El Estado provincial le pagó a la exfiscal hasta el 16 de junio. Ese día se la notificó de que el Superior Tribunal de Justicia había rechazado sus planteos contra el veredicto del Jury y que, en consecuencia, su remoción quedaba firme. Sólo le quedaba apelar en queja a la Corte Suprema, un camino que no suspende las consecuencias de la destitución. Como procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche percibía un sueldo superior a los 2 millones de pesos mensuales.
La exfiscal destituida Cecilia Goyeneche dejó de cobrar del Estado
Desde que fue suspendida en el cargo a comienzos del Jury, a este monto se le aplicaba una retención del 30%. Ese dinero quedaba depositado en un plazo fijo en el banco. La última liquidación de haberes a la exfuncionaria judicial fue por el proporcional de los 16 días corridos de junio, calculado sobre el 70% del sueldo neto, según indicaron fuentes de Tribunales.
En el Poder Judicial informaron que tanto el plazo fijo fondeado con las retenciones de haberes como los intereses que fue acumulando, le fueron devueltos a Goyeneche tras su salida de Tribunales. En mayo de 2022, Goyeneche fue destituida de su cargo de procuradora adjunta por el Jurado de Enjuiciamiento.
En el proceso, se comprobó el mal desempeño de sus funciones al no haberse apartado de la causa que investigaba los presuntos desvíos de fondos de la Legislatura provincial a través de contrataciones ficticias con el fin de financiar actividades políticas y electorales.
El jury
El Jury comprobó que tanto Goyeneche como su esposo, Sebastián Orlando Bertozzi, mantenían una relación personal y comercial con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, quien estaba al frente del estudio contable que habría tenido la tarea de organizar y distribuir los fondos de la Legislatura. A diferencia del resto de los acusados, a Opromolla nunca se le secuestró el celular ni tuvo que padecer la prisión preventiva.