El escenario de los litigios entre provincias y el Estado nacional por deudas previsionales sumó nuevos capítulos luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocara a audiencias de conciliación a las provincias de La Pampa y Entre Ríos, para abordar reclamos que, en conjunto, superan los $550.000 millones.
La Corte Suprema citó a Entre Ríos a audiencia por una deuda previsional de más de $154 mil millones
La Corte Suprema citó a Entre Ríos a una audiencia el 12 de noviembre por su reclamo a la Nación por una deuda previsional de más de $154 mil millones.
30 de octubre 2025 · 16:34hs
La Corte Suprema citó a Entre Ríos a audiencia por una deuda previsional de más de $154 mil millones.
De esta forma, el tribunal reafirmó su postura de declararse competente en disputas que involucran a los estados federales y la Nación, extendiendo su intervención a una lista creciente de causas que trascienden el ámbito previsional.
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La Corte Suprema mediará entre Entre Ríos y la Nación por una deuda previsional
El reclamo entrerriano
La audiencia correspondiente a Entre Ríos fue fijada para el miércoles 12 de noviembre, una semana después de la citación a La Pampa. El reclamo entrerriano fue formalizado en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio César Rodríguez Signes. La provincia exige el pago de $154.606 millones, monto calculado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones como deuda acumulada. El fundamento de la demanda se basa en compromisos asumidos en el Consenso Fiscal de 2017, que establecía partidas presupuestarias actualizadas, anticipos automáticos y un sistema simplificado de información sobre las cajas previsionales no transferidas a la Nación.
Según el planteo entrerriano, el incumplimiento de estos compromisos generó un déficit estructural en el sistema previsional provincial. Frigerio, quien mantiene una alianza política con Javier Milei y logró una victoria contundente en las elecciones provinciales, sostiene que la Nación no ha cumplido con las transferencias acordadas.
Al aceptar el reclamo, la Corte Suprema reiteró su competencia originaria en litigios entre provincias y el Estado nacional, tal como establece el artículo 117 de la Constitución Nacional.
El caso de La Pampa
En paralelo, la audiencia de La Pampa fue fijada para el miércoles 5 de noviembre. En ese caso, el gobierno encabezado por Sergio Ziliotto reclama una deuda de $400.000 millones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en virtud del Pacto Fiscal 1999 y la Ley 27.260. La provincia pampeana presentó además una medida cautelar urgente, argumentando dificultades de financiamiento derivadas de recortes en los aportes nacionales desde la asunción del presidente Javier Milei.
En su resolución, el máximo tribunal sostuvo: "Toda vez que la Provincia de La Pampa (a quien le corresponde la competencia originaria de esta Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional), demanda al Estado Nacional (con derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental), la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria".
Un conflicto federal que se expande
La intervención de la Corte no se limita a los casos de La Pampa y Entre Ríos. Otras provincias, como Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, también mantienen reclamos por deudas previsionales millonarias. En el caso santafesino, la provincia exige la reposición de anticipos mensuales automáticos de la Anses hacia su caja de jubilaciones —interrumpidos por decreto— y calcula una deuda de $1,2 billones. El gobernador Maximiliano Pullaro participó en junio de la audiencia de conciliación ante la Corte, acompañado por sus antecesores Antonio Bonfatti y Omar Perotti.
Por su parte, la provincia de Buenos Aires anunció que presentará un reclamo por $1,6 billones, atribuyendo al Estado nacional la falta de transferencias previsionales y la paralización de obras y programas. Además, Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego se encuentran en distintas etapas de negociación o judicialización de reclamos previsionales.
Las diferencias metodológicas en el cálculo de las deudas han generado tensión: mientras las provincias reclaman el saldo acumulado y la reanudación de los pagos mensuales, la Nación propone acuerdos parciales o planes de pago. Algunas jurisdicciones, como Córdoba, han aceptado ciertos tramos, mientras que otras, como Santa Fe, los rechazaron.
Más allá de lo previsional
El alcance de los litigios entre provincias y la Nación no se restringe al sistema previsional. Según un relevamiento de Infobae, la coparticipación federal de impuestos constituye otro eje de disputa. Varias provincias (entre ellas Mendoza, Corrientes, Jujuy y Chaco) demandaron por la reducción del impuesto a las ganancias dispuesta por el Decreto 473/2023, que, según los gobiernos locales, afecta la masa coparticipable y sus ingresos.
También existen causas por incumplimientos de los consensos fiscales de 2017 y 2021, con reclamos de Corrientes, Santa Cruz y San Luis; además de retrasos en la remisión de fondos (caso La Rioja) o redireccionamiento de recursos originalmente destinados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, donde La Pampa volvió a demandar.
Entre los reclamos más destacados figuran también la reducción de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el reclamo de San Luis por la afectación del IVA y por la plena coparticipación de impuestos como el de los débitos y créditos bancarios, el adicional al cigarrillo y el impuesto interno sobre seguros; y demandas por la eliminación de fondos nacionales, como el Fondo Compensador del Transporte Público, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal o el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
En materia ambiental, La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja y Buenos Aires cuestionan la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques. Buenos Aires también litiga por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano.
Reclamos por recursos energéticos
Además del conflicto previsional, Entre Ríos mantiene otro frente judicial con la Nación vinculado a la explotación de la Central Hidroeléctrica de Salto Grande. La provincia exige montos adeudados y una compensación por daños y perjuicios derivados de la intervención en el precio de la energía producida por la represa. En la misma línea, Chubut reclama por la Central Hidroeléctrica Futaleufú, mientras que Mendoza demanda regalías pendientes del complejo hidroeléctrico El Nihuil.
Un capítulo clave para Entre Ríos
La audiencia del miércoles 12 de noviembre ante la Corte Suprema representa un paso decisivo en la estrategia del gobierno de Rogelio Frigerio para recuperar los fondos previsionales adeudados. El fallo que surja de este proceso no solo impactará en el equilibrio financiero de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, sino que podría sentar un precedente federal para otras provincias que enfrentan situaciones similares frente al Estado nacional.
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