Denuncian que padre abusador merodea pese a restricciones

Una familia vive en el pánico permanente. Se comunican por teléfono a cada momento, cuando salen de la casa, cuando los chicos van y vuelven de la escuela; ir a comprar pan se transformó en una operación fugaz con medidas de seguridad. Temen que el padre, que está imputado por los abusos sexuales de su hijo y de su hijastro desde niños, cumpla lo que les juraba para mantenerlos callados: matarlos a todos. El caso está cerca de ser enviado a juicio, pero hasta que se llegue a esta instancia puede pasar mucho tiempo. Mientras tanto, la madre y sus hijos son quienes viven encerrados. Le otorgaron el botón antipánico, que aún no le entregaron, pero lo consideran insuficiente.

Desde que a inicios de junio, tal como informó UNO, al hombre de 44 años le retiraron la tobillera dual, que tuvo colocada desde septiembre de 2020, la familia vive con miedo por la violencia que M.M.P. demostró a lo largo de los años. Además de los abusos sexuales sufridos por dos niños y adolescentes desde sus infancias, la madre era amenazada y violentada a punta de un arma de fuego. Poco antes de la denuncia que le puso un límite y abrió la causa que lo llevará a juicio, el hombre le puso el revólver en la cabeza a la mujer. Cuando allanaron su vivienda, le secuestraron el arma calibre 38 y estaba con el tambor lleno de balas.

Cabe recordar que la identidad del acusado se mantiene bajo reserva para proteger el nombre de las víctimas.

Cuando le flexibilizaron la medida cautelar de protección a las víctimas, debido a que en casi dos años no se había acercado a las víctimas, le impusieron la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros.

Recientemente, se informó a UNO que la mujer denunció en la comisaría cuarta de Paraná que en tres oportunidades observó a su exmarido que pasaba por el frente de su casa en un vehículo, que describió.

La denuncia está siendo materia de investigación. Se indicó que se revisaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona y no se constató el paso del auto del acusado, lo cual para la Justicia sería insuficiente para realizarle un primer llamado de atención al imputado.

No obstante, le otorgaron a la mujer el botón antipánico, aunque hasta ayer no se habían comunicado con ella desde el 911 para la activación del dispositivo que la víctima considera insuficiente, porque quedará en su responsabilidad accionarlo cuando ya podría ser demasiado tarde.

El hombre mantuvo en silencio a los niños abusados porque les juraba que si hablaban iba a matr a su madre y sus hermanos. A la mujer le prometió que le iba a “volar la tapa de los sesos” si lo denunciaban. Y estas son solo algunas de las situaciones que sufrieron durante años.

Esta sensación de desproteccion por parte de la Justicia que la mujer, su madre y sus hijos sientenen estos momentos, es similar a la que sintieron en los días en que al fin pudieron y decidieron denunciar al abusador: en septiembre de 2020, durante la pandemia y con una cuarentena que se flexibilizaba, en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Absuo Sexual las atendía solo un policía que les informaba que no les podían tomar la denuncia, que tenían que ir sí o sí con un abogado.

La Fiscalía le endilga a M.M.P. los delitos de Amenazas calificadas en contexto de violencia de género, Tenencia ilegítima de arma de guerra, Abuso sexual gravemente utlrajante agravado reiterado y Abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado. Todo ello, en concurso real con Corrupción de menores agravada. La pena en expectativa que podría pedir la Fiscalía en el juicio es de 19 años de prisión.

En la investigación, todavía se espera el informe de las pericias psicológica y psiquiátrica del acusado, cuyas entrevistas ya se realizaron. Luego, se deberá citar a la audiencia de remisión de la causa a juicio, que debería ser este año.

Aunque el próximo miércoles habrá una audiencia porque el abogado defensor Milton Urrutia pidió el sobreseimiento de M.M.P, fundando en la prescripción de la causa, basado en el antecedente “Cozzi”, el fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia que dejó impune una causa de corrupción porque el trámite de la investigación de la Fiscalía superó los 18 meses. Un precedente peligroso, aunque en principio aparecen escasas las posibildiades de que el abuasdor evite llegar al juicio.