Piden juicio político para un vocal del STJ de Entre Ríos

El grupo autodenominado de los 15 que integran exreferentes del justicialismo entrerriano promovió una denuncia que tiene como objetivo iniciar el procedimiento de juicio político para el vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Carlos Chiara Díaz, poniendo como argumentos la demanda por cuota alimentaria que lleva adelante una mujer ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Lucas Atún. Los dirigentes del peronismo disidente también plantearon en la presentación sus dudas en cuanto al manejo que habría hecho el vocal sobre gastos reservados y desviación de viáticos. "Hay serias sospechas, que con el pretexto de conferencias, clases o compromisos universitarios, haya utilizado fondos del STJER que, lejos de ser su sueldo, recibe por otras razones que nada tiene que ver con la libre disponibilidad que tiene de su salario. Inclusive, de soportar los gastos de traslado en avión que regularmente hacía los jueves" que según los denunciantes, "tiene más color de haberse debido a visitas familiares que a tareas académicas".

La denuncia que fue cursada al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, y al gobernador Gustavo Bordet, lleva la firma de los exsenadores nacionales Augusto Alasino y Héctor Maya; el exintendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi; el exlegislador provincial Hugo Oscar Berthet; Aníbal José Vergara; Sergio Paz; y el abogado victoriense Carlos Guillermo Reggiardo. Nucleados en Agrupaciones Peronistas de Entre Ríos, el espacio contiene a dirigentes que debieron enfrentar juicios por enriquecimiento ilícito y por supuesto pago de sobornos,entre otras acusaciones.

En el escrito los demandantes solicitan que se proceda según lo establecido por las normas contenidas en los artículos 139 y 189 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, por lo que piden que se proceda a la remoción del juez denunciado. En este marco, reclamaron que se abra el "procedimiento de suspensión y remoción del juez denunciado, ordenando su suspensión y oportunamente acuse ante el Honorable Senado al juez del Superior Tribunal de Justicia Carlos Chiara Díaz, para que oportunamente se haga lugar a su destitución".

Los autodenominados "militantes sociales" también elaboraron un detalle pormenorizado del "cuantioso patrimonio" que tendría Chiara Díaz, que a juicio de los demandantes si la actividad del magistrado "fuera la política, ya habría sido investigado, más de una vez por enriquecimiento ilícito, peculado, malversación de caudales o incumplimiento de los deberes específicos del funcionario".

Los dirigentes defendieron su legitimación para impulsar la denuncia, la Vieja Guardia Peronista -tal como lo bautizó Recinto Net- por ser "personas o particulares con activa participación política, somos lo que se dice militantes políticos", se definieron. Y añadieron: "Además de ello y secundariamente hemos sido honrados por cargos partidarios y cargos institucionales, tanto en el ámbito nacional como provincial, y cargos políticos en esferas del poder Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo solo nuestra calidad de ciudadanos, de "particulares" nos habilita al efecto. En nuestra ayuda acude lo establecido en la mencionada norma del artículo 138 de nuestra carta magna y en consideraciones que algunos de nuestros más sabios juristas han sabido expresar".