Avanza en la Cámara de Senadores de la provincia el proyecto del Poder Ejecutivo que busca declarar el estado de emergencia pública, económica y financiera en materia de obras y servicios públicos, hasta el 31 de diciembre de 2024. El objetivo es frenar los embargos en las cuentas del Estado y organismos descentralizado ante la judicialización por parte de contratistas por millonarias deudas.
Emergencia en la obra pública se tratará la semana que viene
El proyecto del Ejecutivo tiene dictamen favorable de comisiones del Senado. Iba a tratarse este miércoles pero la sesión especial se suspendió.
14 de marzo 2024 · 12:00hs
Foto: UNO/Mateo Oviedo
Este miércoles, la Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Obras Públicas dieron dictamen a favor del mismo. El proyecto iba a ser tratado en sesión especial ese mismo día a las 19, pero se cayó tras la controversia que se generó en Diputados en torno a la denuncia de Laura Stratta, del PJ, contra Gustavo Hein, de Juntos por el Cambio.
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Ahora, el proyecto de declaración se pasó para la semana que viene. Aunque aún la Cámara Alta no oficializó la fecha de sesión, trascendió que podría llevarse a cabo el lunes 18.
El proyecto de ley declara en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos el estado de emergencia pública, económica y financiera en materia de obras y servicios públicos, hasta el 31 de diciembre de 2024, con el objeto de revisar, rescindir o renegociar las obligaciones y condiciones emergentes de los contratos de obras públicas y servicios públicos, cancelar la deuda administrativa y judicial concerniente a la obra pública o a los servicios públicos y sus intereses, conforme las posibilidades presupuestarias y financieras de la Provincia.
En el proyecto se sostiene que esta Ley es de orden público y sus alcances se aplicarán a los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos y autónomos. Los municipios y comunas podrían sancionar una norma similar. Se hace hincapié en las facultades en el marco de la emergencia, y se suspenden las ejecuciones de sentencias judiciales.
Con ese instrumento legal, la Provincia busca frenar los embargos a las cuentas de diferentes organismo, como de Vialidad o IAPV, ante la judicialización de las deudas por obra pública por parte de empresas contratistas. En el encuentro de las comisiones del Senado se informó que la deuda en obra pública gira en torno a los $20 mil millones y que el monto judicializado está entre los $5 mil y los $6 mil millones.
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Dictamen a favor
Este miércoles, el proyecto del Ejecutivo obtuvo dictamen favorable de comisiones. En el encuentro estuvieron la senadora Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), junto a Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Marcelo Berteth (San Salvador – Más para Entre Ríos), Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más para Entre Ríos), Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos) y Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos).
Los integrantes de ambas comisiones analizaron los términos de los distintos artículos y a lo largo del encuentro se intercambiaron opiniones para lograr una correcta redacción del texto. Se acordó retirar el artículo que hacía referencia a la infraestructura vial por lo que los senadores presentes lograron consenso y finalmente firmaron el despacho favorable.
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Apoyo del PJ
Luego del encuentro, el bloque del PJ dio a conocer un comunicado en el que confirmaron su apoyo al proyecto y apuntó que la situación se generó ante los recortes de fondos del gobierno nacional. "Hemos dado sobradas muestras de acompañamiento responsable, y esta será una más para evitar que sigan embargando las cuentas del gobierno provincial y los municipios a raíz del recorte de fondos al que la Nación está sometiendo a la provincia”, hizo sabe el presidente del Bloque Más para Entre Ríos, Martín Oliva.
Son ya 128 juicios contra el gobierno provincial, IAPV y vialidad, de los cuales la mitad ya tienen medidas cautelares y sentencias, lo que impide el normal desenvolvimiento y el cumplimento de obligaciones del Estado.
“La decisión política de la Nación ha sido muy clara: decirle NO a la obra pública y no honrar compromisos asumidos. Lo que pasa en Entre Ríos sucede en el resto de los distritos en mayor o menor medida. Seamos claros, en promedio nacional la inversión pública cayó el 81,1%. Digamos las cosas por su nombre. No fue Gustavo Bordet, es Javier Milei”, señaló el legislador.
“En este marco, se hace imprescindible dejar en claro que la deuda a la que alude el actual gobierno provincial tiene una composición mayoritaria del Estado Nacional, no del provincial. Y el contexto de crisis se agrava por la decisión del presidente no sólo de no pagar, sino de suspender financiamiento para obra pública”, manifestó.