Justo José Ilarraz, uno de los curas condenados en Entre Ríos por abuso y corrupción de menores, volverá a solicitar que se revise la sentencia dictada el 21 de mayo de 2018 por la cual se le impuso una pena de 25 años de cárcel, aunque por pedido de la Fiscalía y de la querella se dispuso la prisión preventiva que se cumple bajo la modalidad de arresto domiciliario. Su defensa insistirá, como lo ha hecho en diferentes etapas de la causa, con el pedido de prescripción de la acción penal. Por su parte, la querella en un planteo unificado pedirá que el sacerdote sea alojado en una cárcel común, más allá de que la resolución judicial todavía no adquirió firmeza. Esos argumentos antagónicos serán el eje del debate de la audiencia fijada para el lunes a las 9.30 en los Tribunales de Paraná, donde se abordará el recurso extraordinario interpuesto por la defensa ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por los vocales Bernardo Salduna, Susana Medina y Juan Ramón Smaldone.
La querella solicitará que Ilarraz cumpla la condena en una unidad carcelaria
Ilarraz recibió la máxima sanción prevista para este tipo de hechos, es decir delitos de índole sexual contra la integridad de menores de edad, agravado por su condición de educador. Según el fallo unánime dictado por el tribunal integrado por Alicia Vivian, Gustavo Pimentel y Carolina Castagno, se acreditaron siete abusos a jóvenes que fueron sus pupilos en el Seminario de Paraná.
Estrategia
Los querellantes Marcos Rodríguez Allende y Santiago Halle adelantaron cuáles serán sus argumentos durante esta nueva instancia de un caso que marcó un antecedente en la investigación de abusos cometidos en el ámbito eclesiástico. Según Rodríguez Allende la defensa volverá a poner en crisis dos argumentos de la condena: “Dirá que los argumentos probatorios que llegaron a condenarlo a Illaraz no eran suficientes, que esas eran manifestaciones de supuestas víctimas, pero que no tenían corroboración alguna. Básicamente se planteará la prescripción”.
Se trata de un recurso utilizado por los abogados Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz, primero en la etapa de instrucción, luego en sucesivas apelaciones, en Casación e incluso se pronunció el Superior Tribunal de Justicia. Y en todas las oportunidades no se hizo lugar al requerimiento. El último pronunciamiento estuvo a cargo de la Cámara de Casación Penal, que en abril de 2019 rechazó el planteo de prescripción y confirmó el fallo condenatorio. Para ello el presidente del tribunal, Alejandro Cánepa, se basó en la sentencia del máximo tribunal provincial.
Al respecto el letrado recordó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “entendió que la causa debía juzgarse, por eso se celebra el debate. La cuestión de fondo de la prescripción ya está resuelta. Entendemos que esta sala constituida especialmente por Smaldone, Salduna y Medina va a analizar nuevamente la prescripción. Pero no tiene asidero”.
En declaraciones formuladas a UNO, el querellante recordó la confesión de Ilarraz hace casi dos décadas, donde le explicaba al exarzobispo Estanislao Karlic que “si bien había tenido una conducta abusiva le pedía perdón a la Iglesia. Él reconoció en ese momento los abusos, más allá de que en la actualidad los desconoce”.
Independientemente de algunas consideraciones técnicas que se tratarán en el debate, la acusación privada solicitará que se modifique la prisión preventiva de Ilarraz: “La sentencia, una vez ratificada por el Superior Tribunal de Justicia, va a adquirir firmeza y necesariamente la continuidad de la pena debe cumplirse en una unidad penal en lo que resta de los 25 años”.
Idéntica postura
Otro de los querellantes de las víctimas, Santiago Halle, confirmó que durante su alegato la querella unificada pedirá que en el caso hipotético de que el máximo tribunal ratifique el fallo, Ilarraz continúe cumpliendo la condena como un preso común en una unidad penitenciaria. “No hay ninguna circunstancia especial que amerite que Ilarraz esté en su casa, que siga con la prisión domiciliaria. Así que ese va a ser un planteo de la querella unificada. Seguramente el Superior Tribunal de Justicia evaluará las condiciones especiales que ameritan que Ilarraz esté en su domicilio o no. Nosotros vamos a fundamentar nuestro planteo para procurar que la pena sea cumplida en una unidad penal, como un preso común y que cometió un delito”.
Audiencia pública
La audiencia del 2 de marzo será de carácter público, una posibilidad que antes había estado vedada porque en esta causa se ventilan datos de delitos sexuales contra menores. Aunque el tribunal dispuso que no se permitirá la grabación ni la transmisión en directo. Además de los querellantes particulares, Marcos Rodríguez Allende y Santiago Halle, en representación de las víctimas, además se prevé la presencia en el salón Oyhampé, ubicado en el primer piso de Tribunales, del procurador general de la Provincia, Jorge Amílcar García, quien en su momento impulsó la investigación luego de la denuncia mediática del semanario Análisis de la Actualidad en 2012
Un caso que puso en jaque al clero de Paraná
Siete fueron los denunciantes que impulsaron la investigación judicial y la histórica condena contra Justo Ilarraz. El caso puso en jaque a la Iglesia católica de Paraná y en el fallo se estableció que hubo encubrimiento de parte de la cúpula eclesiástica, pero esa es una punta sobre la que todavía no se ha avanzado. Ninguno de los jerarcas de la Iglesia tuvo la voluntad de declarar en sede tribunalicia, sino que se valieron de la prerrogativa de hacerlo por escrito. La investigación penal trascendió mundialmente y llegó a la pantalla grande con la película Spotlight, ganadora del Oscar en 2015.