Luego de 12 años de haberse concretado las primeras maniobras de vaciamiento de la histórica empresa Waigel, por parte de integrantes de la familia de la ciudad de Crespo, el juicio por el mega fraude tiene fecha de juicio: el 29 de noviembre será la primera de las audiencias que concluirán con las declaraciones testimoniales el a fin de año. En febrero del año próximo serían los alegatos en la denominada causa Waigel y la ansiada sentencia se conocerá unos días después. A dos meses y medio de haber recibido el abultado expediente, el Tribunal Oral Federal de Paraná dictó ayer una resolución en la cual fijó esa fecha para el comienzo del juicio por uno de los mayores fraudes registrados en la provincia.
Causa Waigel: durante un mes juzgarán al clan por el fraude
El Tribunal Oral Federal de Paraná fijó para el 29 de noviembre el inicio del juicio por la causa Waigel, por el vaciamiento de la histórica empresa de Crespo.
Por José Amado
19 de agosto 2021 · 20:23hs
Acreedores. Por la quiebra hubo personas que perdieron sus ahorros.
Lo que se ha investigado a lo largo de muchos años en la Justicia provincial, hasta que finalmente pasó al fuero federal, es el vaciamiento de la empresa del rubro de la construcción, entre otros, para fraguar una quiebra que dejó a más de 1.500 familias, entre acreedores, ahorristas y trabajadores.
El núcleo principal de la familia Waigel procesado en la causa está interado por Miguel Artemio, Maricel, Miguel Francisco y Nanci Waigel. Son quienes más comprometidos estarían en las maniobras por las que desviaron dinero y bienes de la empresa. Luego está el segundo grupo de Juan Pablo, Andrés y Marcos Waigel y Rosa Butazzoni. Les sigue una larga lista de presuntos cómplices del fraude y satélites que serían posibles prestanombres para la tranferencia de bienes, quienes sostienen su inocencia e incluso se declaran víctimas de los primeros. Entre las distintas versiones que se cruzarán en el debate, no se descarta que ocurran careos e intercambios de fuertes acusaciones entre los imputados.
A inicios de junio la causa ingresó al TOF de Paraná, tras lo cual el fiscal general José Ignacio Candioti y los 17 abogados defensores ofrecieron pruebas para el juicio. Luego de la admisión de las evidencias y de los testigos que serán citados a declarar, se fijó que a fines de noviembre empezará el juicio oral y público.
Los jueces Noemí Berros, Lilia Carnero y Roberto López Arango resolvieron que los procesados podrán seguir el debate por el sistema de video conferencia, igual vía que se implementará para los testigos que no se encuentren en Paraná, los demás deberán asistir a la sede de calle Urquiza.
Además de Candioti y los 17 abogados particulares, actuará un letrado en representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos como querellante, debido a las deudas que la empresa tenía con el fisco nacional.
Luego del lunes 29 de noviembre, el juicio seguirá el mates 30, el 9, 10, 16, 17, 23 y 29 de diciembre con las declaraciones testimoniales. Se citará a declarar a un total de 46 personas, entre ellos investigadores que actuaron en la causa, contadores y algunas de las víctimas de la estafa. En este sentido, el Tribunal aclaró en la resolución que ayer envió a las partes: “En virtud de la complejidad de la causa y su voluminosidad, ínstase a las partes a merituar la posibilidad de que extrañar del proceso toda pruea que no sea estrictamente necesaria”.
Cabe tener en cuenta que hubo varios pedidos de instrucción suplementaria, una serie de oficios y medidas se solicitaron y deben producirse antes de que empiece el debate, lo cual puede amenzar la fecha de inicio.
Hace dos semanas, uno de los abogados que representan a una parte de la familia pidió el sobreseimiento de esos imputados, pero los jueces lo rechazaron al argumentar que justamente los planteos formulados para solicitar esa medida son temas se definirán en la audiencia de debate.
Los dos grandes delitos que les imputan a los principales acusados son Insolvencia fraudilenta y Quiebra fraudulenta, agravados por la intervención plural de personas. El primero se produce cuando una persona que tiene conocimiento de la existencia de un procedimiento administrativo judicial en su contra, se desprende de bienes, con la intencion de insolventarse para no afrontar las obligaciones correspondientes.