El Tribunal Oral Federal de Paraná, luego de celebrado un nuevo juicio, condenó a cuatro años de prisión al empresario forestal José María Gutiérrez por encontrarlo autor materialmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en calidad de autor, en la modalidad de acogimiento y mediando abuso de la situación de vulnerabilidad y agravado por el número de víctimas.
Prisión para empresario forestal condenado por trata laboral
José Gutiérrez recibió cuatro años de prisión por tener en condiciones infrahumanas a obreros en un campo de Colón. El empresario había sido absuelto en 2016.
13 de octubre 2021 · 18:00hs
Foto UNO/Diego Arias
El ahora condenado había sido absuelto en julio de 2016 pero el fallo fue recurrido ante la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente en mayo de 2017 ordenó la realización de un nuevo juicio ante otro tribunal. En esta oportunidad, compuesto por José María Escobar Cello y Luciano Homero, Lauría, ambos jueces del TOF de Santa Fe, y Jorge Sebastián Gallino, del TOF de Concepción del Uruguay.
En su alegato, el fiscal general José Ignacio Candioti destacó las condiciones infrahumanas en las que se encontraban los trabajadores en el campo, quienes -describió- carecían de normas mínimas de sanidad, higiene, salubridad y seguridad para sus duras labores en el monte; no contaban con luz eléctrica, ni cocina, ni sanitarios, por lo que debían realizar sus necesidades en el monte y debían bañarse en el río; y tampoco tenían acceso al agua potable, indicó el sitio oficial Fiscales.
El fiscal detalló además que las víctimas -en el juicio se acreditaron seis casos- vivían hacinadas en precarias construcciones en las que utilizaban toldos como techos, sin puertas ni ventanas. También resaltó que la mitad del salario que percibían lo cobraban "en negro" y que la suma total abonada era notablemente inferior a la reglamentariamente establecida. Para el fiscal, Gutiérrez explotó laboralmente a las víctimas aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
El juicio se realizó íntegramente este martes y durante la audiencia declararon ocho testigos: cinco empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dos de la Prefectura Naval Argentina y una profesional del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata. Todos ellos dieron cuenta de las indignas condiciones de trabajo en que se encontraban las víctimas. Finalmente, la licenciada en psicología Gloria Almada hizo hincapié en la extrema vulnerabilidad de una de las víctimas.
El fallo de Casación que dio lugar al nuevo juicio fue citado en la guía “Trata de personas con fines de explotación laboral. Estrategias para la detección e investigación del delito”, elaborada en 2017 por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El documento destaca valoraciones de aquel precedente por el cual el tribunal revisor revocó la absolución del imputado de este caso y ordenó la realización de un nuevo debate.
El caso
La investigación que llegó a juicio por segunda vez se inició en julio de 2011, cuando personal de la Prefectura Naval, de la AFIP y de la Dirección de Trabajo provincial realizaron una inspección ante la sospecha de que había una explotación forestal con empleados en situación irregular en un campo ubicado en un paraje rural denominado Colonia San Anselmo, ubicado a 20 kilómetros de Colón.
En esa oportunidad, fueron hallados trabajadores en situación de vulnerabilidad que desarrollaban tareas de desmonte y que habitaban en una construcción precaria con techo de lona sin ventanas ni puertas, con frío y durmiendo sobre troncos. No contaban con agua corriente, energía eléctrica, baños, elementos para refrigerar sus alimentos (lo que provocaba que se les pudrieran), elementos de seguridad ni ropa de trabajo adecuada para la tarea que desarrollaban. Debían cocinar en el piso e higienizarse en el río en pleno invierno.
Además, manifestaron que les daban recibo de sueldo pero que allí figuraban montos inferiores a los realmente percibidos, y que cobraban su salario en efectivo de manos de su empleador, José Manuel Gutiérrez.