En 2003 se estableció la obligatoriedad, por ley, de garantizar un ciclo lectivo de 180 días de clases en todo el país. En 2010, desde el Consejo Federal de Educación se promovió una resolución (la Nº 94/10) que fijaba como propósito llegar a 190 días de clases.
El carro delante del caballo
27 de septiembre 2016 · 09:34hs
Foto UNO/Archivo
Ahora, setiembre de 2016, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y remitió al Senado, el proyecto de ley para elevar de 180 a 190 los días de asistencia a las aulas.
Trece años después del primer paso, no se alcanza aún a garantizar los 180 días de clase a la mayoría de los estudiantes argentinos que concurren a los niveles primarios y secundarios. Y mientras eso sucede, a través de nuevas normas apuntan a sumar más jornadas.
Desde ya, el objetivo de ampliar el ciclo lectivo no es objetable, ya que Argentina es uno de los países con menos cantidad de jornadas escolares, tanto en Latinoamérica como en el mundo. Sin embargo, en los hechos, estas decisiones no han permitido garantizar ese piso del derecho básico a la educación de los niños y adolescentes.
El sistema educativo cruje por todos lados: hay una precaria condición del proceso de enseñanza: repite casi el 50% de los estudiantes; las evaluaciones, o una mera observación de la realidad, revelan la falta de conocimientos, saberes y capacidades mínimas de los alumnos; hay una creciente desigualdad entre las provincias, y entre el sistema público y privado; los sueldos docentes son más bajos que otras actividades económicas; hay serias carencias o deficiencias de la capacitación docente continua; falta inversión edilicia –más allá de mejoras en los últimos años– y de equipamiento para permitir el funcionamiento adecuado de los establecimientos.
Desde hace muchos años, casi se podría decir desde que la educación argentina dejó su lugar de excelencia que la había distinguido a nivel mundial, hace ya varias décadas, se habla de la prioridad de la educación, y sin embargo, en los hechos concretos va quedando cada vez más relegada.
Así, los anuncios de medidas y las decisiones legales no dan respuestas ante la realidad que todos reconocen como preocupante.
Se habla, entonces, de pasar a 190 días obligatorios de clases, cuando aún no se pudo cumplir la ley predecesora, que marcaba 180 días. Semanas atrás, se anunció la obligatoriedad de los jardines de 3 años en todo el país, cuando previamente se debería garantizar la adaptabilidad o ampliaciones de las escuelas. Y la cobertura del jardín de 4 años, que es obligatorio, hoy supera el 75% de los infantes, lo que equivale a decir que todavía hay chicos que no acceden al sistema.
Por estos días, se habló también de la ampliación de horas en la Secundaria. En realidad, más que una medida concreta, es una acción que se dará en todas las provincias, pero en unas pocas escuelas. En el caso de Entre Ríos, son unas pocas escuelas de Feliciano, La Paz y Concepción del Uruguay. Desde 2010, por ley nacional, se debería garantizar la jornada escolar extendida al 30% de los alumnos primarios; en 2016, no alcanza en promedio el 15%, con disparidades según cada provincia.
Presurosos en transmitir los anuncios oficiales en materia educativa se han convertido en los últimos años en meros deseos, más que realizaciones. Entre tantos proyectos y leyes de más días y más horas, la docencia de todo el país vuelve a concretar hoy un nuevo paro con legítimos reclamos.