Piden la absolución para los policías acusados por sedición en Concordia

Juan José Bukténica, defensor de los acusados Daniel Chávez; Leandro Coutinho; José María Biderbos; Maximiliano Paredes; Juan Pedro Lacuadra; Hugo Troncoso y Carlos Rosas, pidió la absolución de sus pupilos por inexistencia de los delitos que se les imputan (sedición agravada, privación ilegítima de la libertad e instigación a cometer delitos) pero, en caso de que el Tribunal considere que estos crímenes se cometieron durante las jornadas del 8 y 9 de diciembre de 2013, requirió la libertad por el beneficio de la duda.

En un primer momento, desestimó que los acusados hayan tenido una organización previa que les haya permitido llevar adelante una protesta organizada y la toma de la Jefatura. Citó como ejemplo que se les incautaron los celulares (dos meses después de los hechos) y que no se encontraron mensajes ni correos en este sentido, y que tampoco constituía una táctica poner a las mujeres delante de la marcha para enfrentar a los jefes, como mencionó en su testimonio el ex Jefe de la Departamental Concordia, Lucio Villalba.

Sin embargo, más adelante, indicó que en las protestas que fuerzas de seguridad llevaron adelante en 2013, incluso las federales, “la modalidad fue siempre la misma; propuestas salariales similares a huelgas, con familias, con chicos, con amigos, con vecinos. Gran parte de estos funcionarios (por los acusados) intentaron por medio de petitorios hacer el reclamo como corresponde, trayéndolos con las mujeres, como declararon para no ser sancionados administrativamente”.

A renglón seguido, dijo, no sin una marcada dificultad en la pronunciación, que en esta acusación se está ante una “criminalización” de la protesta social. “Es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delito y a los sectores que la promueven como delincuentes”, sostuvo.

“En este país existen desde el 2001 y hasta el 2012, muchísimas causas abiertas contra sectores populares que hacen diferentes reclamos, como organizaciones sindicales y de derechos humanos, territoriales, estudiantiles, comunidades indígenas y demás. Hay más de cuatro mil personas criminalizadas”, apuntó

Dentro de ellas, citó a quienes fueron procesadas por detener el paso de vehículos que supuestamente llevaban máquinas hacia el Uruguay para ser aplicadas en la extracción de petróleo a través del método de fractura hidráulica (fracking), sobre la cual aprovechó a dar una definición particular: “¿Saben qué es fracking? Es la obtención de petróleo por un sistema de explosiones que hace mucho daño”.
En la mira
El letrado cuestionó las declaraciones que hicieron varios testigos de cargo presentados por la Fiscalía y cargó con dureza contra algunos funcionarios provinciales. Al gobernador Sergio Urribarri lo catalogó como la “cabeza” de los inoperantes que llevan adelante la política de seguridad en la provincia, mientras que al ministro de Gobierno, Adán Bahl, lo tildó de “mentiroso”.

También apuntó contra el jefe de Policía, Héctor Massuh, por su actitud de no ingresar a la Jefatura Departamental tomada en aquellas jornadas, luego de recibir sugerencias de que no entrar porque podía poner en peligro su vida. Ante esta situación, Massuh se dedicó a armar el operativo de emergencia para atender la situación de Concordia, agitada por los saqueos.

“Tal vez era mejor que venga, que pase lo que pase, que demuestre quién era el jefe, que se consume el delito que se tendría que haber consumado, pero que terminenos en ese momento, a esa hora, con esos hechos y no que se dedique a organizar lo que organizó”, lanzó.

A los testigos de lo que ocurrió durante las negociaciones del acuerdo en la sede de Cafesg, los dividió en dos grupos: los interesados y los imparciales. En el primero, por sus intereses políticos dijo, ubicó a Bahl, al intendente Gustavo Bordet, al vice Alejandro Casañas y al senador Enrique Cresto. En el segundo, al precandidato a intendente por el PRO, Roberto Niez; al empresario y ex-prefecto entre los ’70 y los ’80 Daniel D’Ambros y al Obispo Luis Collazoul, quien dijo que se enteró de lo que pasaba en la cabecera de su diócesis recién el lunes al mediodía.

Pidió al Tribunal que no valore de la misma manera al primero que al segundo grupo, dado que este último aportaba más confianza e imparcialidad.

A Cresto también le dedicó un cuestionamiento, en este caso por un problema de dicción: es que al describir el clima en la sede de la Cafesg el legislador dijo que era “hóstil” en lugar de hostil, transformando en grave una palabra aguda que no se acentúa por terminar en “l”.

A su vez, cuestionó el sistema procesal penal que se está aplicando en la provincia, indicando que se trata de “una Ferrari a la que mandaron a andar a Tanzania, donde está lleno de pozos y de conductores locos”. “Esto no puede funcionar. El tiempo me va a dar la razón”, vaticinó. Y luego, abundó: “Desde que empezamos con estas reformas, no pude encontrar un mapa del delito ni una estadística del delito en Entre Ríos, cuando antes lo tenía cada Juez de Instrucción y Jefe de Policía en su despacho”.
De parte
Al inicio de su alegato, había reconocido que estuvo presente durante la noche del 8 y la madrugada del 9 de diciembre de 2013 en la Jefatura tomada por los policías amotinados. Dijo que fue convocado por “uno de los jefes, (el subcomisario) Ismael Fernández para preguntar si el petitorio que tenían de 10 mil pesos (de básico) era válido, porque no tienen idea de números.

Narró que primero fue hasta “una casa donde están reunidos los jefes” que dijo que no sabe cuál es y que de allí lo enviaron a la Jefatura. Ismael Fernández es actualmente el titular de la Comisaría Novena.

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