Coimas: la defensa de Sergio Urribarri pidió la nulidad de la remisión de la causa a juicio

La defensa del ex gobernador, Sergio Urribarri, pidió este lunes la declaración de nulidad de los relatos de los seis hechos que se investigan en la causa conocida como Coimas. No pidió que se detenga el proceso sino que se adecúe el relato de los hechos a calificaciones legales que se correspondan con las conductas atribuidas y así garantizar el derecho de defensa. La audiencia retomará su última etapa el viernes 13 con la segunda intervención de la defensa de Urribarri.

Miguel Ángel Cullen, defensor local del ex gobernador, Sergio Urribarri, pidió este lunes la nulidad de la remisión de la causa a juicio hasta que Fiscalía adecúe el relato de los hechos que se le atribuyen a Urribarri y varios ex funcionarios de sus gestiones a calificaciones legales que los comprendan. El defensor sostuvo que Fiscalía acusó a Urribarri de un delito cuya característica reside en que el acusado debe ser funcionario público y el acto investigado legal, tal como lo exige la figura de Negociaciones incompatibles. La audiencia retomará el viernes 13 cuando alegarán y solicitarán la absolución, los defensores porteños del ex gobernador. Se trata de los abogados de Buenos Aires, Fernando Burlando y Gabriel Baños, publica APF.

Urribarri es investigado junto al empresario de origen paraguayo, Diego Armando Cardona Herrero y otros ex funcionarios y empleados de la firma de Cardona Herrero, Relevamientos Catastrales SA, en el favorecimiento durante la licitación y posterior adjudicación a Relevamientos Catastrales, en la adquisición por parte de la Administración Pública, de un sistema de software.

Causa Coimas Sergio Urribarri.jpg

La acusación sostiene que Urribarri, “en su calidad de Ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unían una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos”.

Cullen, al igual que otras defensas, sostuvo que la causa comienza con un dato falso: Urribarri no era ministro de Gobierno en el período que Fiscalía sostiene que ocurrieron los hechos. En este sentido, expresó que la figura que se le endilga de Negociaciones incompatibles no es la correcta porque esta exige que el imputado sea funcionario público y el acto administrativo impugnado, legal. Así, planteó que no se puede soslayar que Urribarri no era funcionario y que los actos bajo sospecha legales, y no irregulares como entienden los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro.

Además, el letrado señaló que Fiscalía investiga seis hechos a los que concursa de manera real, destacando que del mismo relato acusador surge que se trataría de un delito continuado. La defensa también resaltó que todos los ex funcionarios que están vinculados a la investigación pertenecían al Ministerio de Economía. Al momento del período investigado el ministro era Diego Valiero –que en un primer relato de los hechos fue mencionado pero luego, desvinculado-, y no al de Gobierno puesto que Uribarri pidió licencia el 14 de septiembre de 2006, se la concedieron al día siguiente y ya no regresó al Ministerio porque el 19 de marzo de 2007 se le aceptó la renuncia y el 10 de diciembre asumió su primer mandato como gobernador.

LEER MÁS: Megajuicio: rechazaron la prisión para Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera

Cullen sostuvo que la determinación de la calificación legal es determinante para las defensas porque posibilitaría garantizar el derecho a una debida defensa. También añadió que la prueba que se discutirá en la audiencia de admisión de evidencia será muy distinta, al igual que el debate que se realizará.

El defensor entendió que de remitirse a debate la causa tal como está relatada la imputación, el país se expondría a posibles sanciones internacionales puesto que en durante el proceso han solucionado, a través de salidas alternativas, sus situaciones varios empleados de Relevamientos Catastrales SA pero siguen mencionados, con roles distintos a los del autor.

Además de Urribarri, los otros ex funcionarios imputados fueron Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; José Laporte, secretario Legal y Técnico; Alfonso Luis Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Flores, secretario de Hacienda de la Provincia.

Urribarri y Haidar también enfrentan cargos por una “adenda” consistente en “la falsificación de las fechas en los actos administrativos mencionados permitió que la prórroga de ocho meses, se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes, percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”.