DPV: "Me están igualando con aquel que es un asesino serial"

Con los alegatos de iniciación del Ministerio Público Fiscal y los abogados de los imputados, comenzó ayer el juicio por la causa que investiga la utilización de fondos de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para la creación de la escuela Heraclia Ruiz Díaz, que funciona desde marzo de 2014. El expediente que se inició a partir de un informe del Tribunal de Cuentas (TC), que advertía ciertas desprolijidades en el emprendimiento educativo, terminó con la imputación por el presunto delito de peculado contra el exdirector de la DPV Jorge Rodríguez; el actual director subadministrador, Néstor Kemerer, y el exdirector de esa área Mario Heyde. La investigación que llevó adelante el TC, en octubre de 2014, luego de haber requerido documentación de la citada escuela al Consejo General de Educación (CGE), quedó reflejada en una publicación de UNO de ese año. Ayer en la primera jornada de audiencias, hicieron uso de su derecho a prestar declaración indagatoria los tres imputados, así como también los cuatro primeros testigos, todos propuestos por la Fiscalía.

La acusación pública, representada por Patricia Yedro y Alejandro Cánepa, solicitaron siete años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Rodríguez y Kemerer; y cuatro años de prisión, más la inhabilitación absoluta perpetua, para Heyde.

En la misma línea los fiscales también subrayaron que intentarán demostrar que se sustrajeron fondos públicos y que fueron destinados a la construcción de la escuela violando la ley de Vialidad Nº 2.936. Bajo la misma hipótesis –dijeron– se buscará acreditar que se gastaron 3 millones de pesos en personal docente, que figuraban como empleados viales, y alrededor de 1 millón de pesos en obras de refacción y construcción del establecimiento escolar.

Los abogados defensores Miguel Cullen, Guillermo Vartorelli y Fernanda Vázquez Pinasco –asesoran a Rodríguez– y Javier Martínez, quien patrocina a Kemerer y Heyde, pidieron la absolución de sus clientes.

El ingeniero Jorge Rodríguez, actual funcionario del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE), testificó durante alrededor de una hora y además respondió a las preguntas de la partes. Después de la extensa audiencia aceptó dialogar con UNO. El funcionario rechazó la acusación y el "injusto" pedido de condena formulado por la Fiscalía. Y al mismo tiempo basó su defensa en el aval del CGE al proyecto de la creación del establecimiento educativo presentado el 18 de octubre y que fue aprobado provisoriamente el 28 de noviembre, ambos de 2013. "Nos dirigimos a quien rige la política educativa de la Provincia, tanto Vialidad como el CGE pertenecen al gobierno provincial", precisó.

Según Rodríguez, el organismo estatal le concedió en tiempo récord a la DPV tanto la matrícula provisoria como la autorización para el dictado de clases ante la "falta de bancos: en la escuela República de Chile faltaban cuatro bancos, la misma situación se repetía en la escuela Zubiaur, en la Don Bosco, en la Hellen Keller y en la Santa Teresita. Nosotros le estábamos proponiendo una solución a sus problemas".

Sobre la utilización de fondos públicos destinados a la creación de la escuela Primaria y la contratación de personal docente, justificó: "Los maestros se contrataron a través de Vialidad, mediante contratos de servicio. Como el CGE no tenía fondos nos dio la aprobación pedagógica, pero no económica. Es decir que no tenía partidas para las maestras. Entonces lo asumimos nosotros con el conocimiento de ellos, en forma provisoria, lo pagamos con contratos de servicio de Vialidad".

Respecto de este punto, aseguró que la DPV tenía asignados 347 contratos por Ley de Presupuesto para poder darle forma al proyecto, de los cuales finalmente se utilizaron solamente seis. "El Estado provincial le paga a los viales y a los maestros con la misma partida", alegó.

Rodríguez explicó que en todo momento se siguieron las instancias administrativas requeridas por el Consejo y recalcó: "Es un orgullo haber apostado a la educación".

Al ser consultado por el pedido de pena formulado por la acusación manifestó: "Es injusto; estoy apostando por la educación, no toqué un peso, todo se hizo para brindar el servicio educativo. Me están igualando casi con un asesino serial, ¿ qué puedo pensar yo? ¿qué puede pensar la gente de esa pena que se pide?".

Los testigos

Los dos imputados restantes dieron su versión de los hechos ante el tribunal conformado por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Daniel Malatesta. Después de cumplirse con este trámite, comenzó el cronograma de testigos. En esta oportunidad, fueron cuatro personas propuestas por la Fiscalía. El primero fue Humberto Gerardo Tano (auditor permanente del Tribunal de Cuentas en la DPV), Nancy Vinagre (asesora legal del TC), Patricia Palleiro de Todoni (directora del área de Escuelas Privadas del CGE) y Graciela Bergna, directora de la escuela pública de gestión privada Nº 235.

La causa

El caso tuvo sus orígenes a mediados de 2015 por la denuncia que habían realizado dos diputados provinciales, a lo que se sumó el informe del Tribunal de Cuentas donde se advertía que la escuela fue autorizada a matricular alumnos por la Dirección de Educación de Gestión Privada sin haber cumplido con los requisitos de la Resolución N° 240/13 del CGE.

Se señaló por ejemplo que faltó la demostración de solvencia económica para el proyecto solicitado, a tal punto que ni siquiera se presentó la inscripción ante la AFIP de los titulares, según publicó UNO.