Dos sobrevivientes de la dictadura responsabilizaron al expolicía Céparo

Este jueves comenzó en Paraná un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en este caso contra el expolicía de la provincia Atilio Ricardo Céparo, a quien se le imputan tres hechos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos. La primera audiencia se realizó a sala llena, con presencia de sobrevivientes del terrorismo de Estado y miembros de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales.

Las víctimas son tres mujeres sobrevivientes del genocidio de la década del 70. Dos ellas brindaron declaración responsabilizando al imputado de los delitos de los que se lo acusa. Y una de ellas relató que, además de las torturas en cautiverio, fue vulnerada en su condición de mujer. Introdujo así una que no abunda en los juicios que se realizan en Entre Ríos: la interpretación de esos crímenes en perspectiva de género.

El Tribunal Oral Federal de Paraná está en este caso conformado de modo unipersonal, a través de la jueza Noemí Berros. Como novedad, en este proceso se incorporó al Registro Único de la Verdad, representado por su coordinador Marcelo Boeykens como Amicus Curiae. A cargo de la acusación está el fiscal José Ignacio Candioti.

Céparo ya tiene una sentencia en su contra: en 2016 fue condenado a 11 años de prisión por los mismos delitos contra una víctima. En la audiencia permaneció con la vista baja y las manos cruzadas, como abstraído de la situación, junto a su abogado defensor, José Ostolaza. Al momento de ser identificado por la jueza dijo no recordar su número de documento, ni siquiera su fecha de nacimiento: "No festejo los cumpleaños", se excusó. Por estos datos lo asistió una de sus seis hijas, que estuvo presente en la sala.

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Foto UNO / Juan Manuel Hernández

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Foto UNO / Juan Manuel Hernández

El represor tiene 70 años y dijo tener trastornos de sueño, tomar 12 pastillas por día y padecer divertículos y una malformación del corazón, además de haberse sometido a una angioplastía. Berros le advirtió la contradicción de no acordarse su fecha de nacimiento pero sí perfectamente sus enfermedades.

Después de manifestar su negativa a declarar, solicitó retirarse. Para ese momento había dicho algunas cosas, como que supuestamente nunca estuvo en la Unidad Penal 6, el lugar donde ocurrieron los hechos.

Las víctimas son tres mujeres que fueron secuestradas en noviembre de 1976 en la Ciudad de Cipoletti, Neuquén, y fueron llevadas al centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita” en donde fueron sometidas a tormentos.

Luego fueron trasladadas a Paraná en donde se las mantuvo detenidas ilegalmente en un primer momento en el escuadrón de Comunicaciones del Ejército, luego en la Unidad Familiar de la Unidad Penal N°1 y más tarde en la UP 6.

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Foto UNO / Juan Manuel Hernández

Estando en estas condiciones en la cárcel de mujeres, el 18 de enero de 1977 fueron sacadas de allí por el imputado Atilio Céparo junto a otro represor llamado Carlos Horacio Zapata, ya fallecido. Ellos las interrogaron y bajo amenaza de torturas las obligaron a firmar una declaración falsa autoincriminatoria. Esta declaración luego fue usada como prueba de cargo en el Consejo de Guerra al que fueron sometidas, una “parodia de juicio” que consistió en la puesta en marcha del aparato burocrático militar para intentar legitimar los crímenes cometidos.

Sobreviviente

En primer lugar brindó su testimonio Marta Brasseur, una de las víctimas. Relató que cuando estuvo secuestrada en el CCD "La Escuelita", sufrió terribles torturas y permaneció tabicada y atada a una cama. Allí ya estaban las otras dos mujeres entrerrianas. A fines de noviembre de 1976 fueron las tres trasladadas en avión a Paraná. Luego de pasar por el escuadrón de Comunicaciones, el siguiente destino de cautiverio fue la "Casa del Director" de la UP 1, o Unidad Familiar. Pudo saber que estaba allí porque al levantarse la capucha que le cubría la cabeza, vio que enfrente estaba la escuela Terán. Así pudo confirmar que los sonidos típicos de un recreo de estudiantes que solía escuchar, provenían de ese lugar.

