La expareja de "Tavi" Celis entró en Programa de Protección de Testigos y la trasladaron

Luciana Lemos, la expareja del narco Daniel "Tavi" Celis, quien involucró a l intendente Sergio Varisco, al concejal Pablo Hernández y a la funcionaria municipal Griselda Bordeira en la causa de narcotráfico por la que ella y Celis están detenidos, se acogió al programa Nacional de Protección de Testigos y fue enviada a un penal fuera de la provincia.

Según reveló el programa televisivo Cuestión de Fondo de Canal 9, Lemos, la ex esposa del narco se fue con sus dos hijos debido a las amenazas recibidas que recibió del propio Celis.

Por otra parte, se informó que se estudia lo que sucederá con el juicio de la causa de la avioneta en la que se hallaron más de 300 kilos de marihuana –lo que desbarató la banda de Celis- y se analiza si se espera la remisión a juicio de la causa narcomunicipio para sumarlas y hacer un solo juicio. Esta situación se debe a la imposibilidad del Juzgado de fijar fecha por estar la agenda completa hasta fin de año.

El Programa de protección de testigos

En Argentina el sistema de protección de testigos se encuentra regulado por el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia. En un principio era sólo una oficina que se encargaba de atender los casos relacionados con investigaciones judiciales por delitos vinculados al narcotráfico pero en 2003, se sancionó la ley 25.764, que creó el Programa agregando a los testigos e imputados de investigaciones judiciales por los delitos de secuestro extorsivo y terrorismo.

El Programa funciona siempre a partir del pedido de la autoridad judicial que recibió la declaración, luego del análisis de trascendencia, debiendo ser acompañada por la opinión del representante del Ministerio Público. A la vez, requiere la conformidad del director, que debe basarse en la viabilidad de la aplicación de las medidas de protección y en la adaptabilidad a ellas de la persona cuya incorporación se solicita.

Es condición inexcusable para el ingreso al Programa la aceptación de la protección por parte del beneficiario, ya que las medidas de protección en muchos casos importan restricciones al ejercicio de ciertos derechos y además, como en el caso de las custodias policiales, suponen una afectación al derecho a la intimidad.

Las medidas de protección pueden ser, entre otras: custodia personal o domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto.

Las obligaciones a que debe someterse el beneficiario tienen que ver con el éxito de las medidas de protección. Estas tienden básicamente a que el testigo no sea ubicado para evitar que el riesgo se convierta en realidad. Para esto se le impone mantener reserva sobre su condición de protegido, mantenerse dentro de los límites de las medidas de protección, mantenerse alejado de la zona de riesgo, respetar las instrucciones que al efecto se le impartan y no cometer delitos o contravenciones.

Cualquier incumplimiento autoriza al Director a pedir a la autoridad judicial la exclusión del protegido, circunstancia que también se producirá cuando se hubiera cumplido el objetivo del Programa, por ejemplo cuando el testigo ya hubiera sido reubicado, lo que supone que su situación de riesgo, vivienda y de trabajo se hubieran resuelto.

Fuente: Análisis