El miedo del vecino y la salud de los presos

La posibilidad de que personas privadas de la libertad puedan acceder al beneficio del arresto domiciliario está en el centro del debate. Los políticos opositores junto a los medios de comunicación macristas se encargan de presentar la noticia desde tal punto que lo único que genera es indignación en este momento en que todos cumplimos con la cuarentena producto de la pandemia por Covid-19.

Las redes sociales con las fake news ponen su granito de arena y toda discusión se convierte en estéril. Podemos estar de acuerdo o no con la morigeración del encierro para personas de riesgo. Particularmente me opongo porque el Estado ya demostró que no puede controlar los arrestos domiciliarios. La gente en muchos barrios no cree en el sistema porque ven a diario cómo falla. Para muestra solo basta recordar el triple crimen de Bajada Grande hace un año y el femicidio de Alejandra Silva hace dos. En la casa de Bajada Grande por lo menos dos personas más, aparte del dueño de casa, con domiciliaria participaban de un festín que terminó en un baño de sangre. En el caso del femidicio, el principal imputado fue detenido tras romper la tobillera y violar el arresto domiciliario. El correo de lectores de UNO recibió muchos mensajes advirtiendo que el imputado salía a vender drogas, mientras estaba bajo proceso por narcomenudeo.

Además hay otro antecedente grave en nuestra provincia. La intervención de un psicólogo, sin habilitación para ejercer en la provincia, que entre agosto de 2011 y enero de 2014 se desempeñó en el Juzgado de Ejecución de Penas, en el área de salud mental. El profesional, hoy condenado, efectuó pericias a condenados para evaluar si correspondía una salida laboral o condicional. El dato es técnico porque el hombre era competente, pero en un poder que hace de los tecnicismos el meollo de las cuestiones, la falla fue grave porque cuando hay una víctima nueva nadie responde, porque todos dicen que los informes decían esto o aquello y los únicos que lloran son los familiares de la persona que perdió la vida.

Caso testigo: Micaela García o Fernanda Aguirre, elegir el que se prefiera. No obstante y hechas estas aclaraciones, con los presos había que tomar una determinación porque hay muchos que están en peligro producto del hacinamiento. No solo el Covid-19, los pueden afectar otras enfermedades. El sistema carcelario necesita modificaciones de fondo e inversión. Desde lo estructural hay que ampliar las capacidades de las unidades penales y mejorar los espacios para que las personas que cometen un delito puedan resocializarse y vivir mejor, pero también existe la imperiosa necesidad de crear un nuevo juzgado de Ejecución de Penas.

Hoy no hay dudas de que existe una malintencionada campaña mediática en contra de la gestión de Alberto Fernández. Tampoco que periodistas, dirigentes del PRO o trolls le hagan creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida para tomar las calles. Que se lo digan aquellos hasta puede ser tolerable, pero que se lo digan políticos que pertenecen a la UCR, un partido que ha hecho de la institucionalidad una bandera y que tiene jueces y fiscales formados en sus filas, es repudiable.

Los medios se empeñan en vincular las historias de crimen con los debates por los permisos para los presos por el coronavirus, a pesar de que no tienen relación. Por ejemplo, el caso de un femicida y de otro que supuestamente le dijo a los policías “mañana salgo otra vez”. El asesino había sido liberado en octubre del año pasado y el ladrón tiene problemas mentales y Casación lo liberó para que intervenga un juez Civil, como marca la Ley de Protección de la Salud Mental.

La situación procesal de una persona con condena o preventiva no es un tema de competencia del Poder Ejecutivo. Las decisiones que corresponden a aquellas situaciones no las toman los gobernadores ni los presidentes, las toman los jueces integrantes del Poder Judicial. El tema supera la problemática en Argentina. Organismos internacionales recomendaron una morigeración de las detenciones. Y el tema es tan sensible que hasta Estados Unidos, que no respeta ninguna resolución internacional, lo está acatando. Igual, para que nos quedemos tranquilos, la cantidad de domiciliarias otorgadas es insignificante si miramos la cantidad de presos en el país y Entre Ríos. Ahora el Estado tiene una oportunidad única para mostrarle al vecino que lo cuida y que también proteje al preso.