"Hay un doble estándar por la clandestinidad de la interrupción voluntaria de la vida"

“Dilemas bioéticos en los finales de la vida” es el título de la charla que brindará el martes a las 19 el abogado especialista en Bioética Ignacio “Nacho” Maglio. La actividad será virtual (meet.google.com/eth-mkni-ejv), organizada por Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Trabajo Social de la UNER y por Derecho a la Muerte Médicamente Asistida (DMMA), de Paraná, una agrupación que viene impulsando actividades en busca de la regulación en Argentina de la eutanasia, también nombrada como el derecho a la interrupción voluntaria de la vida.

En una entrevista con UNO, Maglio destacó el trabajo de Elisa “Kuky” Lisnofsky y DMMA por visibilizar el derecho a poner fin al sufrimiento que implica la eutanasia e impulsar el debate sobre un tema que sigue siendo tabú y permanece rodeado de mitos. Sostuvo que es “urgente” que el Congreso de la Nación trate los proyectos presentados, pero manifestó su escepticismo respecto a la posibilidad de que esto ocurra en un año electoral.

Maglio, abogado experto en Salud Pública y miembro del Consejo Directivo de la red de Bioética de Unesco (ONU), consideró necesario insistir en aclarar la diferencia entre la eutanasia y la muerte digna, la cual está en vigencia, aunque lamentó que es poco aplicada debido a la falta de conocimiento y miedo de parte de los profesionales médicos. También aportó que la legalización de la interrupción voluntaria de la vida no aumentaría la cantidad de casos, según lo observado en otros países. Y advirtió que la eutanasia, así como sucedía con el aborto antes de la legalización, se practica en forma clandestina por parte de quienes tienen acceso a los medios para lograrlo, provocando una situación de desigualdad.

—DMMA trabaja para visibilizar el derecho a la eutanasia y para derribar algunos mitos que existen en torno al tema y el tabú que todavía significa hablar de la muerte. En ese sentido, ¿la charla del martes busca también eso?

—Sí, correcto. Creo que es una gran oportunidad para que se pueda hablar de cuestiones vinculadas a los derechos en los finales de vida, y sobre todo viendo lo que se avecina: discusiones parlamentarias sobre los cuatro o cinco proyectos de eutanasia que están en el Congreso. De todas formas, siempre es bienvenida una oportunidad para despejar dudas, derribar mitos y también para hablar sobre los derechos, los derechos que cada uno de nosotros tiene en pleno ejercicio de su autonomía en los finales de vida. Porque nosotros tenemos que imprimir el derecho a poder conocer los derechos. Si uno no sabe que en determinadas circunstancias puede rechazar cualquier tratamiento médico, no podrá hacerlo; como también puede rechazar la implementación de medidas o procedimientos extraordinarios o desproporcionados, cuando su único fin sea prolongar la vida o la agonía en forma dolorosa, tortuosa y penosa. Este es un derecho que ya en Argentina lo tenemos garantizado desde hace muchos años y desde 2015 está en el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero poca gente lo conoce, con lo cual no hay muchas directivas anticipadas para lo que habitualmente se denomina muerte digna.

—¿Cómo caracterizarías el nivel de aplicación en los hechos del derecho a la muerte digna?

—Yo creo que es bajo. Es muy difícil dar alguna precisión en cuanto a porcentajes porque estas cosas no se comentan, no hay estadísticas, pero uno ve la cantidad de consultas que hay a diario, tanto de familias y de pacientes como de personal de los equipos de salud. Porque aquí lo que hay que decir también es que hay un desconocimiento importante en los propios equipos de salud, que cuando ha llegado el caso, no saben bien cómo actuar frente a estos pedidos de lo que nosotros llamamos adecuación del esfuerzo terapéutico. Y muchas veces también opera el miedo, ¿no? Yo no lo juzgo, si algo aprendimos de la pandemia es a juzgar menos y a comprender más. Pero hay una suerte de temor también en los equipos de salud a verse involucrados en demandas de responsabilidad. Y también hay una gran confusión, por lo cual es importante que se pueda desde los medios diferenciar lo que denominamos muerte digna y la eutanasia, que son dos conceptos totalmente distintos.

