Sin protección y resguardo de las fuentes de información periodística, no existe libertad de expresión. Contamos una historia porque alguien nos dio su confianza para que lo hagamos, sabiendo que muchas de las cosas que salen en una entrevista, o incluso la identidad misma de la fuente, quedarán guardadas bajo siete llaves en la conciencia del periodista. Sin ese secreto casi nada de las cosas que merecen ser informadas para que la sociedad pueda conocer para tomar mejores decisiones serían publicadas. Cuando una autoridad pretende avasallar ese límite, la vida democrática empieza a crujir. Ese derecho que se atribuye a los periodistas, pero que en realidad es una facultad de la sociedad en general, consagrado tanto en la Constitución nacional como en la provincial, parece incuestionable a esta altura, pero en realidad hay una permanente tensión que nos obliga a todos a recordar su vigencia y a defenderlo.
Un derecho siempre en tensión
Por José Amado
La última sorpresa surgió cuando la titular del Juzgado nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 6 de Buenos Aires, Susana Margarita Gastaldi, ordenó al periodista Santiago O’Donnell que entregue las grabaciones de las entrevistas que realizó para su libro sobre Mauricio Macri, titulado Hermano. La magistrada hizo lugar al pedido de Mariano Macri y justificó que la medida “tiene por finalidad brindar certeza a la preparación de un ulterior juicio por daños y perjuicios que anuncia y que según dice le ocasionó la publicación del libro publicado el día 23 de octubre de 2020 a través del sello editorial Sudamericana”. El pleito entre el periodista y el hermano del expresidente venía desde el año pasado, donde O’Donell le rechazó los pedidos formales e informales de entrega de grabaciones y los intentos de frenar la publicación del libro. Pero con la resolución judicial ya es otra cosa, el Estado se está metiendo directamente en un terreno que no le corresponde.
El Foro de Periodismo Argentino cuestionó la decisión de Gastaldi en un comunicado en el cual consideró que “la disposición judicial pone en riesgo la garantía constitucional de protección del secreto de las fuentes informativas, y que la medida va a contramano de la jurisprudencia nacional e internacional”. Y sostuvo que el accionar de la jueza “puede generar un efecto de autocensura y limitar las investigaciones periodísticas, configurando un grave ataque a la libertad de expresión”.
En la actividad periodística diaria, la afrenta del poder por conocer y apretar a nuestras fuentes de información es una realidad cotidiana. Al menos en lo que se nota en nuestro ejercicio en Entre Ríos, a cada nota que publicamos que más o menos incomode a alguien se despliega una maquinaria de averiguaciones para establecer quién contó algo o pasó tal información. A veces lo descubren y los aprietes no tardan en llegar a la fuente. Otras veces hacen deducciones erróneas e igualmente se producen las reprimendas. También hay algunos personajes al servicio de averiguar e informar de dónde provino una filtración. Evidentemente, sea en las grandes urbes o en el pago chico, el respeto a este derecho inalienable debe ser un punto que quienes ocupan cargos públicos deben aprender.