Este martes se elevó a juicio la causa de abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia laboral y de género contra el intendente de Gilbert, Ángel Constantino.
Abuso sexual: el juicio contra el intendente de Gilbert será en 2023
El juicio se desarrollará en audiencias con fecha lunes 6; martes 7; miércoles 8; jueves 9; viernes 10; lunes 13; martes 14; miércoles 15; jueves 16 y viernes 17 de febrero de 2023, a las 8.30, según informó la Oficina de Gestión de Audiencias de Gualeguaychú.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 411 del Código Procesal Penal queda a cargo de la parte que lo propuso la notificación de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que deban concurrir a la misma, se informó desde el Poder Judicial de Entre Ríos.
El caso
El intendente de Gilbert, quien está en uso de licencia con goce de sueldo y permanece con prisión domiciliaria, está acusado de tres abusos sexuales gravemente ultrajantes. También será juzgado por lesiones leves hacia un vecino de Gilbert y por haber violado restricciones impuestas por la Justicia.
La Fiscalía a cargo de los doctores Martina Cedrés y Lisandro Beherán, adelantó que durante el juicio se exhibirán más de 60 evidencias documentales y más de 50 testimonios probatorios junto a la Querella a cargo de Juan Ignacio Weimberg. Durante la elevación a Juicio adelantaron que pedirán 18 años de prisión efectiva.
En tanto la Defensa del imputado, ejercida por los doctores Mario Arcusin y Fabián Otarán, solicitarán la absolución.
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Cabe recordar que la prisión domiciliaria le fue impuesta a Constantino porque habría realizado reiteradas veces acciones de amedrentamiento a las víctimas, como pasar amenazadoramente -él mismo o personas de su entorno- en camionetas municipales por las casas de las denunciantes.
El abogado de las víctimas, Juan Ignacio Weimberg, había relatado a La Radio de UNO (por 88.7 La Red Paraná) la larga lista de hostigamientos que sufrieron las tres mujeres que se animaron a denunciarlo. Inclusive, el intendente estuvo unas horas preso por violar la restricción perimetral impuesta por la Justicia.
El abogado dijo que hay pruebas que lo incriminan: "muchos testimonios" de mujeres, amenazas registradas en mensajes y un informe "lapidario" del equipo técnico de la Dirección Provincial de la Mujer que calificó a las mujeres como víctimas y avala la veracidad de sus testimonios. El letrado indicó que, de demostrarse las violaciones, le cabrían como mínimo 10 años de prisión.