Delitos de Lesa Humanidad
Martes 09 de Mayo de 2017

El 2x1 para represores dictado por la Corte suma repudios, denuncias y el rechazo de la ONU

El fallo de la Corte Suprema que beneficia con el 2x1 a genocidas de la última dictadura cívico-militar sumó este lunes nuevos repudios de dirigentes opositores y del oficialismo, denuncias contra los tres supremos que aprobaron la resolución, pero también cosechó el rechazo de la ONU, que instó al Máximo Tribunal de la Nación a tener en cuenta "los estándares internacionales de derechos humanos" y a cumplir "los compromisos asumidos a nivel internacional".


En medio de la polémica nacional y internacional que generó el fallo, miembros del oficialismo salieron a distanciarse de la decisión de la Corte, mientras se preparan marchas este miércoles en todo el país y existen fuertes repercusiones en el Congreso Nacional, donde comienzan a tomar forma iniciativas para promover el Juicio Político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Elena Highton de Nolasco, los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia que votaron el beneficio para represores.


La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que el fallo de la Corte Suprema "fue preparado y pensado desde el Gobierno".


"Esto no fue la Corte, fue preparado y pensado desde el Gobierno. Prueban y luego retroceden," aseveró Carlotto en declaraciones a Radio Con Vos y agregó que en el Ejecutivo "hay una consigna, desactivar todo lo relacionado a los derechos humanos. Nos acostamos y nos levantamos con malas noticias todos los días, no es una visión personal".


En tanto, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) exhortó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a tener en cuenta "los estándares internacionales de derechos humanos" y a cumplir "los compromisos asumidos a nivel internacional" al referirse al fallo que declaró aplicable el derogado beneficio del 2 x 1 para un represor.


"La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad", señaló al respecto el representante del Acnudh para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, en un comunicado que divulgó este lunes la oficina con sede en Santiago de Chile. Allí, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo que "el Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional".


La Casa Rosada reaccionó frente al rechazo que generó el fallo y algunas de las máximas figuras del macrismo salieron a tomar distancia de la resolución de la Corte.


La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, consideró que "los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes" y si bien sostuvo que se debe respetar "la división de poderes" defendió "nuestra propia libertad de decir lo que pensamos".


"La única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y sus familias, es con respuestas justas. No hay otra respuesta más que la respuesta justa, no puede haber atajos para que haya alivio al dolor", declaró Vidal a la prensa, al inaugurar junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente Jorge Macri una muestra itinerante de Ana Frank en el partido bonaerense de Vicente López.


En ese contexto, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Elena Highton de Nolasco, los tres miembros de la Corte Suprema que votaron el beneficio del 2x1 para represores condenados por delitos de lesa humanidad fueron denunciados por "prevaricato" en los tribunales federales de Retiro.


La primera denuncia penal contra los ministros que fue presentada por el abogado Marcelo Parrilli quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, informaron fuentes judiciales.


Organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas preparan marchas en distintos puntos del país para rechazar el fallo de la Corte que se sumarán a la que culminará el miércoles a las 18 en Plaza de Mayo.


Las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora convocaron a usar el pañuelo blanco "por esta vez" en la marcha, iniciativa que surgió a través de las redes sociales.


"Durante el acto central, avisaremos desde el escenario el momento preciso en el que todos los presentes se coloquen los pañuelos en la cabeza como señal de repudio al 2x1 y en representación de los 30.000 y toda una sociedad que tiene memoria", señalaron el organismo en un comunicado.


Desde Grecia y en el marco de su gira europea, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, volvió a condenar el fallo de la Corte Suprema argentina, que "viola la Constitución, tratados internacionales y la jurisprudencia anterior, y por el que podrían quedar libres 700 represores que están cumpliendo condenas por desaparición forzada de personas, torturas y las mas graves violaciones a los derechos humanos".


La ex presidenta manifestó su opinión en una reunión que mantuvo con el presidente del Parlamento de Grecia, Nikos Vutsis, quien a su vez le reveló que, cuando era líder juvenil de una organización comunista, había participado, en 1978, de una manifestación de solidaridad con el pueblo argentino, en ese momento víctima del terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura cívico-militar.


El jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, rechazó las críticas del kirchnerismo a la administración Macri por el fallo de la Corte Suprema que aplicó la ley del 2x1 a favor de un genocida, y dijo que la ex presidenta Cristina Kirchner y dirigentes del FpV "siguen pensando que la justicia es la extensión de un mostrador que depende del Gobierno".


En tanto, Diputados de diferentes bloques de la Cámara buscarán en la sesión prevista para mañana repudiar el fallo de la Corte de aplicación del "2x1" a delitos de lesa humanidad, al tiempo que comienzan a tomar forma iniciativas para promover el Juicio Político a tres integrantes del máximo Tribunal y para aclarar, en un intento por construir una herramienta jurídica, los alcances del polémico cómputo de penas.


Fuente: Télam

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