Una cuestión de Poder

Si algo ha quedado claro a la luz de los acontecimientos que determinaron las investigaciones y las resoluciones –o irresoluciones– de los casos judiciales más relevantes de los últimos años en Argentina, es que la Justicia es una cuestión estrictamente vinculada al ejercicio del Poder y no una relacionada con "la justicia" o la necesidad de establecer "la verdad" de un caso.

Entender esto es vital para comprender que la división de poderes –que es la característica del sistema republicano de gobierno– es una construcción dialéctica entre funcionarios que no están ungidos de ningún "poder celestial" que los haga diferentes al resto de los mortales. Esto, que está claro respecto de los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, no lo está en relación a los del Poder Judicial. A cualquier ciudadano de a pie no se le ocurriría poner en duda la "legitimidad" de la sentencia de un "juez", como tampoco se le pasaría por la cabeza pensar que un fiscal "no respetaría el deber de objetividad en su función". Gobernantes y legisladores están en la cima de la lista de sospechas. Incluso forman una "clase", o una "casta", desprestigiada a los ojos de la ciudadanía. También es importante aclarar que este "desprestigio" es una construcción deliberada de las elites dominantes para alejar a los ciudadanos de sus representantes. La "operación" se esclarece, pierde su opacidad, la naturalización que la hace terriblemente eficaz, cuando se advierte que ese mismo "movimiento" no se dirige hacia los responsables de administrar el servicio de Justicia.

El miércoles se conocieron tres situaciones que abonan aquella proposición. Una refirió a la ira que generó en el oficialismo la decisión por mayoría de la Corte Suprema de Justicia que, por cuatro votos contra uno, requirió que le fuese enviado el expediente en el que se imputa a Cristina Fernández supuestas irregularidades en la obra pública. Fue para analizar un pedido de la defensa. Ante lo que consideran una demora en el inicio del juicio, el ministro de Justicia, Germán Garavano; la secretaria de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el diputado Pablo Tonelli, acusaron a los jueces de la Corte de hacer "especulación electoral" por entender que se iba a postergar el primer juicio contra la exmandataria. Garavano dijo que se trató de un "fallo muy inusual con un condimento político muy grande, que preocupa...".

La otra situación consistió en el procesamiento con prisión preventiva del gendarme Francisco Javier Pintos, principal acusado de disparar contra Rafael Nahuel y otros de sus compañeros, en una incursión del grupo Albatros en el territorio recuperado de Villa Mascardi dos días después de la represión que los expulsó, el 23 de noviembre de 2017.

La Cámara Federal de General Roca, en un fallo que puso en crisis el relato de la ministra Patricia Bullrich, cuestionó que "es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por el Poder Judicial de la Nación y la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados".

La tercera consistió en el procesamiento del fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, que fue suspendido en sus funciones por sus presuntos vínculos con la red de espionaje ilegal liderada por Marcelo D'Alessio. La decisión la adoptó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que consideró que hay elementos para sospechar que el fiscal es responsable del delito de Asociación ilícita y Abuso de autoridad. El procesamiento es sin prisión preventiva y con un embargo de 10 millones de pesos.

Para otra columna quedará el sobreseimiento del entrerriano Juan Carlos Geminiani, que en diciembre fue nombrado como presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Estaba acusado del delito de Privación ilegítima de la libertad.

Según se informó oportunamente, el magistrado ordenó a dos policías que detuvieran e incomunicaran a la secretaria letrada de la Sala Primera de Casación, María Amelia Expucci, porque se negó a realizar un inventario sobre el contenido de unas cajas porque excedían sus funciones.