Marche una vara para el diputado José Allende

El juicio abreviado es la herramienta legal utilizada en el 95% de las causas penales en la provincia. El hecho de que el Ministerio Público Fiscal haya avanzado en las negociaciones para implementar este procedimiento para lograr una condena contra el legislador provincial José Allende por corrupción, no es lo grave del asunto, sino la desigualdad en la sanción respecto de otros ladrones. Aunque esto no dependa siempre de los fiscales, sino de la legislación que existe para sancionar delitos. Ayer se habría dado marcha atrás con lo planeado y parece que finalmente el diputado irá a un juicio oral y público.

Allende se hizo millonario gracias a la función pública, es decir, se habría apropiado de los recursos del pueblo que debería resguardar o administrar, y habría concretado buenos negocios a partir del lugar de poder que ostenta. El acuerdo de juicio abreviado que trascendió y luego se cayó, implicaba, de un lado, la entrega de una propiedad y la renuncia como diputado, del otro, la impunidad de los familiares del imputado y quedar en libertad.

Una persona que, a punta de cuchillo, le roba el celular a otra, no tiene chances: termina preso. En el Código Penal, este delito se llama robo agravado, y la pena mínima es de cinco años de prisión. Hasta tres años, el cumplimiento de la pena puede ser en libertad condicional. Por eso el robo agravado no lo permite, no es excarcelable. Lo mismo sucede para el robo "en despoblado y en banda".

Por el contrario, el delito de enriquecimiento ilícito contempla penas de entre uno y seis años, según sus variantes. Por lo cual, aquel que roba en el Estado sabe que la cárcel es un destino probablemente bastante más lejano. Pero real. En este andamiaje legal trabajaron el frustrado acuerdo la Fiscalía y la defensa de Allende, y será el mismo sobre el que un tribunal juzgará al legislador. O sea, el final puede llegar a ser el mismo. El deseo de los que no llegan a fin de mes o se matan para hacerlo, es ver presos a estos personajes que habrían amasado fortunas sin transpirar, gobernando en contra de los trabajadores, más que devolviendo una casa.

Las cárceles de la provincia tienen una población de 1762 personas (según refirió ayer a radio La Voz el director del SPER, José Luis Mondragón). La inmensa mayoría pobres, que jamás han pasado ni de cerca por una función pública. El incremento exponencial de presos en los últimos años coincide con la política criminal de sanciones rápidas a quienes delinquen, en juicios abreviados. Las condenas pueden ser justas en el marco legal, aunque injusto el contexto social del que incumplió la ley: desocupados, escolaridad incompleta, niñez sin derechos básicos, consumo de drogas, entre todo lo que se puede escuchar en los habituales interrogatorios. Al revés de lo que sucede con Allende, quien tiene el Secundario completo, nunca le faltó nada, sabía muy bien lo que hacía y, encima, dice representar a los entrerrianos.

Hoy muchos se escandalizan con un acuerdo porque implicaría un "daño institucional", incluso algunos que compartieron con Allende el oficialismo y nunca dijeron nada. Pero muy pocos se espantan porque las leyes habilitan una vara para él y otra para el resto.