Ante la noticia de que el otorrinolaringólogo Hugo Mario Moyano, condenado por delitos de lesa humanidad, volvió a ejercerla profesión, el coordinador del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens, presentó este jueves un pedido de informes ante el Círculo Médico de la ciudad. Además, Boeykens, Lucía Tejera y Sofía Uranga, quienes conforman el equipo de abogados querellantes en causas de la dictadura, solicitaron una aclaratoria a la Cámara Federal de Apelaciones, acerca de la vigencia de la privación de la libertad de Moyano.
Piden informes al Círculo Médico y Cámara Federal por Moyano
Ante la habilitación del médico condenado por torturas, abogados de DDHH exigen que se dé a conocer el código de ética de la entidad.
14 de mayo 2020 · 14:54hs
Como informó UNO este miércoles, el nombre del condenado por torturar a detenidos durante la dictadura, con su CUIT, matrícula y domicilio de consultorio en 9 de Julio 329 (Consultorios Médicos Paraná), fue incluido en el listado de profesionales que el CM remite a las obras sociales con las que tiene convenio. Esto fue advertido por los afiliados a la obra social de prensa (Osppra) quienes rápidamente manifestaron su repudio.
Invocando el derecho al acceso a la información pública, el titular del RUV solicitó a las autoridades del Círculo Médico que dé a conocer cuál es la situación profesional del médico genocida: si se encuentra inscripto ante la entidad, desde cuándo lo está, cuál es la dirección de su consultorio y si existen requisitos para admitir o no a un profesional, como antecedentes penales o certificado de buena conducta.
Asimismo Boeykens solicitó que le informen si el organismo tiene “poder disciplinar” sobre sus asociados y que le entreguen el código de ética de la institución.
Mientras tanto, el médico genocida figura con matrícula vigente en el padrón de médicos habilitados por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, que se puede consultar públicamente en el sitio de la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud.
¿Preso o libre?
En la nota presentada a la Cámara Federal, los abogados pidieron que se aclare sobre la resolución del 5 de noviembre de 2019 de ese tribunal, que revocó la excarcelación que había sido otorgada a Moyano en la causa Área Paraná II. La defensa de Moyano, ante esa medida en su contra, presentó un recurso extraordinario federal que fue concedido el 27 de febrero de este año, pero todavía no se dirimió al respecto. Por lo tanto, solicitaron que se informe cuál es el efecto de la admisión del recurso, si es suspensivo o devolutivo. Esto es: si debe seguir preso –con arresto domiciliario– hasta que se resuelva, o si puede esperar la decisión en libertad. Si sigue privado de su libertad, aunque sea en su casa, no puede ofrecer sus servicios médicos en un consultorio.
En la causa Área Paraná I Moyano fue condenado a 10 años de prisión e “inhabilitación absoluta perpetua”. En los tribunales federales explicaban este jueves que tal inhabilitación es sólo para el ejercicio de cargos públicos.
No obstante, esta situación parece reavivar el debate público acerca de la legitimidad moral de un condenado por delitos de lesa humanidad para ejercer una profesión tan delicada como la atención de la salud, y acerca de si es ético que cuente con aval de sus colegas.
Los delitos
Moyano fue condenado por la Cámara Federal de Paraná como coautor penalmente responsable del delito de imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales en perjuicio de cuatro víctimas, y de imposición de tormentos (torturas) agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, en contra de otras tres.
Como médico del Servicio Penitenciario Provincial, Moyano era quien controlaba las torturas a los detenidos políticos y, lejos de denunciar esos crímenes o impedirlos, garantizaba que se siguieran cometiendo. Por esa razón también se encuentra procesado en la causa Área Paraná 2, a la espera de la sentencia.