Se presentaron cuatro denuncias por el acuerdo entre el Gobierno y Macri

Diputados y dirigentes kirchneristas, un abogado y un dirigente peronista, todos por separado, presentaron denuncias relacionadas con el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino S.A. que, además, ya está siendo investigado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El acuerdo alcanzado en el marco del concurso preventivo del Correo había sido cuestionado por la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien emitió un dictamen en el que recomendó rechazarlo por "abusivo" y perjudicial para el Estado.

La fiscal consideró que de homologarse como acuerdo la propuesta que el Gobierno le aceptó al Correo Argentino S.A, la firma de la familia Macri estaría obteniendo "una condonación de la deuda" por más de 4000 millones de pesos, en valores actuales. Boquin también agregó que el consentimiento estatal para el acuerdo fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso, por lo que lo informó ante la PIA.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, comenzó una investigación para determinar si hubo, o no, una irregularidad en el hecho de que el director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, interviniera en el asunto.

Fuentes judiciales sostuvieron que la PIA está estudiando los dictámenes presentados por Boquin y requirió que le sea enviada toda la información sobre el caso entre la que se encuentra el estudio realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.

El estudio de la DAFI fue el que estableció que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo implicaría una una quita de deuda de 4.277,6 millones de pesos en la actualidad, o de más de 70.000 millones a marzo de 2033, fecha prevista para la última cuota.

De encontrar irregularidades, la investigación preliminar de la PIA podría derivar en una nueva denuncia penal relacionada con el acuerdo alcanzado, que se sumaría a las otras cuatro denuncias que fueron presentadas este jueves en los tribunales federales de Comodro Py.

La primera denuncia presentada ante los tribunales federales de Retiro fue la del abogado Daniel Igolnikov, un asiduo denunciante del Gobierno, quien acusó al presidente Maurcio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, de violar sus deberes de funcionarios públicos. La denuncia recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Juan Pedro Zoni, y podría ser la que acapare a todas las demás que ingresaron a la Cámara Federal a lo largo de toda la mañana.

Otra de las presentaciones fue hecha por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa quien denunció a Macri, Aguad, al jefe de Gabiente Marcos Peña y a Franco Macri por estafa; denuncia que cayó ante el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.

Las otras dos demandas fueron hechas por diputados del Frente para la Victoria (FpV) y dirigentes de Nuevo Encuentro: la primera cayó en el juzgado de Canicoba Corral y la segunda en el de Lijo.

El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Mocoroa, negó que se le haya condonado una deuda al Grupo Macri (originada cuando administraba el Correo Argentino) y aseguró que en las negociaciones judiciales se prevé que la empresa pague el "ciento por ciento del capital verificado", que asciende a "296 millones de pesos".

"No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses", sostuvo Mocoroa, en diálogo con radio El Mundo y Radio Nacional.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, atribuyó a un "error" el rechazo de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial al acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino. "La fiscal se opone al procedimiento con el argumento de que no se actualizaron las cifras; pero las cifras no se pueden actualizar, la ley de quiebras lo impide, razón por la cual no sé cuáles serán los argumentos de la fiscal", señaló Aguad en diálogo con radio Mitre Córdoba.

Télam