principalmente el destino de recursos).