Ediles de Gualeguaychú piden evaluar un nuevo planteo ante La Haya

En una nueva fase de un conflicto adormecido, pero no concluido, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó una resolución en la que requiere a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), a través de la Delegación Argentina ante la CARU, y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, los informes del monitoreo de la pastera UPM (ex-Botnia) en el marco del desarrollo del Comité Científico.
 

Al mismo tiempo, solicitó que una vez conocidos esos informes, el Congreso de la Nación evalúe si amerita acudir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y que a través de la Delegación Argentina en la CARU solicite al gobierno de la República Oriental del Uruguay (ROU) que aplique sanciones a la empresa.

La medida retoma conceptos y fundamentos de la Resolución Nº 62/2012 del 16 de agosto de ese año –aprobada por unanimidad–, por la cual requería a la CARU y a la Cancillería Argentina los informes del monitoreo, en el marco del desarrollo del Comité Científico. Y que justamente, esos informes permitirían al Congreso de la Nación evaluar si ameritaba acudir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Tal planteo recogió la preocupación genuina y la incertidumbre de la comunidad de Gualeguaychú respecto de los resultados del monitoreo a la planta UPM, y la necesidad de ejercer el derecho al acceso a la información, que la vigilancia continua del funcionamiento de la planta y de su impacto en el río Uruguay, fue dispuesta por la Corte de la Haya, a cargo de la CARU.

Además estableció que el conflicto no se agrave y recomendó no volver a actuar de mala fe, recordó la iniciativa legislativa.

La resolución también considera que la actitud del vecino país “lamentablemente sigue siendo un accionar de mala fe, y el acceso a la información es un derecho por sí mismo, que articula otros derechos, además de abonar en la cultura republicana de dar cuenta de las actuaciones de los estados”, testimonia Radio Máxima.

“Acceder a la información de los monitoreos permitirá a los gobiernos adoptar las medidas necesarias para fortalecer la salud del bien natural (no es solo un recurso) que es el río y sus áreas de influencia, y que, el gobierno y el pueblo de Gualeguaychú siempre han tenido vocación para solucionar este conflicto en una irrestricta defensa de la salud de la población y el medio ambiente”, añade la nota.

Finalmente, establece que los integrantes argentinos del Comité Científico denunciaron en la última reunión de la CARU, que en marco de los análisis realizados a UPM, se detectó la presencia de endosulfán, un insecticida que por su alta toxicidad está prohibido en más de 60 países, incluido en Uruguay.
 

Y reclamaron a sus pares uruguayos informar al gobierno del presidente José Mujica para que aplique sanciones a la empresa, aunque no han obtenido respuesta,ya que la toxicidad de este insecticida comenzó a ser advertida a partir de 2000.
 

“Desde entonces, el endosulfán fue prohibido progresivamente en numerosos países, y en algunos casos retirados del mercado por los propios laboratorios, y que, en mayo de 2009, el Convenio de Estocolmo, un acuerdo internacional que regula el tratamiento de sustancias tóxicas, lo incluyó en el listado de tóxicos, cuyo uso debe ser eliminado sin excepciones. Por esto, en 2011 el Ministerio de Salud Pública de Uruguay prohibió su utilización”, añade la resolución legislativa