El diputado justicialista Diego Lara presentó ante la Procuración General de la Provincia las pruebas colectadas durante el proceso de juicio político al exvocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Chiara Díaz, para que se investigue "la posible comisión de ilícitos perseguibles de oficio, que podrían encuadrarse como malversación de caudales públicos y/o peculado, punidos en los artículos 260 y 261 del Código Penal de la Nación".
Lara denunció a Chiara Díaz ante la Procuración
El legislador exige que se investigue si las conductas del exvocal constituyen malversación de caudales públicos y peculado. Es postura a título personal, luego que el Senado rechazara hacerlo
26 de febrero 2017 · 14:01hs
Foto UNO/Juan Ignacio Pereira
La decisión del legislador oficialista de llevar el planteo en soledad se produjo luego de que el Senado, constituido en Corte de Justicia, rechazara su pedido en ese sentido y desistiera de impulsar esa investigación, por entender que excedía a las responsabilidades del cuerpo.
La obligación legal
Lara, quien preside la Comisión de Juicio Político, entiende en cambio que su obligación legal como legislador es realizar la denuncia.
En la presentación hecha el jueves, a la que accedió UNO, se señaló:
"La obligación de denunciar que pesa sobre los funcionarios públicos que tomamos conocimiento de posibles delitos de acción pública mientras ejercemos nuestras funciones, surge del artículo 235 del Código Procesal Penal de la Provincia: 'Obligación de denunciar. Deben denunciar el conocimiento que tengan sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia o autorización para su persecución, y sin demora: a) Los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones adquieran conocimiento de un delito, salvo que pese sobre ellos el deber de guardar secreto".
A eso, Lara agregó: "En el caso, como presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados,y luego representante de la Cámara en la Comisión Acusadora ante el Senado,me viene directo contacto con las probanzas de donde surgiría la posible comisión del delito" .
En el mismo sentido, el legislador advirtió que si no cumpliese con su obligación de denunciar podría ser acusado del delito penal de Incumplimiento de los deberes de Funcionario Público, previsto en el artículo 249 Código Penal. Y específicamente del delito de Encubrimiento, punido en el artículo 277 inciso d) del Código Penal Argentino.
El artículo citado señala: "1.-Será reprimido con prisión de seis (6)meses a tres (3) años el que,tras la comisión de un delito ejecutado por otro,en el que no hubiera participado:
(...)
d)No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido,cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole.
(...)
3.-La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo,cuando:
d)El autor fuere funcionario público".
Compromiso con los entrerrianos
Con su argumentación, el legislador podría cuestionar la postura asumida por quienes, conociendo los hechos, no hicieron la denuncia. Pero Lara aclara que es una decisión personal. "Cumplo entonces con mi obligación de dar la notitia criminis,sugerir el encuadre típico del hecho,y aportar pruebas para la instrucción de la causa", señaló en primera persona.
"Pero además cumplo con mi compromiso con los entrerrianos de actuar siempre con honestidad,cumpliendo y haciendo cumplir las normas,y confiando en que es el Poder Judicial mismo quien puede sanar las heridas institucionales que algunos de sus miembros pueden haber causado", añadió el exintendente de María Grande.
En ese sentido, el legislador advirtió al procurador Jorge Amilcar García: "Durante las investigaciones que derivaron en la acusación, apertura de juicio político y finalmente renuncia del entonces Vocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Alberto Chiara Díaz pasaron ante nuestra vista elementos que parecen indicar la comisión de dichos delitos, lo cual deberá ser dilucidado por la actividad judicial".
Las conductas probadas al magistrado
La enumeración de las conductas comprobadas a Chiara Díaz incluyen solicitar licencia con goce de haberes diciendo que era para una actividad oficial que permitía dicha licencia,y no realizarla; solicitar viáticos, chofer, pasajes aéreos,diciendo que era para determinada actividad oficial, y no realizarla.
También cobrar del STJ viáticos y gastos de traslado para una actividad oficial, y el mismo día cobrar viáticos de traslado para el mismo viaje a la Universidad de Belgrano. Igualmente autoasignarse viáticos y chofer en el mes de enero de 2014 actuando como presidente del Superior Tribunal de Feria, al que dejó desintegrado.
También se comprobaron casos en los que el magistrado afirmaba estar realizándose tratamientos médicos y, en realidad, estaba de paseo en Panamá, entre otras irregularidades.