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¿Cuánto valen los derechos humanos?

Lunes 23 de Septiembre de 2019

La pregunta que da inicio a esta columna tiene varias respuestas posibles, tantas como interpretaciones haya sobre la importancia de los derechos humanos. Pero en Argentina existe un consenso social y una tradición suficientemente arraigada en la cultura política, en especial luego de la atrocidad del último genocidio, que orientan esa respuesta a un número alto, si es que ese valor se pudiera cuantificar de algún modo.

El interrogante viene a cuenta de que en Entre Ríos está pendiente de aplicación el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, aprobado por la Ley Nº 10.563 en diciembre de 2017. Y en medio del proceso de selección de los integrantes del comité que tendrá a su cargo ejecutar ese mecanismo, el oficialismo presentó un proyecto tendiente a introducir un cambio sustancial en la ley sancionada hace menos de dos años. La modificación consiste en que esas personas, que tendrán a su cargo controlar la situación de todas las cárceles, comisarías, hogares de menores y cualquier otro lugar donde existan personas privadas de su libertad en Entre Ríos, no percibirán remuneración alguna.

La ley vigente establece que el órgano “estará integrado por siete miembros que serán remunerados”. Serán tres a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil, uno de los cuales deberá representar a las universidades; tres a propuesta del Poder Legislativo y uno por la Subsecretaría de Derechos Humanos. La Comisión Bicameral de DD.HH. ya recibió las postulaciones y está dedicada a la selección.

El 30 de agosto los diputados justicialistas Juan Navarro y Diego Lara ingresaron por Mesa de Entradas la propuesta de modificación que se fundamenta en una curiosa respuesta a la pregunta por el valor de los derechos humanos. Después de resaltar la gran trascendencia de la cuestión y de mencionar, entre otras cosas, “la marca indeleble que dejó en nuestras conciencias la dictadura cívico-militar”, afirman: “Ello nos lleva a considerar que la tarea a desarrollar por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura debe considerarse una carga pública honoraria, debido a la enorme significación social que tan importante labor conlleva”. O sea que la tarea es tan pero tan importante que se debe realizar gratis y sólo en los tiempos libres que les quede a quienes sean seleccionados.

Las razones expuestas por ambos legisladores son dos. Una es que el comité es comparable al Consejo de la Magistratura, donde los consejeros no cobran sueldo. La otra es el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal al que adhirió la Provincia, que impide la creación de nuevos cargos. Sin embargo, hace dos meses se crearon 50 para el Servicio Penitenciario.

Las organizaciones que integran la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) presentaron una nota dirigida al presidente de la Bicameral, Pedro Báez, donde se oponen al proyecto por considerar que cambia las reglas con el proceso ya en marcha; hará que sólo se desempeñen personas que “posean mayores niveles de ingresos” y resaltan que el Mecanismo ya prevé un Consejo Consultivo, en el cual sí las funciones son no remuneradas. Además indican que Chaco, Río Negro, Mendoza, Salta, Misiones y Tucumán ya cuentan con leyes provinciales en las que no se contempla que los cargos del comité sean ad honorem.

Entre Ríos está en deuda con el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984; firmada por Argentina el 4 de febrero de 1985 e incorporada a la Constitución nacional en 1994. Es una obligación del Estado adoptar medidas para impedir estas violaciones a los derechos humanos. Y esto no puede hacerse gratis, como si fuera puro voluntarismo o un pasatiempo de personas que tienen la vida resuelta. Tampoco parece muy justo pedir “carga pública” para los demás, desde puestos donde los sueldos son altísimos, mucho más de lo que cualquier ciudadano que cobra un salario mínimo puede imaginar.

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