Piden juicio para la banda que instigó el suicidio de soldado en la Quinta de Olivos

El fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, Federico Iuspa, solicitó la elevación a juicio parcial de la investigación seguida contra siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a extorsionar a hombres contactados a través de aplicaciones de citas.

Además, requirió que los dos presuntos líderes de la organización también sean juzgados por la instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido en diciembre pasado en la Quinta Presidencial de Olivos.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, la organización habría operado entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de este año.

En esta etapa de la investigación se le atribuyen tres hechos de extorsión, sin perjuicio de otros episodios que continúan bajo investigación, por lo que el pedido es parcial.

Según la acusación, T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, lideraban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La estructura criminal también estaba integrada por K.M.S.P., de 28 años —quien posteriormente fue trasladado a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos— y por sus respectivas parejas I.A.C., de 23 años, K.Y.C., de 25 y E.Y.T., de 36; junto a C.A.M., de 24 años.

Para la fiscalía, las mujeres cumplían funciones logísticas esenciales para el funcionamiento de la organización, al facilitar cuentas de billeteras virtuales propias o de familiares para canalizar el dinero obtenido mediante las extorsiones y aportar chips telefónicos utilizados por los internos para realizar llamados desde los establecimientos penitenciarios.

En base a las pruebas recolectadas, el fiscal solicitó que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados por los delitos de asociación ilícita agravada, en carácter de jefes, y como coautores de tres hechos de extorsión. Además, requirió que respondan por la instigación a cometer el suicidio de Gómez, delito contemplado en el artículo 83 del Código Penal que prevé una pena 1 a 4 años de prisión.

Respecto de K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M., requirió que sean llevados a juicio como miembros de una asociación ilícita agravada y coautores de los tres hechos de extorsión.

Asimismo, señaló que T.M.F., M.J.D.A. y K.M.S.P. eran “compañeros de encierro, que, a su vez, se servían de la ayuda de sus respectivas parejas y de C.M. para recibir y reconducir el dinero de las extorsiones que obtenían con su accionar ilegal”.

La investigación

La causa se inició el 16 de diciembre pasado, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, en una de las garitas de la residencia presidencial de Olivos, donde prestaba funciones de custodia. El integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión.

A partir del trabajo conjunto entre la fiscalía, el juzgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, se logró reconstruir la modalidad de actuación de la organización e identificar a sus presuntos integrantes, destaca el documento publicado en el portal Fiscales.

La pesquisa permitió establecer que el grupo creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas Evermatch, para entablar contacto con potenciales víctimas y luego trasladar la conversación a WhatsApp.

La organización participó de tres hechos concretos. El primero tuvo como víctima al soldado Gómez, quien el 15 de diciembre pasado transfirió $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago.

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Posteriormente, las víctimas recibían un mensaje de audio de una persona que se presentaba como la madre de la supuesta joven y que afirmaba que se trataba de una menor. Bajo esa excusa, advertía sobre la posibilidad de formular una denuncia penal.

Luego intervenía otra persona que se hacía pasar por integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, usurpando la identidad de un efectivo real. Mediante llamadas telefónicas exigía transferencias de dinero bajo el pretexto de evitar la supuesta denuncia y “ayudar con la situación”.

El segundo episodio ocurrió el 26 de diciembre, cuando otro hombre fue obligado a transferir $15.000 a una cuenta de la misma billetera virtual vinculada con otra de las imputadas. Finalmente, entre el 22 y el 28 de diciembre, una tercera víctima depositó un total de $116.000 en cuentas pertenecientes a dos de las acusadas.