Gómez y Basualdo: la obligación de reparar el daño

El 16 de junio de 1994 fue la última vez que Héctor Gómez y Martín Basualdo fueron vistos por sus familiares, amigos, vecinos y conocidos. Salieron de su barrio, La Floresta, para ir primero al Iosper y luego a preguntar por un trabajo en un lavadero de autos en calles Salta y Victoria. Pasaron las horas y no regresaron. Allí comenzó una búsqueda que todavía no cesa: el domingo se cumplirán 25 años de estas ausencias.

Desde el momento en que Isabel Vergara de Basualdo, la mamá de Martín, fue a hacer la denuncia por la desaparición de los jóvenes, comenzaron a faltar las respuestas y a abundar la pasividad y la indiferencia de parte del Estado entrerriano. El Poder Judicial no investigaba y el Ejecutivo, en lugar de colaborar, hostigaba y perseguía a las familias.

Como sabe desde aquel momento, Gómez, de 22 años, y Basualdo, de 19, fueron levantados por un patrullero de la Policía de Entre Ríos y llevados a la comisaría quinta de Paraná. En el caso del hijo de Isabel, ya había estado detenido y había sufrido apremios ilegales y torturas en otras oportunidades, como cuenta su madre. Ella recolectó testimonios de personas que decían tener información sobre lo sucedido con los muchachos, pero nunca logró que esos testigos aportaran los datos formalmente al juez que tenía a su cargo la causa, Héctor Toloy.

Veinticinco años es mucho tiempo. Gómez tenía un hijo bebé que creció sin conocerlo, solo a través de relatos de otros y algunas fotografías. Las dos familias transitaron todos estos años con la herida abierta que significa ese profundo vacío. Y con el tormento de no saber. Al principio tenían la esperanza de que estuvieran vivos, pero con el correr de los días, los meses y los años, solo quedó la incertidumbre: ¿qué les hicieron? ¿dónde ocultaron sus cuerpos? ¿quiénes fueron los responsables de haber cometido semejante atrocidad?

Isabel siempre lo dice: perder un hijo es el dolor más grande que puede existir, pero que lo arrebaten y nieguen la información de dónde están sus restos, que no puedan sus seres queridos tener un lugar donde llevarle una flor, donde dedicarle una oración o simplemente guardar silencio, es un sufrimiento sin consuelo posible. Y si además de todo eso, si la desaparición forzada se prolonga durante 25 años, renovándose cada día que amanece, el padecimiento ya es indescriptible.

Pero todavía hay algo más que agranda la herida: la responsabilidad del Estado. Fueron los agentes estatales los responsables de estas desapariciones, como también de la de Elías Gorosito en 2002. Y fue el Estado el que posibilitó la continuación de la ejecución de este delito gravísimo a través del tiempo, ya sea con la inacción o con el encubrimiento.

Isabel Vergara, ya a esta altura un ejemplo indiscutido de lucha y dignidad, se enfrentó una y otra vez con funcionarios políticos y judiciales que le mentían o le daban la espalda. Fue incluso ella misma víctima de apremios ilegales, cuando desde la Policía se pretendía intimidarla para que bajara los brazos y abandonara el reclamo de verdad y justicia que llevaba y lleva adelante, siempre acompañada de organizaciones sociales y de derechos humanos.

Veinticinco años después, la responsabilidad del Estado sigue vigente y es su obligación brindar reparación por lo ocurrido. Como enseñan los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, un veredicto de un juez competente en el marco del debido proceso brinda un poco de alivio a los familiares de los desaparecidos. Aunque no se encuentren todavía los cuerpos, corresponde al Poder Judicial hacerlo. Y el Ejecutivo debe aportar todo lo que esté a su alcance para que un juicio sea posible.

Y todavía algo más: la reparación también debe ser económica. El daño causado es irreparable y, por lo tanto, también imposible de cuantificar. Pero las familias merecen que al menos el gobierno garantice sus necesidades básicas, que sobre todo en épocas de ajuste económico como la actual, permanecen insatisfechas.