Movimientos sociales y sindicatos entrerrianos marcharon este martes en Paraná en protesta contra las políticas de ajuste del Gobierno Nacional y por la eliminación del programa "Volver al Trabajo", una medida que afecta los ingresos de más de 20.000 trabajadores de la economía popular. La movilización marchó a Casa de Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Humano bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”.
Movimientos sociales marcharon en Paraná contra el recorte de programas y la emergencia alimentaria
Movimientos sociales y gremios protestaron contra el ajuste y la eliminación del programa Volver al Trabajo bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”
7 de abril 2026 · 13:00hs
La movilización marchó a Casa de Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Humano para protestar contra el hambre y la eliminación del programa nacional "Volver al Trabajo" bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”.
Foto: APF
La movilización marchó a Casa de Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Humano para protestar contra el hambre y la eliminación del programa nacional "Volver al Trabajo" bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”.
Los manifestantes denuncian que el recorte de fondos profundiza la indigencia y la parálisis de comedores, exigiendo al gobierno provincial la declaración de una emergencia alimentaria.
La jornada de lucha fue protagonizada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Polo Obrero, el MST Teresa Vive, y contó con el respaldo de gremios como ATE y Sitradu. El reclamo central se focalizó en la pérdida de un ingreso de $78.000, suma que percibían más de 20.000 trabajadores entrerrianos y que, según los referentes, representaba el único sostén para quienes sostienen merenderos y cooperativas
Las organizaciones advierten sobre el deterioro del consumo local y el avance de estructuras delictivas ante la ausencia del Estado en los barrios. Finalmente, se presentó un petitorio exigiendo la restitución de los subsidios y una audiencia urgente para garantizar la subsistencia de las familias vulnerables.
Los manifestantes denunciaron que el ajuste empuja a miles de familias a la indigencia y exigieron respuestas urgentes al gobernador Rogelio Frigerio ante la parálisis de comedores y unidades productivas.
Tamara Berales, dirigente de la UTEP, afirmó durante el acto que “con 78 mil pesos no se vive” y subrayó la determinación del sector: “Tenemos bien en claro que el salario de la economía popular no se toca. Hay que defenderlo como lo hicimos cuando lo conquistamos hace 10 años”, señaló a APF.
Desde la organización advirtieron que la quita de este beneficio implica que unos 1.500 millones de pesos dejen de circular mensualmente en los barrios de la provincia.El impacto de la crisis también se refleja en las cifras de empleo.
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Datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indican que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 868 empleos y 6.416 puestos de trabajo en Entre Ríos, afectando principalmente a la construcción, la industria y el transporte.
Oscar Muntes, titular de ATE, advirtió sobre el deterioro social: “Se triplicó la gente en situación de calle. No pensamos ver gente revolviendo los tachos de basura”.
Asimismo, referentes de la CCC denunciaron que la apertura de importaciones destruyó la producción de las unidades productivas locales, obligándolas a trasladarse a lugares precarios por la imposibilidad de pagar alquileres.
Por su parte, desde el MST Teresa Vive calificaron el ajuste de "criminal", señalando que el costo del programa representaba apenas el 0,1% del PBI nominal, mientras que se priorizan los pagos al FMI.
Petitorio y reclamos
La movilización concluyó con la entrega de un petitorio a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, donde se solicita:
- Audiencia urgente con las autoridades provinciales.
- Restitución inmediata de los programas sociales y recursos recortados.
- Prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria.
- Inversión en obra pública y fortalecimiento de las unidades productivas.
Las organizaciones advirtieron que, de no obtener una respuesta satisfactoria, profundizarán las medidas de fuerza, asegurando que "el camino es la calle" ante un escenario que consideran insostenible para el tejido social de la región.