María Estela Martínez de Perón no será citada a declarar por delitos de lesa humanidad

El 5 de febrero de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón -"Isabelita"- firmó el decreto que le ordenó al Ejército iniciar el denominado Operativo Independencia, que se desarrolló en esta provincia y fue un "ensayo" de la última dictadura militar. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) consideró que "no corresponde" citarla a declarar como testigo en el juicio que se desarrollará en el marco de esa "megacausa" por crímenes de lesa humanidad, cuyo inicio está previsto para el próximo 5 de mayo.

En un fallo difundido hoy, los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, miembros del TOF, consideraron que la ex mandataria, quien firmó el decreto que ordenó a las FFAA "aniquilar el accionar" de un foco revolucionario en los montes tucumanos, tiene derecho a no declarar como testigo contra sí misma. Según los magistrados, debido a que Martínez de Perón "se encuentra denunciada e investigada por una supuesta intervención en aquel tipo de delitos (de lesa humanidad), no corresponde su comparecencia como testigo", teniendo en cuenta que la asiste "el derecho a no declarar contra sí mismo, es decir a no auto incriminarse, de plena vigencia en nuestro sistema penal".

Los fiscales que intervienen en la causa "Operativo Independencia", Pablo Camuña y Patricio Rovira, solicitaron que la ex jefa de estado sea imputada en la causa por considerar que "tuvo complicidad por omisión" y, por lo tanto, fue "responsable de todo lo ocurrido entre febrero de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976" en Tucumán.

Sin embargo, el juez federal de instrucción, Daniel Bejas, primero, y la Cámara Federal de Apelaciones local, en segunda instancia, rechazaron negaron el llamado a indagatoria por considerar que los militares no habían contado con la "aquiescencia" de Martínez de Perón. Además, los magistrados argumentaron que el Operativo Independencia "fue una fase del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar al Gobierno constitucional".

Tanto Bejas como los camaristas apuntaron que si hubiera existido una complicidad de Martínez de Perón con los militares "no hubiera sido necesaria la toma del poder a través del golpe militar del 24 de marzo de 1976".

Según consta en el expediente judicial, la puesta en marcha del Operativo Independencia ordenado por Martínez de Perón "desató en Tucumán un plan sistemático de exterminio de opositores mediante el terrorismo de Estado y con la complicidad de factores de la sociedad". Las prácticas represivas desplegadas durante el Operativo, primero a cargo del general Acdel Vila y luego al mando de Antonio Bussi, luego se extenderían a todo el territorio nacional después del golpe militar que derrocó al gobierno peronista el 24 de marzo de 1976.

El juicio

Está previsto que el debate oral por esta megacausa dure al menos un año y que sea el juicio más grande por el número de víctimas (269), de imputados (15) y de querellas (15) en la historia de la provincia. La Fiscalía ofreció, en 300 páginas, 1.400 testigos.

En la causa, que tiene 16 procesados, se investigan los delitos de asociación ilícita, violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados en perjuicio de 270 víctimas.

Los imputados que serán juzgados desde mayo son Roberto "El Tuerto" Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis De Cándido, Jorge Lazarte, Ramón Jodar, Miguel Moreno, Pedro Rojas, Pedro López, Enrique Del Pino, Jorge Capitán, Alfredo Svendsen, Francisco Camilo Orce, José Figueroa, Carlos Delia Larroca y Néstor Castelli.


La Nación