La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito recibió el apoyo de Amnistía Internacional Argentina en la campaña para peticionar que el gobernador, Sergio Urribarri, derogue la Resolución Nº 979/12 y deje sin efecto la Guía de Procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punibles y que garantice el acceso a este derecho en la Argentina. Para ello se enviará una carta al mandatario y al mismo tiempo se elevó un petitorio para recolectar firmas en el sitio www.amnistia.org.ar/abortolegalenentrerios. Con el objetivo de fundamentar esta posición y realizar un abordaje más amplio de la situación en Entre Ríos, estuvo en Paraná la abogada con orientación en Derecho Internacional Público e integrante de Amnistía Internacional, Sabrina Frydman, quien sostuvo que el protocolo vigente en la provincia “genera disparidad entre las mujeres entrerrianas y las de otras provincias”, donde se cumple con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia.
Piden al gobierno derogar la guía para los casos de aborto
Frydman recordó que la ley, más precisamente el Código Penal en su artículo 86, que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo, está legislada desde 1921, aunque reconoció que “prevé el aborto terapeútico en casos de violación o problemas de salud y de riesgo de vida para la madre”. La profesional también puso reparos en que la normativa presenta “una redacción poco feliz”. En este punto la representante de Amnistía hizo referencia a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de a Nación en la causa “F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva”, del 13 de marzo de 2012, que “exhorta a las provincias a adoptar protocolos que dejen en claro a los organismos de salud cómo actuar ante casos de aborto no punible”.
En un mapeo de lo que sucede en la Argentina con el cumplimiento del mencionado protocolo, Frydman indicó ante los medios que solamente “ocho provincias cumplen con los establecido por la Corte. Es decir que se ajustan a una guía nacional para cumplir con la orden de la Corte”. El mismo relevamiento da cuenta que otras cumplen parcialmente con la normativa.
El caso entrerriano
La titular de Conders e integrante de Redas, Carina Comaleras, una de la organizadoras de la actividad y que milita en favor del acceso seguro al aborto, consideró que el protocolo redactado durante la gestión de Hugo Cettour al frente de la cartera de Salud, se solicitaron varias audiencias que no fueron atendidas. “Apareció el 3 de mayo de 2012 en el Boletín Oficial. El 15 de mayo de ese mismo año se solicitó la primera audiencia con Cettour, que no fue respondida. En mayo de 2014 se volvió a insistir con el pedido en dos oportunidades, pero la respuesta fue negativa”, se lamentó la activista.
En alusión a las particularidades del protocolo entrerriano, Frydman manifestó que “solo prevé el aborto en casos de violación”, pero no cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer. Al profundizar en el tema precisó que “el único requisito que debe cumplir la mujer es realizar una declaración jurada diciendo que fue violada”. Explicó que la guía provincial incorpora requisitos adicionales, como la intervención de equipos interdisciplinarios y además exige la refrenda del director o alguna autoridad del hospital para acceder a la práctica.
Cuestionó que el documento que data de 2012 contempla de la objeción de conciencia para los médicos que no desean realizar la intervención. En caso de negarse a atender a la paciente, “deben declararlo al momento de la implementación del protocolo o del ingreso al establecimiento de salud.
En base a todos estos argumentos opinó que la guía “es violatoria de la ley y de los derechos de las mujeres, ya que solo a las mujeres que viven en Entre Ríos se les aplica, pero no a las que viven en el resto del país”. Hizo notar que días atrás se elevó el mismo petitorio en la provincia de Salta, para garantizar que se cumpla el derecho de las mujeres.
