La renegociación de la deuda en dólares alivia el horizonte de gestión para la Provincia

El 22 de febrero el gobierno de Entre Ríos realizará la oferta formal, que ya incluye la documentación a firmar con los bonistas que el viernes aceptaron el acuerdo de reestructuración de la deuda emitida en dólares.

Antes de eso, la Provincia anunciará formalmente que llegó a un acuerdo con el 58% de los bonistas, sin dar mayores precisiones del contenido. Y luego los bonistas responderán afirmativamente y darán a conocer las condiciones. Esto es así para evitar que entre el anuncio y el acuerdo se produzcan maniobras especulativas, más aún si se considera que el objetivo de estos fondos de inversión que tienen los bonos es la especulación financiera lisa y llana, de, más o menos de los mismos grupos que tenían bonos nacionales y de otras provincias.

Esa metodología, prevista legalmente, sirve para que no tengan una ventaja adicional ni los bonistas que hicieron el acuerdo, ni los otros, ya que en caso contrario alguno podría salir a comprar o vender bonos para favorecerse.

Cumplido ese trámite, como se dijo, la Provincia presentará la oferta, se aceptará y los bonistas retirarán la demanda judicial, según el compromiso asumido en el entendimiento. Ese es el itinerario a seguir.

A partir de ese momento se pondrá a disposición la oferta formal de la Provincia, y el resto de los bonistas que no participaron del (42%) usualmente adhiere a lo pactado, y así lo habitual es que el porcentaje de adhesión llega hasta el 97% o 98%, tal como ocurrió con la reestructuración nacional y de otras provincias. Tras esto, se firman los acuerdos y ahí empiezan a regir los nuevos compromisos.

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La renegociación de la deuda en dólares alivia el horizonte de gestión para la Provincia

La decisión de no pagar

La historia de esta situación no comenzó el día en que los bonistas presentaron la demanda judicial ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, sino cuando el gobernador Gustavo Bordet decidió que la Provincia no pagaría el cupón de intereses de agosto de 2020.

En ese momento el mandatario provincial dio indicaciones al equipo económico de anticiparle a los grupos de bonistas que no se iba a realizar el pago, pero sí que se proponía una negociación de buena fe para lograr la reestructuración, del mismo modo que lo había hecho el gobierno nacional y también lo estaban haciendo varias provincias.

Tras esa decisión –tomada en el contexto de pandemia y a raíz de sus implicancias– se explicó la situación desde el gobierno entrerriano señalando que eran “imposibles de prever” las condiciones económicas actuales al momento de emitir los bonos, en 2017.

Se indicó: “Una gran devaluación en 2018, que fue seguida de una aguda recesión que llevaron al gobierno anterior a recibir el rescate más grande de la historia del FMI e imponer estrictos controles cambiarios en 2019. A dicha crisis se sumó una pandemia sin precedentes en 2020”.

Por caso, se pueden señalar algunos números de ese panorama provincial. Por ejemplo, que la variación del tipo de cambio fue del 191% desde la fecha de emisión de los bonos en 2017 hasta el 2019, mientras que la variación de los recursos fue solo del 92% a lo que se sumó una caída acumulada de ingresos expresados en dólares del 36% y una clara disminución de la Coparticipación Federal de Impuestos a las provincias por el impacto de la reforma tributaria nacional de 2019.

Hecho el anuncio de que no se pagaría, comenzaron seis meses de negociación cambiante. La Provincia propuso el plano de la “buena fe”, pero en un momento la respuesta fue una causa judicial, que incluso fue tema de varios comunicados de prensa de algunos dirigentes de la oposición en la provincia.

Tras el acuerdo, el ministro de Economía, Hugo Ballay, destacó el trabajo de su equipo. “Esto no es en primera persona, sino que hay mucha gente trabajando, y por eso quiero rescatar a todo el equipo de Economía. Fueron seis meses de negociación permanente”, remarcó.

Alivio financiero

Los números del acuerdo, en términos redondos, dan cuenta de una amortización en 12 cuotas semestrales desde agosto de 2023 hasta agosto de 2028.

También se observa la reducción de la tasa original durante los primeros años del 8,75% al 5%. Y los cupones de interés de 2021 y 2023 serán con una tasa del 5%.

El cupón de febrero de 2023 será con un 5,75% de interés, y el de agosto de 2023 al 8,1%. Y desde 2024 el interés será a una tasa del 8,25%.

Aunque la tasa tiene una fuerte reducción respecto del interés original durante los primeros años, y luego va aumentando, igualmente la tasa promedio ponderada se disminuye en un 20% aproximadamente: del 8,75% a poco menos del 7%.

Según trascendió de la negociación, los bonistas querían volver sobre el final del plazo a la tasa contractual del 8,75%, pero finalmente se consiguió que no pase el 8,25% en 2028.

Los pagos

Así, la reducción de los pagos en los próximos años queda claramente expresada. En 2023 el compromiso de pago sin reestructuración es de 203,13 millones de dólares, pero con el acuerdo serán 86,6 millones.

Concluida la gestión de Gustavo Bordet, en 2024 vencen 188,54 millones de dólares, pero luego del entendimiento serán 129,7 millones.

En 2025 el compromiso original contemplaba el vencimiento de 173,96 millones de dólares y ahora van a ser de 122 millones. Originalmente la deuda debía cancelarse ese año.

Luego serán 144,3 millones de dólares en 2026; 106,6 millones de dólares en 2027 y 98 millones en 2028.

Las mismas condiciones que consiguió la Provincia y que se plasmarán en la reestructuración serán para los municipios que oportunamente tomaron un porcentaje de ese crédito, lo que les fuera habilitado por decisión del gobierno provincial en el mismo porcentaje que el de la coparticipación de impuestos.

Desde el gobierno entrerriano se destacó que se trabajó en coordinación con el gobierno nacional y otras provincias que estaban en proceso de reestructuración.

Apoyo de industriales

Con el pacto ya anunciado, Entre Ríos se sumará a la lista de provincias que lograron cerrar sus reestructuraciones, entre las que están Mendoza (590 millones), Chubut (650 millones), Neuquén (694 millones), Río Negro (300 millones), Córdoba (1685 millones) y Salta (383 millones).

Ayer el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, Leandro Garciandía, consideró al principio de acuerdo: “Un enorme avance que hemos dado como provincia”, y sostuvo: “Permitirá que la deuda sea sustentable, que se pueda pagar y además no descuidar los compromisos que debe cumplir la Provincia en materia de salud, educación y obra pública. Así que me parece que es un muy buen acuerdo y sobre todo saca un poco de incertidumbre en este marco tan complicado que vivimos”.

El referente de la UIER expresó además: “Mejora la imagen de la provincia, cambia la imagen del país, respetando los acuerdos, y respetando las deudas y entendiendo también que es una coyuntura complicada como la que hemos pasado con la pandemia, que hace necesaria una refinanciación”, afirmó.