La Cámara de Diputados de la provincia aprobó este jueves por la tarde en sesión especial la emergencia de la obra pública. El proyecto de ley fue sancionado por unanimidad por el oficialismo y la oposición.
Obra pública: Diputados dio sanción definitiva a emergencia
La Cámara Baja provincial convirtió por unanimidad en ley el proyecto que permite al gobierno provincial renegociar obra pública y suspender o postergar pagos.
21 de marzo 2024 · 19:00hs
El Poder Ejecutivo quedó facultado a revisar, rescindir o renegociar las obligaciones y condiciones de los contratos de obras públicas y servicios públicos hasta el 31 de diciembre, aunque el plazo que pretendía originalmente el gobierno de Rogelio Frigerio era contar con la herramienta durante un año a partir de la sanción, con opción a prorrogarlo durante seis meses más. La oposición peronista había puesto el límite en el Senado.
El Ejecutivo provincial podrá ahora cancelar la deuda administrativa y judicial concerniente a la obra pública o a servicios públicos y sus intereses "conforme las posibilidades presupuestarias y financieras de la Provincia".
La ley contaba con media sanción del Senado y ahora pasa a la firma del gobernador para su promulgación y entrada en vigencia.
El proyecto también declara la emergencia del estado de conservación de la infraestructura vial.
En el debate en Diputados el bloque oficialista precisó que la provincia actualmente tiene 167 obras públicas comenzadas en la gestión anterior, a cargo de 37 empresas. De todas, 114 están neutralizadas y las restantes 53 paralizadas “de hecho” por el ritmo mínimo que llevan, registró APF.
Asimismo, Juntos por el Cambio advirtió que el Estado provincial afronta 148 procesos judiciales abiertos por las contratistas por reclamos de pagos, por lo que el gobierno necesita la herramienta de la emergencia para negociar mejor las condiciones con los privados.
La emergencia
La ley deja exceptuadas de la emergencia a los contratos de obra pública del Estado Provincial que cuenten con financiamiento de organismos internacionales.
A partir de la emergencia los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, y autónomos, podrán revisar, rescindir o renegociar los contratos de obras y servicios públicos celebrados con anterioridad. Podrán hacerlo "unilateralmente o de común acuerdo" con las empresas, siempre que fundamenten razones de "oportunidad, mérito y conveniencia".
El proyecto también habilita a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Entre Ríos a suspender o "neutralizar" los plazos de obra.
Además, cuando como consecuencia de la emergencia se rescindan contratos de obras o de servicios públicos solo se indemnizará al contratista por del rubro correspondiente al daño emergente, "no pudiendo abonarse otros conceptos indemnizatorios".