La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla), presentó un recurso administrativo ante el Ministerio de Economía para reclamar los fondos que el Estado le adeuda al sector –desde hace más de seis meses– y que hacen insostenible el fraccionamiento para garrafas, que abastecen a 20 millones de argentinos.
Distribuidores de gas reclaman deudas al Estado por compensación de garrafa social
Foto UNO/Archivo/Ilustrativa
Distribuidores de gas reclaman deudas al Estado por compensación de garrafa social
Para asegurar que los hogares de bajos recursos (que residen en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados a la red de distribución) puedan acceder a precios diferenciales de garrafas, el Gobierno dispuso, mediante el programa Hogar, subsidiar a los consumidores, mientras que a los fraccionadores y al resto de la cadena industrial se los compensa con una Asistencia Económica Transitoria (AET), establecida por la Resolución N° 809. Pero, según la entidad denunciante, esto no se cumple desde hace meses y hay empresas que desde abril de 2022 no perciben esos fondos.
A pesar de los recientes aumentos de los Precios Máximos de Referencia, el sector produce con una pérdida operativa estimada por garrafa de 156,40 pesos de promedio ponderado nacional, que varía según la zona de distribución.
“Los precios de referencia que define la Secretaría de Energía de la Nación sólo alcanzan para cubrir aproximadamente entre el 55% y el 70% de los costos operativos promedio de la actividad, según las zonas de comercialización dentro del país”, sostuvo Pedro Cascales, presidente de Cegla, y agregó: “La fijación de precios, que impide a los fraccionadores cubrir sus costos y obtener una rentabilidad razonable, constituye una reglamentación irrazonable que no tiene en cuenta los derechos constitucionales de trabajar y ejercer una industria lícita”.
En la estructura de costos influye el valor del gas licuado, impuestos, costos de mano de obra, mantenimiento, rehabilitación de envases, canjes y transporte primario,y por ello el costo ponderado total de producción sería de 883,60 pesos, mientras que el precio de referencia dispuesto por la Secretaría de Energía para la venta es de 606 pesos y 121,20 pesos de Asistencia Económica Transitoria (AET), que se está incumpliendo, pero aún así da una pérdida estimada de 156,40 pesos por unidad.
Por eso, la Cámara que nuclea a 17 pymes (representando al 70% del mercado nacional), que dan trabajo a 9.000 personas y que fraccionan GLP butano en garrafas para 18 millones de consumidores, previendo “un inminente quiebre del abastecimiento”, fundamentalmente en las zonas más alejadas del país, presentaron un nuevo reclamo administrativo ante el Ministerio de Economía para evitar que el sector colapse y se ponga en riesgo la distribución.
En la capital provincial hay seis distribuidoras habilitadas para la comercialización y el reparto del gas envasado.
Con los aumentos en los últimos seis meses el cilindro de 10 kilogramos cuesta entre 1.800 y 2.000 pesos, mientras que el tubo de 45 kilogramos –que no está subsidiado– ya cuesta alrededor de 10.000 pesos.
De todos modos, en comercios minoristas los tubos y garrafas cuestan por encima de esos valores, ya que la regulación de precios máximos de referencia se aplica solo en las plantas de distribución.