—Como vos decías, la muerte digna está vigente en nuestro país aunque no se conozca mucho. La eutanasia todavía no, pero hay varios proyectos que se están analizando. ¿Cómo pensás que puede llegar a darse el debate en torno a esos proyectos a corto plazo, si es que se dará?

—Yo no creo, sinceramente, que se pueda dar un tiempo pre-electoral. Este es un proyecto que hay que tratarlo de forma urgente, porque hay mucha gente que lo está necesitando, pero para los políticos a veces hay otro tipo de urgencias. Es un tema que claramente puede invocar determinado resquemor a la hora de tratarlo, pero lo importante es que se va instalando el tema. También es importante precisar la diferencia, como decíamos antes, entre eutanasia y muerte digna. Como bien ya definimos muerte digna, eutanasia es ya directamente provocar la muerte en un paciente, en una persona, a su requerimiento, en su beneficio, a través de la administración de medicamentos en dosis letal. Esto es la eutanasia. Y esto es lo que están regulando los distintos proyectos.

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Ignacio Maglio: "Hay una suerte de temor en los equipos de salud a verse involucrados en demandas de responsabilidad".

—Así como los abortos, antes de la legalización, se realizaban en forma clandestina, ¿también sucede esto con la eutanasia?

—Sí, lamentablemente también esto lo vemos. Por eso yo muchas veces prefiero hablar, en lugar de eutanasia, del derecho a morir o el derecho a la interrupción voluntaria de la vida, porque de la misma forma que la palabra aborto, la palabra eutanasia tiene una carga simbólica negativa y muchas veces esto limita cualquier posibilidad de libertad, sin prejuicios, en las discusiones. Como bien vos decías, hay una eutanasia clandestina y hay otro fenómeno que me preocupa, que es el doble estándar. Vos fíjate: ¿el doble estándar qué quiere decir? Que todos sabemos de alguna forma, quizás algo solapada, que personas que tienen buenos niveles de ingreso, acceso a médicos de confianza, pactos de intimidad, cercos de silencio, pueden ser asistidas en su casa por un profesional de confianza y pueden practicar la eutanasia segura. Pero también sabemos, y este es el doble estándar que me preocupa, que hay mucha gente –lo vemos en los diarios todos los días– que se suicida, que quiere terminar con su vida y lo hace de la peor forma; porque al no tener este tipo de accesibilidad a métodos seguros, termina tirándose de un octavo piso, consumiendo barbitúricos o ahorcándose. Y lo peor es que en muchos casos, cuando no consiguen su propósito, quedan en una situación lamentable con una fragilidad, con una discapacidad permanente.

—Claro. Y otro de los miedos que existen en torno al derecho a la muerte es esto de que si hay una ley, más gente va a querer terminar con su vida que si no hay ley, como se decía con el aborto.

—Sí, esa es una muy buena pregunta, para despejar cualquier miedo de que esto pueda precipitar una catarata de pedidos de eutanasia, inclusive que se pueda utilizar la eutanasia para sacarse de encima a personas con discapacidad, a personas con padecimiento mental o a adultos mayores. Esto no es así. Esto no es así porque nosotros hemos visto en aquellos países donde está regulada, especialmente aquellos que tienen más tradición, como Bélgica y Holanda, que los casos no han aumentado, se mantienen más o menos estables. Este es un mito, una ficción, un miedo, un fantasma que hay que desterrar. Lo mismo sucedió con la Ley de Divorcio, que todo el mundo pensó que la gente se iba a divorciar más; la gente no se divorció más. Con la ley de ILE-IVE tampoco hubo más abortos, con lo cual es otro mito que hay que desterrar.

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Proyectos

Tres proyectos de ley de eutanasia fueron presentados durante los últimos años dos en el Congreso de la Nación. Uno de ellos es el que propone una “Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente”, conocido también como “Ley Alfonso”. Fue presentado por Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos, junto a un equipo de especialistas con especial participación de Carlos “Pecas” Soriano.

Por otro lado, los radicales Jimena Latorre, Alfredo Cornejo y Alejandro Cacace presentaron su propio proyecto de régimen de eutanasia, que tiene por objeto regular el derecho de toda persona a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. En tanto, en diciembre del año pasado, el entonces senador radical Julio Cobos presentó su iniciativa para la Interrupción Voluntaria de la Vida.