Agroquímicos, otra vez en debate: una comisión de Diputados tratará el proyecto presentado en 2022

La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara baja entrerriana, presidida por el diputado provincial Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), continuará el tratamiento del proyecto este miércoles a las 13 en la Sala de Comisiones, luego de casi cuatro meses del último encuentro y tras el debate con diferentes sectores afectados por agroquímicos.

El borrador se presentó en noviembre del 2022 por el entonces gobernador Gustavo Bordet, con el objetivo de fomentar la "protección y conservación de la salud, del ambiente y de la producción agropecuaria", mediante la utilización de "buenas prácticas" en la utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios. La normativa vigente "es de 1980, generó que existan parches, resoluciones y amparos, y no tiene en cuenta el avance de la tecnología", apuntó el diputado socialista.

Las distancias permitidas y las zonas establecidas para su uso fueron tema de numerosos debates, amparos y fallos judiciales a lo largo de los años. Actualmente, la propuesta prevé tres áreas diferentes a la hora de la aplicación de dichos productos: una "zona de exclusión", donde existe restricción absoluta para su uso; otra "zona de amortiguamiento", en la que se pueden aplicar, con limitaciones, algunos productos fitosanitarios; y el resto de regiones en las que no se determina ninguna restricción.

Para las zonas con asentamientos subrurales y poblaciones, la exclusión alcanza hasta los 100 metros de radio si la aplicación es terrestre, y de 200 metros si es aérea, mientras que para áreas sensibles sin asentamientos, los límites se reducen a la mitad. En tanto, se permiten las aplicaciones desde los 10 a 30 metros a partir del límite de exclusión para aplicaciones con equipos manuales o drones, de 100 a 300 metros para aplicaciones terrestres, y de 200 a 600 metros en aplicaciones aéreas.

En un apartado específico para escuelas rurales, se prohíben las fumigaciones hasta un radio de 150 metros (terrestres) y 500 metros (aéreas) del establecimiento, y se habilitan con limitaciones a partir de los 150 metros y hasta un radio de 500 metros de la institución educativa.

Incentivos económicos, cuidar la salud y el medio ambiente

Otra de las novedades se encuentra en el artículo 66 del proyecto llamado "Intensificación ecológica": se otorgarán "incentivos económicos y/o beneficios fiscales" a productores que impulsen modelos de intensificación ecológica en las zonas que la fumigación está prohibida, y compensaciones económicas ante una contribución al "desarrollo rural sostenible". Como contraparte, obliga a considerar "enfermedad profesional" a las patologías asociadas a las fumigaciones.

El objetivo es "priorizar la salud humana en primer lugar, lograr un ambiente menos contaminado, y darle previsibilidad a los productores de la provincia, que ante la variedad de fallos y amparos se le es un problema planificar las campañas productivas", aseguró Rossi a UNO. Para ello, este nuevo proyecto "incorpora el monitoreo ambiental en el que la fiscalización estará a cargo de la provincia y Municipios; crea un fondo económico exclusivo y un Consejo Asesor; agrega fitosanitarios ecológicos y los drones como vehículo de fumigación; establece protocolos de limpieza y cómo actuar ante aplicaciones cercanas a escuelas rurales; prevé campañas de concientización", completó.

Según el legislador, en Argentina "no hay nada de tan avanzada, no hay nada comparativo", y puntualizó que la iniciativa "tiene un gran consenso", ya que dieron el visto bueno representantes de "sindicatos, del Poder Ejecutivo, un grupo de ambientalistas y productores". Sin embargo, desde el peronismo lamentaron a este medio que "no se han escuchado todas las voces inscriptas para ser escuchadas" en la Comisión. Para este miércoles, los legisladores recibirán al secretario de Agricultura, Raúl Boc Ho, al coordinador de Políticas Agropecuarias, José Basaldúa, y al director de Agricultura, Gustavo Oertlin.

Un caso de contaminación con agroquímicos

A fines del año pasado, el juez Emilio Matorras dio lugar parcialmente a una demanda judicial y amparo ambiental presentado por Ximena Rosso, presidenta de la Comisión Vecinal que vive con su hijo menor de edad en la urbanización "Tierra Alta", a unos 500 metros de la localidad de Colonia Ensayo (departamento Diamante).

Rosso solicitó suspender las fumigaciones a menos de 1.100 metros desde el límite del loteo, y a menos de 3 kilómetros si son aéreas, adjuntó análisis clínicos que demuestran que sufre una fuerte alergia a venenos, medicamentos o el látex; y estudios de su hijo menor de edad por una reagudización del cuadro de bronquitis. Además, presentó un estudio hecho en Córdoba en el que se demostró que los niños que viven entre 500 y 1.500 metros de lugares donde se realizan fumigaciones, sufren un 44% más de daño en su material genético.

El magistrado reconoció que la fumigación es "contaminante" pero aseguró que el cese "no resulta posible por ser una actividad lícita e imprescindible para la agricultura". En ese entonces, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes consideró que la aplicación de plaguicidas "es una herramienta esencial" para Entre Ríos, aunque sostuvo que también es esencial "preservar el ambiente y la salud de las personas". Por eso, calificó como "perfectamente legal, sólido y protectorio del ambiente, salud y actividad económica en un sano equilibrio" las distancias que determina el decreto.

Para la mujer, de aprobarse el proyecto "será un gran fracaso", ya que "no resuelve de fondo la problemática y no se tomaron en cuenta los datos científicos presentados". En diálogo con UNO, Rosso pidió "legislar para la transición de un modelo más justo" y trabajar "en algo inédito", porque los agroquímicos "generan daños a largo plazo, enfermedades crónicas, daños en niños, malformaciones, enfermedades de desarrollo y neurotoxicidad".