El informe de una universidad, clave en el juicio a Chiara Díaz

El pedido de informes solicitado a la Universidad de Belgrano (UB) que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados incorporó como elemento de prueba en el dictamen para avalar el proceso contra el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz es considerado por los acusadores fundamental para acreditar el "patrón de conducta" del magistrado, al que se le reprochan sus continuas ausencias al máximo tribunal para dedicarse a la docencia, por lo que percibía un salario, mientras percibía viáticos de la Justicia entrerriana y gastos para traslado aéreo o en auto con chofer según surgió del dictamen votado por 33 legisladores a mediados de diciembre. Esta medida de prueba resultó impugnada por la defensa del juez, por lo que el Senado constituido en Corte de Justicia admitió ese pedido y notificará mediante oficio a la UB para que se expida sobre la veracidad de la documentación.

"Apuntamos a que Chiara Díaz se ausentaba excesivamente de la jurisdicción, incumpliendo el artículo 37 de la Constitución provincial, lo que resentía su asistencia regular y en definitiva violentaba normas como el artículo 19 de la Ley Orgánica de Tribunales, que reza que los vocales o jueces deberán concurrir diariamente a sus despachos. Por otra parte, utilizaba licencias para actividades que no estaban permitidas por el reglamento del STJ, como lo es dictar clases, dictar cursos o actividades personales argumentando siempre al máximo tribunal otros fines. También vamos a probar la utilización de viáticos, de autos oficiales, de choferes y de pasajes aéreos, para actividades no permitidas", reseñó a UNO el presidente de la Comisión Investigadora, el diputado Diego Lara.

Para la Comisión Investigadora "es una de las pruebas importantes y que comprometen al acusado. Se acredita y se puede contrastar el reproche que se puede hacer al magistrado".

Los acusadores -en su nuevo rol de fiscales- solicitaron documental a otras universidades, pero también pretenden conocer la condición fiscal del magistrado. Es por ello que remitieron un oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que permitirá establecer su inscripción tributaria y número de CUIL de los últimos años, si estaba registrado como monotributista, las actividades económicas declaradas, así como también que se pronuncie sobre los ingresos declarados.

Serán cinco los testigos que fueron propuestos por la Comisión Acusadora y que fueron admitidos por el Tribunal. Ayer se comenzó a notificar a la mayoría de las personas, que residen en Buenos Aires y en la ciudad de Paraná. Se trata de directivos o responsables de diferentes áreas de la Universidad de Belgrano, que fueron citados para que reconozcan la documental. Entre los deponentes se encuentra una funcionaria del Poder Judicial entrerriano: Elena Salomón, secretaria de Superintendencia del STJ. La defensa había solicitado que comparezcan 20 testigos, los cuales fueron admitidos en la última sesión de la Corte de Justicia.

El abogado Ladislado Uzín Olleros se desempeñará como asesor técnico de la Corte de Justicia del Senado. En plena tarea, ya que rige el plazo de 30 días para la producción de pruebas, confirmó a UNO que tendrá como cometido adecuar a un formato procesal las resoluciones de los integrantes del Tribunal de Justicia. "Estamos trabajando en proveer las pruebas y notificar a las partes. La actividad se retomará con fuerza en febrero", dijo.

Tras la última sesión de la Corte de Justicia del Senado, realizada el 30 de diciembre, empezó a regir un plazo de 90 días corridos en los que las partes deberán producir las pruebas, se realizarán las audiencias de vistas de causa que prevén las testimoniales (el 6, 7 y 8 de febrero), se llevarán a cabo los alegatos y finalmente, el Tribunal deberá resolver si acusa o no al vocal Chiara Díaz. En caso de no cumplirse los plazos previstos, el proceso puede declararse nulo.