En enero de 1977, estando ya en la cárcel femenina, ocurrió el episodio en que Ceparo y Zapata les hicieron firmar la declaración en su contra a las tres víctimas. Las amenazaron que si no lo hacían, "tenían otros mecanismos" para convencerlas, en referencia a someterlas nuevamente a torturas. Los apellidos de los represores los aportó una celadora del penal.

Brasseur tenía entonces 26 años y se había ido de Paraná a la Patagonia, junto con sus compañeras, escapando del clima de represión y persecución que se vivía en los meses anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En la capital entrerriana militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en la Facultad de Ciencias de la Educación, y en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) dentro de la Municipalidad de Paraná, donde trabajaba. Además era docente.

En un pasaje de su declaración, mencionó que antes de dejar la "Casa del Director", un coronel de apellido Zapata les anunció que ellas pasarían a la UP 6, mientras que otros detenidos tendrían otros destinos: Alfredo Ghiglione iría a la UP1, Raúl Caire a Resistencia (Chaco) y María Fleitas a Córdoba. Caire y Fleitas fueron desaparecidos como consecuencia del terrorismo de Estado.

Luego de los Consejos de Guerra en que fueron condenadas, Brasseur fue trasladada junto con otras mujeres a la cárcel de Devoto, en Buenos Aires. Fue regresada a Paraná antes de ser liberada, en 1982.

Al finalizar la testimonial, Berros le agradeció especialmente su declaración, porque "siempre recordar es volver a pasar por el corazón".

"Vulnerada en mi condición de mujer"

María Cristina Lucca declaró en segundo lugar y ratificó el acontecimiento de las amenazas para firmar la declaración y también señaló que fueron las celadoras las que revelaron que los represores que tuvieron a su cargo esa operación fueron Céparo y Zapata.

"Usted firma o firma. No puede leer absolutamente nada", le dijeron. "Uno sabía que no firmar podía tener consecuencias sobre la propia vida", afirmó ella en su testimonio. "A uno psicológicamente lo pone muy mal no saber lo que está firmando", agregó.

Llegar a la cárcel de mujeres representó para ellas dejar de estar en condición de desaparecidas y ser de alguna manera "blanqueadas". Les sacaron las vendas y las esposas. Sin embargo, los padecimientos no acabaron con ello: "En cautiverio la vida de uno depende de otro. Es una situación de incertidumbre muy fea y uno no sabe qué le va a pasar al día siguiente", reflexionó.

Lucca llegó desde el sur en muy mal estado y delgada como consecuencia de las torturas. Tenía puesto el mismo pantalón con el que fue detenida y le quedaba "literalmente como una bolsa".

En Neuquén los tormentos eran tan salvajes que en una ocasión quedó inconsciente. Las torturas podían durar durante todo un día. Y además hubo algo que ella decidió introducir en su testimonio, que no había dicho hace diez años cuando declaró en el juicio que se realizó en Neuquén: el ataque machista y patriarcal que sufrían las detenidas mujeres, como un plus de violencia con relación a la que se infringía sobre los hombres.

Así, sostuvo que los ejecutores de aquellos crímenes contra los derechos humanos vulneraban su condición de mujer. "Estaba atada a un camastro, con los ojos vendados y desnunda, todo el tiempo rodeada de hombres. Los custodios trataban siempre de pasar el límite de la cuestión de género. Esto hace a la historia de lo que hemos vivido como presas políticas de la República Argentina", resaltó.

Aunque no con el nivel de violencia física que vivió en Neuquén, las condiciones inhumanas de detención también las sufrió en la capital entrerriana, sin poder a veces ir al baño ni tomar agua.

El juicio continuará el jueves 24 a las 9.30 con más declaraciones de testigos. Para el 7 de noviembre se espera que se realice una inspección en la cárcel de mujeres.