En el inicio de un plan de lucha, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional Entre Ríos se declaró en estado de alerta y anunció que realizará asambleas informativas y un paro el martes, al declarar insuficiente la propuesta de aumento salarial efectuada por el gobierno de Entre Ríos, que será entregada por decreto. En el plenario del Consejo Directivo Provincial llevado adelante ayer, se ratificó que el aumento decretado por el gobierno provincial, después de dos reuniones, es “totalmente insuficiente”.
ATE se declaró en estado de alerta y convocó a un paro
Los representantes del Ejecutivo informaron a los sindicatos estatales que se liquidará una suma fija para octubre, noviembre y diciembre de 4.000 pesos para los agentes que perciban hasta 35.000 pesos; 3.500 pesos para los que perciben de 35.001 a 55.000; y 3.000 para los que perciben más de 55.000 a 120.000. En el caso de los jubilados será un 82% de los mismos montos y tramos.
La resolución de la organización gremial fue declarar insuficiente el aumento por decreto y declarar el estado de alerta y a partir del lunes realizar asambleas informativas en toda la provincia. Además se anunció para el martes un paro activo, en el marco de una jornada nacional de lucha con desconexión de los trabajadores nacionales y movilización en rechazo del 7% ofrecido por el gobierno nacional.
Continuando con las actividades en rechazo de los montos propuestos por el gobierno provincial, y por la demora del llamado a discusión paritaria formal, para el 16 de octubre se convocó a una caravana provincial a construir con el frente gremial.
Planteo de Agmer Uruguay
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) seccional Uruguay repudió las iniciativas parlamentarias tendientes a modificar la Ley de Educación Nacional (N° 26.206). El cuerpo gremial consideró que la iniciativa tiene “un propósito claramente regresivo, buscando incorporar a la misma la definición de servicio esencial, ya que es avance sobre los derechos del colectivo docente”.
Los docentes indicaron que la educación “no constituye en absoluto un servicio, dado que se trata de un derecho social y una responsabilidad indelegable del Estado”, y en ese marco advirtieron: “No entenderlo de este modo implica retrotraernos a una concepción mercantilizadora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje”.
Sostuvieron, además, que la responsabilidad del Estado, en especial con relación al normal desarrollo del ciclo lectivo, “no puede bajo ningún aspecto justificar la vulneración de los derechos laborales docentes, en particular el legítimo derecho de huelga, herramienta de lucha que se encuentra reconocida y garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución nacional”.
Ante ese escenario, la seccional Uruguay de Agmer reafirmó que “no existe contradicción entre la lucha docente y el derecho a aprender, exigiendo a quienes tienen responsabilidades legislativas que desistan de acompañar este tipo de proyectos”.
El gremio que mayor cantidad de docentes representa en la provincia también se encarga de exponer otras problemáticas que exceden a la cuestión salarial, y que en cierta medida, afectan a los derechos de los trabajadores de la educación.
Son cuestiones que se agudizaron en el período de aislamiento.














