Condenaron Atilio Céparo a 11 años de prisión por secuestro y torturas

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná condenó a 11 años de prisión el expolicía Atilio Ricardo Céparo, luego de encontrarlo penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de libertad y torturas cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Un importante número de militantes de organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles y de derechos humanos se dieron cita en las puertas del edificio de calle Urquiza para acompañar las víctimas del terrorismo de Estado, testigos y abogados, y festejaron la sentencia como un logro en un contexto de políticas gubernamentales adversas.

El tribunal consideró que los delitos fueron cometidos en el marco del genocidio y difiró la resolución del pedido de prisión domiciliaria del condenado. En tanto, indicaron que los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo miércoles 26 de octubre a las 9. En los alegatos el fiscal José Ignacio Candioti había peticionado 16 años de cárcel y la querella, 21.

Céparo se retiró en un móvil del Servicio Penitenciario que lo llevó de regreso a la Unidad Penal N° 1. Salió de tribunales protegido por un casco y escudos que de todos modos no pudieron ocultar la catarata gritos de los manifestantes que lo acusaban de "genocida" y "asesino", lo insultaban y coreaban: "Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar".

De esta manera Céparo se convirtió en el primer exmiembro de la Policía de Entre Ríos en ser condenado por delitos de lesa humanidad. El juicio permitió comprobar el rol de esta fuerza de seguridad en la represión de los perseguidos por razones políticas durante los años del terrorismo de Estado, y corroborar que la Jefatura de Policía ubicada en calle Córdoba funcionó como centro clandestino de detención y centro de torturas.

Para los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango, no hubo dudas sobre las pruebas reunidas en la causa, así como sobre el valor de los testimonios que dieron cuenta de los crímenes cometidos por el imputado, aspectos sobre los que había insistido la defensa en su alegato y en las réplicas de este martes al mediodía.

El represor fue condenado por su actuación como miembro de la patota de la Policía de Entre Ríos que en septiembre de 1976 secuestró a una trabajadora de la salud en el sanatorio La Entrerriana de Paraná, la trasladó a la Jefatura y a la Comisaría de San Agustín y la sometió a torturas con picana eléctrica, en la sede central de la Policía.

Carnero, presidenta del Tribunal, fue la encargada de leer el veredicto a las 15.15 de este martes. Expresó que Atilio Ricardo Céparo fue declarado "autor penalmente responsable de la comisión del delito de Privación ilegítima de la libertad, cometida con abuso de sus funciones sin cumplir con las formalidades de la ley, agravada por la utilización de violencia". Y del delito de "aplicación de tormentos" agravado por ser la víctima una perseguida política.

Acto seguido leyó que estos delitos se configuran "de lesa humanidad" y se cometieron "en el contexto histórico del terrorismo de Estado que asoló a nuestro país en el marco del segundo genocidio nacional, perpetrado entre los años 1975 y 1983". El contexto de genocidio ya había sido incluido por este mismo tribunal en su sentencia de 2012 en la causa Harguindeguy. El primer genocidio, aunque no se explicitó, es el exterminio de los pueblos originarios.

En consecuencia Céparo fue condenado a 11 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. El tratamiento de la solicitud de prisión domiciliaria, por alegados problemas de salud, se postergó para su resolución en el incidente respectivo.

Los testimonios de la víctima –cuyo nombre se mantiene en reserva– y de una serie de testigos del juicio se remitirán a la Fiscalía federal de Paraná, como solicitó la querella durante el juicio, para que se investiguen los padecimeintos por los cuales atravesaron en manos de la patota de la Policía. Asimismo se ordenó que se interpongan denuncias ante quien corresponda respecto del pedido de investigación de la participación y complicidad de otras personas en este caso y de la intervención de Céparo en una asociación ilícita.

Antes de la lectura del veredicto se realizaron las réplicas de los alegatos y las últimas palabras del imputado, quien solamente agradeció a su defensor José Ostolaza y a sus familiares por el acompañamiento.

Al finalizar la lectura un grupo de personas allegadas al condenado se manifestó en contra de la sentencia y de lo que llamaron "el negocio de los derechos humanos". La jueza Noemí Berros pidió que "no faltaran el respeto" y el inmediato desalojo de la sala. Así reaccionaron quienes se presentan como defensores de los "presos políticos", como llaman a los represores, y niegan el terrorismo de Estado.

Luego de conocido el fallo y de la retirada de Céparo y de sus familiares y allegados, los abogados querellantes Sofía Uranga y Marcelo Boeykens, representantes de la agrupación H.I.J.O.S., valoraron la sentencia que condenó al represor y declaró que sus crímenes fueron cometidos en el marco del genocidio, tal como los profesionales habían solicitado en su alegato. Aunque la pena estuvo lejos de lo solicitado –los querellantes habían pedido 21 años y la Fiscalía 16– y faltando todavía conocerse los fundamentos, hubo una buena recepción de la decisión del Tribunal.

Al hablar ante la militancia los abogados lamentaron al episodio del final, en el cual un grupo reaccionario acusó al tribunal de dictar sentencia "por el negocio de los derechos humanos". Boeykens instó a seguir movilizando para continuar armando el "rompecabezas" del terrorismo de Estado en Entre Ríos. "Ahora vamos por la causa IPP (robo de bebés), por José Mazzaferri (torturador de la Policía Federal de Concepción del Uruguay)", dijo en referencia a los próximos juicios que se desarrollarán en la provincia".