Está aprobado pero se sigue negando el aborto no punible

Nueve organizaciones no gubernamentales de Entre Ríos, agrupadas en la campaña nacional por la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito,  emitieron un comunicado al Ministro de Salud Hugo Cettour en el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer. En la carta, le piden que derogue la resolución provincial 974 y para que se adhiera a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, actualizada hace dos años en la provincia.

Las representantes afirman que la normativa vigente no se está aplicando como corresponde porque persisten obstáculos burocráticos y fácticos para la interrupción de los embarazos, en los casos de permiso legal, negando así los derechos humanos de las mujeres y los compromisos constitucionales e internacionales asumidos.

Particularmente, argumentan su reclamo al decir que la redacción del artículo es confusa y que es necesario que se aclaren algunos puntos. Si bien el pedido fue realizado hace dos años cuando se proclamó el documento, no tuvieron ningún tipo de respuesta por parte del estado provincial y es por ese motivo que renovaron la solicitud.
La razón de la carta reside en  que consideran que ese texto viola los principios constitucionales que se establecen a nivel nacional desde mayo de 2012, cuando se puso en práctica, luego de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el protocolo se establece que la interrupción del embarazo no es punible “únicamente cuando se dan dos supuestos”. El primero reside en aquellos casos donde se persigue el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y este peligro no puede ser evitado por otros medios; y en segundo lugar, para aquellos embarazos que provienen de una “violación o atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

Así lo establece la guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible, que aprobó el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de una resolución firmada el 3 de mayo de 2012 por el ministro Hugo Cettour.
La medida se apoyó en lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación, que en un fallo del 13 de marzo de 2012, aprobó que en todo caso de violación, la ley habilita a la mujer a practicarse un aborto sin que sea necesario que el médico pida la autorización de la Justicia. La sentencia pidió a las provincias la redacción de protocolos de actuación con el objetivo de fijar las normas para los profesionales médicos.

El documento indica de qué modo se realizará el aborto en los hospitales públicos, siempre que se de en alguno de los casos especificados en el artículo mencionado. De esta manera, expresa que ante la solicitud de interrupción de embarazo no punible , “el hospital y/o el médico tratante tienen la obligación legal de practicar la intervención, siempre que exista el consentimiento informado de la mujer”. Expresa que no se debe en ningún momento hacer intervenir a la justicia, y fija que es imprescindible que la paciente haya recibido información clara y precisa sobre sus derechos, y los efectos del tratamiento para su salud y su vida. Además, si se trata de una menor de edad, se requerirá su permiso escrito y el de algún representante legal. Respecto de los médicos, indica que deberá quedar asentada, en cada caso, la realización del tratamiento.

Las organizaciones consideran que la redacción del texto es confusa y lo justifican con una serie de ítems, entre los cuales se menciona que el protocolo regula únicamente el aborto permitido en casos de violación y no contempla aquellos en los que corre riesgo la vida de la mujer. Asimismo, rechazan que la verificación de la causa de abuso sexual deba hacerla un equipo interdisciplinario, porque consideran que es arbitrario. Además, critican que no se hace mención como lo indica el fallo de la Corte Suprema, al resguardo del material genético del mismo modo que a la declaración de objeción del médico a realizar la interrupción del embarazo, al momento en que la paciente va a realzársela, en vez de hacerlo público en el momento en que ingresa al establecimiento de salud, ocasionándole demoras serias hasta que llega a conseguir el procedimiento.

El grupo de organizaciones está integrado por CTA Paraná, la Asociación Civil Red de Alerta, Socorristas en Red de Entre Ríos, Las Simonas, agrupación feminista de la facultad de Trabajo Social de la UNER, docentes y alumnas de la facultad de Trabajo Social de la UNER, Mujeres Tramando y Conders Entre Ríos. Todas ellas, solicitaron una audiencia con Cettour para llevarle una serie de casos que se dan todos los días en la ciudad y en otros puntos de la provincia donde la regulación llega tarde y no se aplica del modo debido.

Derecho a decidir
La integrante del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales en Paraná Silvia Primo, contó a UNO que el objetivo del documento fue retomar un pedido por el que vienen peleando desde el momento en que la Corte Suprema sentó precedente en todo el país.

La aprobación se da, a partir del caso de la adolescente denominada “A.G.”-para preservar su identidad-, de 15 años que había sido abusada por su padrastro, un oficial mayor de la policía de Chubut. En 2010, la joven, que finalmente se sometió a la operación, fue eximida de pena por el Superior Tribunal de esa provincia, y el 13 de marzo de 2012, Ricardo Lorenzetti confirmó la decisión.

“El aborto no punible está autorizado para ser cumplido y respetado por el código penal porque no es un delito y sabemos que se puede realizar cuando la niña o mujer queda embarazada luego de ser víctima de una violación”, dijo Primo y agregó que conocen muchos casos dentro de la organización, de madres que llegan con sus hijas después de haber rebotado varias veces en los hospitales porque los doctores que se niegan a realizarles la intervención con el pretexto de la consulta psicológica o la autorización judicial. “Todas las mujeres tienen derecho a tener un aborto no punible”.

Por otra parte hizo referencia a la lucha que llevan desde hace varios años en busca de la sanción del proyecto de ley que promueve el aborto legal, seguro, y gratuito en Argentina. Aclaró que, si bien se hizo pública su presentación a principios de año a nivel nacional, cuando se presentó oficialmente la propuesta, “es de público saber que los legisladores están divididos y esto ha impedido su puesta en marcha”.

“Ni siquiera se trata y hay una voluntad concreta de la Presidenta que no quiere que salga la ley, así lo dijo la propia Juliana Di Tullio” dijo Primo en referencia a la senadora del Frente para la Victoria, quien apoya la iniciativa desde el primer momento” explicó la trabajadora social quien subrayó que los motivos de la carta enviada al ministro de Salud, residen en hacer realidad el aborto no punible porque al aprobar un protocolo que está en contra, se están violando los derechos de la mujer.