Malas costumbres

En mayo del año 1979, la profesora de historia e investigadora Silvia Cristina Mallo publicó el artículo ¿Quién se quedó con el Desierto? en la revista de divulgación Todo es Historia, fundada por Félix Luna. En ese artículo, detalló la lista de familias y particulares que más ganaron con la campaña militar encabezada por el general Julio Argentino Roca, que culminó con el genocidio de pueblos originarios en la regiones pampeana y patagónica.

El resumen del artículo –publicado en el sitio digital Jóvenes Revisionistas– enumera a los que terminaron con más de 20.000 hectáreas. En esa lista de ganadores figura la tatarabuela de la madre del senador Esteban Bullrich, Isabel Francisca Armstrong de Elortondo, quien se benefició con 102.500 hectáreas. Otro antepasado del exministro de educación es Diego Federico de Alvear Sáenz de la Quintanilla, quien se quedó con 97.500 hectáreas. Una superficie similar obtuvo su hermano, Torcuato de Alvear Sáenz de la Quintanilla, padre del expresidente Marcelo T. de Alvear. En el listado también se puede ver el nombre de un expresidente de la Nación (Victorino de la Plaza), de un hermano de Roca (Rudecindo Roca), del padre del aviador Jorge Newbery (Rafael Newbery), de un acérrimo unitario (Salvador del Carril), entre otros. La mayoría de los beneficiados compartía la cualidad de ser amigos del general Roca.

En nombre de terminar con las tribus maloneras y la inseguridad en los pueblos y estancias de Buenos Aires y Santa Fe, Roca usó al gauchaje mal pago para que quite al indio del camino y así poder repartir las suculentas hectáreas de tierra con unas pocas decenas de “familias bien” y empresas extranjeras, como Mallman y Cía.

Mientras tanto, la mano de obra utilizada para la ejecución de la masacre volvió a su pago más pobre de lo que lo había dejado.

Años después, en 2020, los argentinos nuevamente revolvemos entre las cenizas de un país devastado por quienes iniciaron otra campaña de saqueo, aunque esta vez, casi sin derramar una gota de sangre. Nuevamente, el pueblo paga los platos rotos por un grupo de amigos del poder, que se valieron del Estado para engordar su capital.

El miércoles, el equipo económico del gobierno argentino comenzó una serie de reuniones con los técnicos del Fondo Monetario Internacional que se encuentran en el país para evaluar las cuentas públicas y las estimaciones oficiales de cara a la renegociación de la deuda.

Antes de su presentación en el Congreso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, compartió con los economistas del Fondo la proyecciones en materia de crecimiento, resultados fiscales y comerciales que –con suerte– podrían resultar de un esquema de aplazamiento en el repago del crédito con el organismo, ya que el cronograma original definido por la administración Macri, cuenta con fuertes vencimientos en 2021, 2022 y 2023. Hoy nos encontramos en situación de honrar una deuda impagable, tomada de manera unilateral y sin siquiera pasar por el Senado, donde cada dólar recibido fue expeditamente puesto a marchar en la bicicleta financiera, timbeado en la lotería de las Lebacs y luego fugado por los amigos y familiares del expresidente: Nicky Caputo, Luis Caputo (cuyo patrimonio se agrandó en un 50 por ciento), Marcelo Mindlin, Gianfranco Macri, y otros tantos “inversores” que le BCRA ni siquiera se tomó la molestia de regular. Durante la era Cambiemos, se fugaron del país casi 150.000 millones de dólares por vía privada. Pero a la hora de pagar, el asunto es indiscutiblemente público. ¿Quién se quedó con los dólares? Nuevamente, la respuesta es un listado de particulares.

Es evidente que los métodos cambian, los enfoques y banderas políticas también, incluso algunos de los apellidos de los ejecutores, pero las malas costumbres quedan.