Arenas: intiman a la Provincia a informar efecto ambiental

La jueza Ramírez Amable intimó al Gobierno de Entre Ríos a que presente los estudios de impacto ambiental acumulativo por la extracción de arenas silíceas en Ibicuy. La demanda confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se realizó en el marco del amparo ambiental impulsado por la Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

También se pide que se informe cómo ha cumplido la orden de no autorizar más canteras o plantas de tratamiento de arenas en la zona del Delta, algo que se le había pedido en sentencia judicial y confirmado por el STJ. Lo dijo a ERA Verde la directora Ejecutiva de la entidad ambiental, Valeria Enderle.

En una sentencia firmada este 7 de julio, la jueza Ramírez Amable pidió a las autoridades provinciales que "en el plazo de 10 días hábiles" informen sobre los estudios ordenados sobre las canteras y plantas de tratamiento del material extraído en el sur entrerriano y que se utiliza para obtener petróleo no convencional mediante la técnica de fracking en la cuenca neuquina de Vaca Muerta.

La magistrada también solicitó que se dé cuenta del mecanismo de participación ciudadana respecto de los resultados de los estudios, pendientes de cumplimiento según la resolución de primera instancia del 30 de enero de 2023 y confirmada por el Superior Tribunal de Justicia el 1° de marzo. A través de la Secretaría de Ambiente provincial a cargo de Daniela García se debía dar a conocer la documentación por la cual se habilita la extracción de arena silíceas en el departamento Islas del Ibicuy.

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El litigio se origina en amparo ambiental interpuesto por Cauce y Agmer contra el gobierno de la provincia de Entre Ríos, la Municipalidad de Ibicuy y la empresa YPF SA.

"Pasó más de un año desde que se le ordenó al Gobierno de Entre Ríos realizar el estudio de impacto ambiental acumulativo. No hemos tenido ningún tipo de información ni la ciudadanía, ni la población de Ibicuy, ni nosotros que somos parte de esta causa junto a Agmer, de cómo se desarrolla este estudio de parte de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y la Universidad”, explicó Enderle, directora Ejecutiva de la Fundación ecologista.

La jueza previó que "en caso de restar etapas por cumplir" el gobierno indique la "fecha probable de finalización, con presentación de cronograma actualizado".

Asimismo, Ramírez Amable requirió conocer el estado de cumplimiento de la medida cautelar del 30 de enero, confirmada por el STJ el 1 de marzo, que prohíbe la instalación de emprendimientos de canteras y/o plantas de lavado de arenas silíceas en la zona afectada en el Delta entrerriano.