La hipocresía de la Iglesia

Al mensaje es necesario darlo a tiempo porque, de una vez por todas, se debe escuchar a las víctimas. La Iglesia, una institución milenaria y a la vez arcaica, supo de los abusos cometidos en el ámbito eclesiástico pero nunca actuó de acuerdo a la gravedad de los hechos; esto es denunciar ante la Justicia de los hombres a los curas “infieles”, sin importar las consecuencias para la propia institución.

Tres casos de corrupción de menores, con idénticos patrones pero diferentes actores, dieron cuenta de la complicidad de la curia paranaense y así quedó acreditado en los expedientes judiciales que terminaron en condenas. Cuando las víctimas pudieron hablar del drama que debieron padecer se las condujo por un laberinto de burocracia e hipocresía, quizás porque en definitiva era más importante preservar el buen nombre de la Iglesia. Esa estrategia se repitió de modo sistemático en los casos de Justo Ilarraz y Juan Diego Escobar Gaviria –condenados a 25 años de cárcel– y en el del sacerdote Marcelino Moya –recibió una pena de 17 años de prisión–. Hasta hoy el clero de Paraná sigue debiendo una justa reparación a los sobrevivientes de abuso eclesiástico, ya que no basta solamente con los pedidos públicos de perdón y la promesa de acompañar a las personas afectadas. Las promesas se tienen que traducir en acciones concretas de que se procura un cambio verdadero.

En la serie Los Dos Papas, el cardenal Jorge Bergoglio le cuestiona al papa Benedicto XVI la forma de conducir la institución, y que en ese proceso de crisis se estaban perdiendo fieles del culto católico.

“Hemos pasado años castigando a aquel que esté en desacuerdo con nosotros en cuanto a divorcio, anticoncepción y homosexualidad. Mientras destruían el planeta, mientras la desigualdad crecía como el cáncer, nosotros debatíamos si estaba bien dar la misa en latín, si estaba bien que las niñas fueran monaguillas. Construimos muros a nuestro alrededor y todo este tiempo el verdadero peligro estuvo adentro”, interpela Bergoglio al sumo pontífice. “Sabíamos que había sacerdotes que abusaban de los niños, ¿y qué hicimos?, oímos sus confesiones y los mandamos a otra parroquia, donde hacían lo mismo”, sentencia ante Ratzinger.

La Iglesia, en todo el mundo, ha hecho muy poco para terminar con la aberración de los abusos en el ámbito eclesiástico. Se podía pensar que en el papado de Francisco habría un cambio radical en temas como la pederastia, pero la realidad ha mostrado otra cosa. Por estos lares tampoco se predica con el ejemplo: el arzobispo de Paraná, Juan Antonio Puiggari, visitó en la cárcel de Victoria al cura condenado por abusos Juan Diego Escobar Gaviria, sin importarle todo el daño que esa persona le causó a las víctimas y a sus familias. No sería la primera vez que el prelado concurre al penal, lo que demuestra su insensibilidad y la falta de empatía con chicos que vieron truncadas sus infancias, sus proyectos y sueños en manos de depredadores sexuales.

Escobar Gaviria, Ilarraz y Moya mantienen su estado clerical, es decir que lo conservan pese a la gravedad de los delitos que cometieron su condición de sacerdotes. Una verdadera vergüenza que habla de los valores y principios que rigen a la Iglesia de Paraná, de los que parece no se van a apartar. En la ciudad santafesina de Reconquista se hizo lo que acá no: el obispado expulsó de su estado clerical al cura Néstor Monzón, condenado a 16 años de prisión por el abuso de una niña y un niño. Otros antecedentes de esta medida se dieron en abril, agosto y octubre del año pasado con la dimisión de los presbíteros Fernando Yáñez de San Rafael en Mendoza, Juan Enrique Antón de San Nicolás en Buenos Aires y José Gustavo Barrientos de San Salvador de Jujuy.

Según la Agencia Católica de Informaciones, la dimisión o expulsión del estado clerical es la pena máxima que puede recibir en el ámbito eclesial un sacerdote cuando es declarado culpable de abusos sexuales. La Iglesia local debería tomar nota, para al menos contribuir a una reconciliación con sus fieles y con la comunidad.