Diego Lara, hombre de política

Diego Lara fue electo concejal de María Grande en 1999, cuando la Alianza de Chacho Álvarez y Fernando de la Rúa ganó ampliamente en el país y Sergio Montiel se impuso ajustadamente en la provincia. En 2003 recuperaría María Grande para el peronismo en una ciudad que era considerada entonces un bastión inexpugnable de la UCR. Reelecto en 2007 fue luego elegido diputado provincial en 2011, 2015 y 2019.

Por estas horas Lara debe estar escribiendo la renuncia a su cargo –en el que, Ley de Paridad Integral mediante, será reemplazado por una mujer- con alguna sensación ambigua, ya que el rol que asumirá la semana que viene, la presidencia del Tribunal de Cuentas (TdC) de Entre Ríos, le impondrá alejarse de la actividad político partidaria que, queda claro, le deparó muchas satisfacciones.

Lara tiene por delante un gran desafío, del que algo adelantó en la audiencia pública en el Senado, respecto de modernizar un organismo de control que presenta deficiencias como todos, pero en algunos casos más fácilmente advertibles. Recuérdese si no, por ejemplo, el “fraude imposible” de las compensaciones truchas de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, cuya comisión el Tribunal no advirtió durante 15 años.

Sin embargo, los principales cuestionamientos de la oposición tuvieron que ver con pertenencia de Lara a la política partidaria, entendiendo que esta condición por sí misma lo inhabilitaba para ejercer correctamente el cargo. Puede parecer contradictorio, pero desde un espacio político se cuestionó la pertenencia a la política del nuevo presidente del TdC, como un dato negativo en sí mismo. Es, en alguna medida, el discurso de la antipolítica enarbolado por un sector de la política que parece no reconocerse como tal, o que tiene un mensaje autoincriminatorio, dado que en ese espacio no se advierten trayectorias demasiado diferentes a la brevemente descripta en el primer párrafo de esta columna.

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti tienen antecedentes de haber desempeñado cargos electivos. El primero como senador y diputado nacional, como legislador provincial y convencional constituyente; mientras que el segundo fue intendente de Santa Fe y convencional constituyente nacional.

Los vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos Bernardo Salduna y Emilio Castrillón fueron legisladores en más de una oportunidad por sus partidos, la UCR en el caso de Salduna y el PJ para Castrillón. Hace poco tiempo se jubiló Miguel Carlín, de reconocida trayectoria, quien llegó al cargo luego de haber sido legislador provincial por el justicialismo, entre otros cargos en gobiernos de ese signo partidario.

Guste o no, Lara ganó el concurso, que fue abierto y público. Antes de que la reforma de 2008 estableciera esa condición, solo podían acceder los que fueran propuestos por el gobernador de turno. Fue de Gustavo Bordet la decisión de avanzar en los concursos, permitiendo que participara quien quisiera hacerlo y reuniera los requisitos mínimos. Luego, ninguno de los participantes del concurso cuestionó su desarrollo, tampoco los enrolados en la oposición formularon queja alguna.

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Diego Lara, un hombre de la política

Antes, con el mecanismo de propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado; es decir, sin concursos, los integrantes de la conducción del tribunal eran también hombres de la política.

Durante la primera gestión del exgobernador Sergio Montiel fueron designados como vocales del organismo de control conocidos dirigentes del radicalismo entrerriano como los contadores Guillermo Cordfield y Roberto Tabeni, quienes luego fueron legisladores por el radicalismo. También el peronismo designó por ese mecanismo distintos integrantes del cuerpo, como el exfuncionario moinista José Luis Gea Sánchez; el varios años presidente Hugo Molina, quien llegó al cargo cuando era asesor del bloque justicialista del Senado: o más recientemente en 2014, cuando el exgobernador Sergio Urribarri designó a su ministro de Trabajo Guillermo Smaldone (lo que fue cuestionado judicialmente). En ninguno de esos casos se objetó la pertenencia política de quienes fueron designados.