El 7 de octubre de 2016 una denuncia en la Unidad Especial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe dio inicio a una investigación por la venta de estupefacientes en una vivienda ubicada en el barrio El Pozo de esa ciudad. La pesquisa avanzó, detectó a 11 personas implicadas en la actividad ilícita, y seis meses después se llevaron adelante allanamientos en domicilios de Santa Fe y uno en la Unidad Penal de Alta Complejidad N° 8 del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, a cargo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Hubo secuestro de marihuana, cocaína, balanzas, celulares y otras evidencias más que comprobaron lo que ya se sospechaba en la investigación. En particular, aquel 8 de abril de 2017 los uniformados que requisaron la celda N° 4 en la que se encontraba alojado Sosa incautaron cuadernos y papeles con anotaciones varias, equipos informáticos y cargadores de telefonía celular. Sosa y los otros 10 procesados más fueron a juicio, y acordaron con la Fiscalía confesar y realizar un procedimiento abreviado. El mismo fue presentado por el fiscal federal Martín Suárez, el defensor público oficial Julio Agnoli y los defensores particulares Raúl Sartori y Néstor Pereyra. Sosa aceptó cumplir la pena de seis años de prisión.
En la sentencia publicada el 26 de marzo, el juez federal Luciano Homero Lauría afirmó: “Se ha acreditado que Dante Exequiel Sosa realizó acciones vinculadas al tráfico de drogas, desde el establecimiento carcelario en que se encontraba detenido al 8 de abril de 2017. Así se comprueba mediante el resultado de las tareas investigativas realizadas por la prevención, que determinaron que el nombrado utilizaba el abonado telefónico N° xxx-xxx4837 desde la Unidad Penal N° 8 de la ciudad de Federal, para coordinar la venta de drogas por parte de las coimputadas Patricia Leoni y Norma Lencina, así como el suministro del estupefaciente a otros vendedores, entre los que se encuentra el resto de los imputados”. Las directivas impartidas por Sosa desde el norte entrerriano, así como el rol que cada uno de los santafesinos cumplía en la banda, quedaron reflejados en las numerosas conversaciones telefónicas que se registraron en las escuchas efectuadas en la investigación, se indicó en el fallo. Al momento de valorar el monto de la pena impuesta a Sosa, el magistrado entendió que “constituye un agravante el hecho de haber cometido el delito mientras se encontraba detenido cumpliendo una condena por otro delito; lo que demuestra un claro desprecio a la ley y a las decisiones judiciales, que se ha reiterado en el tiempo”. “También voy a ponderar que, desde su celda, se encargó de dirigir la venta de estupefacientes, teniendo un rol preponderante en la empresa delictiva, con potencialidad para causar un daño de magnitud a la salud pública”, concluyó Lauría. Por otro lado, el juez remitió la sentencia al Juzgado de Ejecución de Penas de la ciudad de Paraná para proceder al trámite de unificación de penas.
Esta fue la segunda causa federal que tuvo el santafesino. En abril de 2016, en una requisa en su celda, personal penitenciario le encontró 16,27 gramos de marihuana en el doble fondo de un portatermos, y lo imputaron por tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal, por lo cual no recibió una condena. Ahora, Sosa se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana.
“Primo” de Lemos
El año pasado, una causa instruida en el Juzgado Federal de Paraná reveló que Daniel Celis (condenado por un asalto y procesado por narcotráfico) había rearmado su organización para el tráfico de cocaína desde la cárcel de Federal. En la misma, quedó implicado el intendente de Paraná, Sergio Varisco, el concejal Pablo hernández, y la exfuncionaria Griselda Bordeira, además de los cómplices de Celis. Para este rearmado y para las diferentes maniobras que requería la empresa ilícita, Celis contaba con su pareja, Luciana Lemos, a quien le dictaba órdenes por teléfono y también en las visitas que la mujer hacía en la Unidad Penal N° 8.
El año pasado, una causa instruida en el Juzgado Federal de Paraná reveló que Daniel Celis (condenado por un asalto y procesado por narcotráfico) había rearmado su organización para el tráfico de cocaína desde la cárcel de Federal. En la misma, quedó implicado el intendente de Paraná, Sergio Varisco, el concejal Pablo hernández, y la exfuncionaria Griselda Bordeira, además de los cómplices de Celis. Para este rearmado y para las diferentes maniobras que requería la empresa ilícita, Celis contaba con su pareja, Luciana Lemos, a quien le dictaba órdenes por teléfono y también en las visitas que la mujer hacía en la Unidad Penal N° 8.
En el expediente, Lemos declaró como arrepentida y contó el método de reuniones en el establecimiento carcelario de Federal: “Iban los que ellos mandaban, otras personas que pedían por otro interno, porque hay que pedir por dos internos, por ejemplo si iba yo lo hacía con otra persona, la otra persona pedía por Daniel y yo pedía por Sosa, debe haber sido antes del cumpleaños de Daniel, el 12 de febrero, y después nos juntábamos los cuatro en el salón de visita, y ahí Daniel podía hablar con cualquiera”. Sosa era, justamente, Dante, el santafesino, y según reveló Página Judicial, la mujer se presentaba como su prima. Además, una versión indicaba que Celis había tenido un conflicto con él, cuando el narco de Paraná había resultado apuñalado en una reyerta carcelaria de la que poco se habló.
Ni el encierro los detiene
Son varias las causas por narcotráfico en Entre Ríos, en las que se evidenció que los líderes estaban tras las rejas. Por ejemplo, en mayo de 2018 la Policía desbarató una banda dirigida por un preso desde la cárcel de Concepción del Uruguay. A fines de 2017, se advirtió que el misionero Pedro Arrúa coordinaba el tráfico de marihuana y cocaína desde esta misma Unidad Penal N° 4, desde el norte del país hacia distintas localidades de Entre Ríos. En la causa que derivó en la condena a la organización liderada por Gonzalo Caudana, se reveló que su socio Walter Ramírez era un nexo fundamental con los proveedores de la cocaína en Buenos Aires y también coordinaba el envío de cargamentos desde Paraguay: todo desde la cárcel de Paraná. Lo más llamativo se descubrió en la primera causa por narco en la que está procesado Daniel Celis, conocida como “narcoavioneta”. En la misma se advirtió que el Tavi no solo hablaba por teléfono, sino que mantenía reuniones especiales los miércoles, en las que habría coordinado su negocio.
Son varias las causas por narcotráfico en Entre Ríos, en las que se evidenció que los líderes estaban tras las rejas. Por ejemplo, en mayo de 2018 la Policía desbarató una banda dirigida por un preso desde la cárcel de Concepción del Uruguay. A fines de 2017, se advirtió que el misionero Pedro Arrúa coordinaba el tráfico de marihuana y cocaína desde esta misma Unidad Penal N° 4, desde el norte del país hacia distintas localidades de Entre Ríos. En la causa que derivó en la condena a la organización liderada por Gonzalo Caudana, se reveló que su socio Walter Ramírez era un nexo fundamental con los proveedores de la cocaína en Buenos Aires y también coordinaba el envío de cargamentos desde Paraguay: todo desde la cárcel de Paraná. Lo más llamativo se descubrió en la primera causa por narco en la que está procesado Daniel Celis, conocida como “narcoavioneta”. En la misma se advirtió que el Tavi no solo hablaba por teléfono, sino que mantenía reuniones especiales los miércoles, en las que habría coordinado su negocio.