Nueva Zelanda apunta a regular el juego online, pero la reforma podría aplazarse hasta 2027

Nueva Zelanda se encuentra en un momento decisivo para el futuro de su industria del juego digital. Tras décadas en las que los casinos en línea operaron en un terreno prácticamente sin regulación, el parlamento avanza con un ambicioso proyecto de ley que busca transformar por completo la forma en que se desarrolla esta actividad en el país.

Se trata del Online Casino Gambling Bill, una iniciativa diseñada para modernizar un marco legal que llevaba años quedándose corto frente al crecimiento del juego por internet. Aunque el plan inicial era poner en marcha las nuevas reglas en 2026, recientes ajustes legislativos indican que el sistema completo no estaría operativo sino hasta enero de 2027. Más allá del calendario, lo verdaderamente relevante es el alcance del proyecto: reorganizar el mercado, reforzar la protección al usuario y establecer expectativas claras para los operadores.

Una reforma que llevaba años gestándose

Durante mucho tiempo, los ciudadanos neozelandeses han podido acceder libremente a plataformas extranjeras de casino online, aun cuando estas no cuentan con licencias locales ni cumplen con las normas del país. La legislación vigente permite que estos sitios ofrezcan juegos accesibles desde Nueva Zelanda, pero sin estar sujetos a estándares nacionales de supervisión o protección al consumidor.

Además, bajo la Ley del Juego de 2003, estos operadores offshore tienen prohibido anunciarse dentro del territorio. En el nuevo escenario, el “mejor casino online” ya no será simplemente el más popular, sino aquel que logre adaptarse al marco regulatorio que entrará en vigor en 2027. Algo que también impactará la forma en que los usuarios identifican a los mejores casinos online disponibles legalmente en el mercado neozelandés.

El proyecto fue presentado oficialmente el 30 de junio de 2025 por la ministra de Asuntos Internos, Brooke van Velden, como parte del esfuerzo del gobierno por regular el sector. Superó su primera lectura a mediados de julio del mismo año y posteriormente fue revisado por el Comité de Gobernanza y Administración, que recomendó continuar con su trámite.

Un sistema de licencias completamente nuevo

El corazón de la reforma está en la creación de un régimen formal de licencias para operadores de casinos online, algo que hasta ahora no existía en Nueva Zelanda. Durante el primer período regulatorio se otorgarán hasta 15 licencias, las cuales se asignarán mediante un proceso en tres etapas: manifestación de interés, subasta competitiva y solicitud final.

Cada licencia estará vinculada a una marca, plataforma o dominio específico y deberá activarse dentro de los 90 días posteriores a su otorgamiento. Aquellas que permanezcan inactivas podrán ser suspendidas o canceladas. Además, no serán transferibles: una empresa no podrá vender su licencia sin una nueva evaluación completa por parte del regulador.

Con este enfoque, las autoridades buscan evitar prácticas anticompetitivas y asegurarse de que los operadores realmente estén comprometidos con una gestión responsable, en lugar de acumular permisos como activos comerciales.

Una vez autorizados, los operadores podrán funcionar legalmente y también publicitar sus servicios en el país, un cambio importante frente a la situación actual, donde toda promoción de casinos extranjeros está prohibida.

Más protección para los jugadores

La protección al consumidor ocupa un lugar central dentro del proyecto, especialmente en lo relacionado con el juego problemático. Las nuevas normas exigirán que los operadores verifiquen que todos sus usuarios tengan al menos 18 años antes de permitirles jugar.

También deberán recopilar y conservar datos personales y transaccionales durante un máximo de siete años, con el fin de facilitar la supervisión y el cumplimiento de la ley. A esto se suma la obligación de implementar controles de identidad y tecnologías capaces de detectar comportamientos de riesgo.

Otra pieza clave será la creación de un registro nacional de autoexclusión, previsto para finales de 2027, que permitirá a las personas bloquear su acceso a todas las plataformas reguladas de forma centralizada.

El proyecto también introduce un nuevo delito: apostar en línea en nombre de un menor de edad. Esta infracción podría acarrear multas de hasta 10.000 dólares neozelandeses, una señal clara de que el país apunta a estándares de juego responsable similares a los de los casinos físicos.

Impuestos y retorno social

La reforma incorpora un impuesto específico al juego online. Los operadores deberán pagar un 16 % sobre sus ingresos brutos por apuestas, y de ese porcentaje, un equivalente al 4 % se destinará directamente a fondos comunitarios.

Esta medida responde a la preocupación de que el crecimiento del juego digital reduzca los recursos que hoy provienen de modalidades presenciales, como las máquinas tragamonedas. Tradicionalmente, los operadores terrestres están obligados a reinvertir parte de sus ganancias en la comunidad, y el nuevo marco busca que las plataformas online asuman una responsabilidad similar.

Publicidad bajo reglas estrictas

El proyecto también contempla controles detallados sobre la publicidad. Los operadores sin licencia seguirán teniendo prohibido anunciarse, mientras que los autorizados deberán cumplir normas específicas. El objetivo principal es limitar la exposición de poblaciones vulnerables, especialmente niños y adolescentes, en línea con las políticas de reducción de daños.

Un camino con desafíos por delante

Aunque originalmente se esperaba que la ley entrara en vigor el 1 de mayo de este año, aspectos clave, sobre todo los relacionados con impuestos y licencias, han retrasado su implementación. La mayoría de las disposiciones comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027, incluyendo las nuevas tasas y los mecanismos de financiamiento comunitario.

Las regulaciones sobre minimización de daños aún están en desarrollo y podrían no quedar listas sino hasta más adelante en 2026. Si bien el proyecto podría recibir la aprobación real ese mismo año, todo indica que el despliegue completo del sistema regulatorio se extenderá hasta inicios de 2027, dependiendo del avance normativo y de la preparación del ente supervisor.