El aumento salarial decretado por el gobierno nacional de 4.000 pesos, en principio para los trabajadores del sector privado, y que en una segunda etapa alcanzará a empleados estatales nacionales, generó diferentes reacciones en el arco empresario de la provincia de Entre Ríos. De acuerdo a lo anunciado ayer por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el incremento que será remunerativo y a cuenta de futuros aumentos en la paritaria 2020 se pagará en dos tramos: el primero, de 3.000 pesos, en enero, y se completará en febrero con los 1.000 pesos restantes. Conocida la medida, UNO buscó conocer la opinión de representantes del sector empresario e industrial y cuál será su impacto dentro de las previsiones presupuestarias para el comienzo de este año. El presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) Leandro Garciandía, dijo sentirse preocupado por esta decisión “implica mayores costos, que por un lado está bien que se pueda recuperar un poco la inflación o la pérdida de poder adquisitivo, pero desde el punto de vista financiero a las empresas les pega mucho”.
Reparos a la suba salarial por decreto
Sostuvo que teniendo en cuenta esta realidad, cada empresa debe estudiar la forma en que se afrontará este aumento, ya que las condiciones presupuestarias de las diferentes firmas en este contexto son disímiles. “Vamos a ver cómo se termina de implementar y qué flexibilidad hay en esto también. Realmente nadie tenía una previsión financiera de poder afrontar estos gastos, que se agregan en un período de baja actividad, sobre todo lo relacionado a la parte industrial, a la generación de bienes y de servicios. Nuestra mayor preocupación es la pequeña y mediana empresa, porque muchas de ellas venían de un semestre con bajas ventas”, describió el titular de la institución.
Según Garciandía, buena parte de las pequeñas empresas paralizan su actividad durante el verano, atento al pedido de vacaciones del personal y a la baja de la actividad económica. Para el empresario en este escenario el problema que se sostiene es la inflación, lo que trae aparejado una “pérdida de rentabilidad unitaria y se generan mayores gastos adicionales”.
Está claro que el paquete de medidas dispuestas por la gestión del Frente de Todos no cayeron simpáticas en el sector fabril, porque representan “mayores impuestos y ahora mayores salarios; es todo incremento de gastos”, interpretó Garciandía en diálogo con UNO.
En otra intervención el dirigente cuestionó que no se haya acudido a la negociación paritaria para recomponer el salario de los trabajadores. De esa manera, explicó, “se podía atender la realidad de cada sector, de cada empresa. Que venga así por decreto una suma fija, no hay prácticamente posibilidades de negociar nada. No se esperaba una cosa de este tipo”.
El incremento salarial es parte de las facultades especiales que el gobierno nacional obtuvo con la sanción de la ley de emergencia económica, y marcará el piso de las negociaciones salariales de este año. Los hombres de negocios en Entre Ríos ya tenían en agenda este tema, y en su mayoría arribaron a una misma conclusión: “Venimos con un fin de año muy complicado, con un segundo semestre muy difícil desde el lado del recupero de precios, con otras erogaciones como lo son la segunda parte del aguinaldo, más las vacaciones de todo el personal y muchos industriales planifican el cierre de los establecimientos por el tema vacacional por 15 o 20 días. Eso implica la falta de ingresos, y que se te agregue un gasto te genera un ruido financiero importante”, subrayó el dirigente.
“Será difícil abonarlo”
Para el sector comercial el verdadero dilema será poder hacerle frente el aumento, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Esto no quiere decir que no vayan a aceptar, pero creen que “será difícil abonarlo”. En esos términos lo planteó el presidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Alcides Balla, quien pidió que se tengan en cuenta la situación de las pymes. “Desde el punto de vista de necesidad del asalariado, es procedente, pero desde la capacidad de pago entre las pymes realmente es muy difícil de asumir. Todavía no se ve una reactivación económica y las medidas que ha tomado este nuevo gobierno no se reflejan en un incremento de ventas. Va a ser difícil abonarlo”, consideró en declaraciones a este medio.
De la misma manera entendió que se trata de un mecanismo “razonable” para poder paliar la pérdida de poder adquisitivo del salario. También afirmó que la alternativa más lógica para pagarlo “es buscar financiamiento, donde si bien las tasas están tendiendo a la baja, en su mayoría son valores que son muy altos para poder financiarse, pero esta es la opción. Y así tener la capacidad de poder abonarlo”.
Balla también advirtió que se viene haciendo “un gran esfuerzo para poder mantener las fuentes de trabajo” en el sector comercial. Al respecto manifestó: “Al empleado cuesta mucho mantenerlo y capacitarlo”.
Las pymes reclaman que se abran líneas de créditos blandos
Las pequeñas y medianas empresas que concentran el 75% del empleo privado en el país fueron uno de los sectores más golpeados durante la administración de Mauricio Macri: cerraron sus puertas alrededor de 22.000 pymes en la Argentina.
Si bien se puede suponer que en principio el aumento salarial a agentes públicos y privados es una medida contraria a sus intereses, esa sentencia se contrasta con las declaraciones de un dirigente nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). “Inyectar dinero al mercado interno es bueno y fundamental. En la situación en que nos encontramos las pymes, se nos hace difícil soportar un incremento en este tiempo. Los que llegamos a la otra orilla lo hacemos sin espalda, con deudas por ejemplo. Para poder pagar necesitamos que haya de parte del Banco Central alguna línea de redescuento para que se pueda obtener un crédito blando, con tasas acordes para poder hacer frente a este período”, indicó el secretario de Apyme a nivel nacional, Juan Sisco.
El dirigente dijo a UNO que en este contexto también será favorable el plan de moratoria que se está discutiendo con respecto a las contribuciones: “Ahora se ha prorrogado hasta el 31 de marzo el impedimento para embargar las cuentas por parte de la AFIP. Primero se había fijado el vencimiento para el 19 de diciembre, luego se prorrogó hasta el 31 de diciembre y finalmente se puso como límite el 31 de marzo. Tenemos muchas pymes que están endeudadas. Este modelo económico nos favorece, son medidas que habíamos pedido, pero que no fueron consideradas”