Educación
Lunes 26 de Septiembre de 2016

Presupuesto universitario 2017: Casi el 20% menos de fondos que los solicitados por los rectores

fondos para la educación. El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso prevé una mejora del 45% respecto al del año en curso, aprobado en 2015. Reclamo y paro mañana de los sindicatos por recortes y desfinanciamiento

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) llegará a casi 1.000 millones de pesos de presupuesto en 2017, de acuerdo con el proyecto enviado por el Gobierno de Mauricio Macri al Congreso de la Nación.
Específicamente, el monto total que se prevé destinar a territorio entrerriano es de 958.399.607 pesos; de ese monto presupuestado, más de 956 millones serán para prestar el servicio básico de educación y cultura –donde la partida de personal representa u ocupa casi la totalidad o mayor parte– y algo menos de 2 millones de pesos –1.705.501 pesos– irán a Ciencia y Técnica. Este año, la cifra de recursos totales presupuestada fue de 638.977.671 pesos.
La asignación del gobierno nacional para 2017 representa un incremento para la UNER del 50%.
Para todo el sistema universitario nacional compuesto por 54 casas de altos estudios de carácter estatal, la partida contempla una transferencia total de 75.561 millones propuestos para 2017. Existe un incremento del orden del 45%, en relación a los 51.946 millones del año en curso.
El proyecto de Presupuesto, como está sucediendo con las partidas para todos los organismos nacionales y para obras públicas, es tema de debate tanto en el ámbito legislativo, como a nivel sindical y también de los gobernadores, en razón de los montos y destinos de los recursos.
En ese sentido, las distintas universidades aún no se expresaron públicamente sobre el proyecto que está siendo estudiado en particular: entre los pocos rectores del país que ensayaron un primer análisis, hubo quienes manifestaron su adhesión, y otros sus críticas, intentando gestar una declaración conjunta de estado de alerta en el ámbito académico.
Por un lado, es pertinente mencionar que en julio, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –órgano que reúne a todos los rectores de las universidades nacionales– había aprobado un pedido al gobierno nacional de un presupuesto para el año 2017 de casi 85.000 millones de pesos para poder funcionar. Esa cifra representa un 63% de aumento con el presupuesto vigente.
Entre ese 63% solicitado y el 45% otorgado, hay casi 20 puntos de diferencia: vale recordar que el presupuesto actual se aprobó en 2015, y sólo este año la inflación será superior al 40%; incluso, luego de los incrementos tarifarios, el Gobierno se vio obligado a auxiliar a las casas de altos estudios con partidas extraordinarias, para solventar mínimamente los gastos de luz y gas.
De esos 500 millones de pesos de partida de refuerzo comprometidas por el gobierno de Mauricio Macri en mayo, gran parte de ese monto aún no fue remitido a las casas de altos estudios.
El viernes, en Jujuy, habrá un plenario del CIN y se estima que allí los rectores discutirán más en profundidad el proyecto oficial de presupuesto.

Evaluaciones
En cuanto a los primeros análisis desde el sector sindical, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu) Histórica decidió hacer mañana un paro nacional con movilización, en el que además de renovar el pedido por la reapertura de la negociación salarial, cuestionó algunos puntos del Presupuesto 2017, como la no eliminación del impuesto a las ganancias (ver recuadro Críticas y planteos del sector docente).
Por esa razón, en el marco del paro nacional anunciado por el sector docente, han adherido a las entidades gremiales universitarias como Conadu y Conadu Histórica, que nuclean a las distintas organizaciones base de todo el país.
Críticas y planteos del sector docente

En algunas casas de altos estudios, hasta un 90% del presupuesto –o más– irá destinado al personal, por lo que quedarán muy pocas partidas para otros ítems como investigación, nuevas ofertas académicas, inversiones, entre otras.
El proyecto plantea también el congelamiento de las plantas docentes, que afectarán a las nuevas universidades recientemente creadas; también, denuncian los sindicatos, hay una merma de la cantidad de becas.
El problema del presupuesto universitario, viejo emblema de luchas estudiantiles en los años 90, volvió a ser preocupación de la comunidad educativa universitaria de todo el país, a partir de este año, cuando muchas casas de altos estudios comenzaron a tener problemas para afrontar los gastos de funcionamiento mínimo –luz y gas– ante los tarifazos.
El ajuste, insisten, comenzó a registrarse este año. De acuerdo con el último informe de análisis de ejecución de Presupuesto realizado por Conadu, en el primer semestre de 2016 se destaca un desfinanciamiento selectivo en las universidades públicas a través de la virtual paralización de los programas de Desarrollo Universitario.
"Los datos actualizados al 31 de julio señalan un nivel de ejecución presupuestario normal debido, fundamentalmente, a la transferencia de fondos para el pago de salarios y de gastos corrientes –que representan aproximadamente el 90% del presupuesto–. Sin embargo, hilando fino se advierte que el alto incremento en los costos de servicios provocó la sub-ejecución de las transferencias correspondientes a programas y proyectos de desarrollo fundamentales para asegurar el derecho a la educación superior y para sustentar actividades que constituyen a la universidad como un bien social", como recortes al Programa de Becas Bicentenario; el Programa Nacional de Becas Universitarias ─enlace con el Programa Fines para la terminación de estudios secundarios─; Progresar; programas de accesibilidad edilicia y de entrega de computadoras para estudiantes con necesidades especiales; programas para la construcción y sostenimiento de comedores y residencias; programas para el estímulo de la actividad deportiva; y programas para promover la igualdad de género, puntualiza entre otros.
"Completa este cuadro la paralización de todas las actividades ligadas a la puesta en marcha de universidades y carreras de reciente creación y de nuevos colegios secundarios dependientes de las universidades nacionales, promovidos en el período anterior con la finalidad de ampliar y democratizar las oportunidades de acceso a la educación superior", añade otro tramo del extenso informe.

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