Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de la Acción Global por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En Argentina se realizaron movilizaciones en varias ciudades, incluidas Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia.
Aborto Legal: cuál es la situación provincial
Por Camila Gomez
UNO / Juan Manuel Hernández
En Paraná, cientos de personas se movilizaron para pedir se garantice el aborto legal, seguro y gratuito y la implementación de la ley de Educación Sexual Integral.
Sobre el acceso al derecho al aborto, el Ministerio de Salud de Entre Ríos dio a conocer, a través de un informe al que accedió UNO, las principales estadísticas de la temática. En este sentido, indicaron que de enero a agosto de 2023 la mayoría de las solicitudes de Intervención Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) las realizaron mujeres de 20 a 40 años (78%) seguida por adolescentes de 15 a 19 años (13%). En detalle, destacan una disminución en los embarazos no planificados en la adolescencia, producto de la implementación de la ley de Educación Sexual Integral: fueron 18 quienes lo solicitaron. De la franja etaria que más lo solicitan, son las mujeres de 20 a 29 años las que van en primer lugar, con 830 casos. Al grupo se le suman las mujeres de 30 a 39 años, con 401.
LEER MÁS: La comunidad feminista marchó en defensa de derechos como el aborto y la ESI
En la provincia existen efectores de salud en los que se puede acceder a la IVE. El informe indica que en 2020, cuando se sancionó la Ley 27.610, eran 17 los hospitales que podían brindar este servicio. Con la implementación de la normativa, aumentaron y hasta agosto de este año, son 44 en total. Todos los departamentos, a excepción de Nogoyá y San Salvador, cuentan con al menos un espacio seguro donde practicar IVE o ILE.
Derechos
Ailen Waldner, militante del Frente Patria Grande e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Entre Ríos explicó a UNO: “Argentina luego de más de 18 años ininterrumpidos de lucha con la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito junto con una marea de millones de mujeres en las calles logró la sanción de la ley Nº 27.610 que garantiza el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Ante la persecución de discursos fundamentalistas conservadores, nos manifestamos porque las libertades son nuestras y no vamos a retroceder ni un paso en la defensa de los derechos ganados con la lucha popular y feminista”.
Entre los motivos de la movilización se destacó la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Ailén explicó a UNO: “Exigimos su plena garantización porque el acceso a la educación es un derecho que tienen las infancias en todas las escuelas, no puede haber más niñas madres ni vínculos donde se naturalice la violencia. La promoción para el conocimiento de los derechos por parte del Estado es un deber que tiene que estar efectivizado con acceso a información, servicios de salud sexual y métodos anticonceptivos”. Sobre el acceso al derecho, dijo: “Las problemáticas en torno a la garantía de la práctica tienen que ver con los profesionales de la salud que manifiestan la objeción de conciencia y los conflictos que esto genera en los ámbitos laborales sobre quienes hacen cumplir la ley cuando las mujeres y personas con capacidad de gestar se acercan con la voluntad de interrumpir un embarazo”.
LEER MÁS: Aborto: el 70% de los efectores garantizan la IVE en el primer nivel de atención
En este sentido, desde la cartera de Salud recordaron que existe una línea abierta de Salud Sexual donde consultar sobre el aborto y denunciar cualquier situación que imposibilite el cumplimiento de la ley: el 0800 222 3444.
“Ninguna persona realiza un aborto de forma premeditada, el desafío que tenemos es que todas las personas que precisen puedan acceder a abortos seguros sin ser juzgadas y con el acompañamiento necesario de consejerías, tanto en la etapa previa como la posterior a la práctica, ya sea en el hospital público como en los efectores privados y con la cobertura de las obras sociales. El acceso al aborto es una cuestión de salud pública y justicia social. La ley impactó en el descenso de mortandad por abortos clandestinos, que afectaba a personas de menores recursos. Además permitió visibilizar y poner en agenda pública la soberanía sobre nuestros cuerpos y el reconocimiento social y político de los derechos de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias”, concluyó la militante.
Socorristas
En tanto, en la provincia existe una red de mujeres que acompañan a pares que necesiten contención y acompañamiento a la hora de decidir –o no– abortar. El grupo Dora te escucha, en diálogo con UNO se definió: "somos activistas feministas que trabajamos de manera conjunta y articulada con médicos y médicas y obstetras a lo largo y a lo ancho de la provincia y también con los equipos de trabajo social, básicamente lo que hacemos es tareas de articulación, de información y detección temprana de las situaciones en donde aparece una persona con necesidad de abortar. En la costa del Paraná nos encontramos : Dora te escucha en Facebook / @socorristasparana en Instagram / 3434724949 nuestra línea de atención. En la costa del Uruguay están Socorristas Costa del Uruguay en Facebook / @socorristas.cdu en Instagram / 3442479819 su línea de atención".
Sobre la implementación de la ley de aborto legal, explicaron: "En Entre Ríos se da de manera progresiva y sostenida, es un trabajo que viene de antes incluso de que se sancione la ley porque a partir del fallo F.A.L. se empiezan a conformar los equipos para garantizar las ILEs por causales; esas causales tenían que ver con una mirada integral de la salud que es lo que la Organización Mundial de la Salud entiende como un completo estado de bienestar físico social y mental. Estos años han servido para ampliar esas ofertas en los efectores de salud, también conformar nuevos equipos, y fortalecer los que ya estaban. Lo que también ha mejorado es la calidad de la medicación y de los métodos, porque se está garantizando AMEU, que es una práctica de aspiración manual endouterina, además de que se está garantizando el combipack, es decir la mifepristona y el misoprostol, que son medicamentos que los está proveyendo el Ministerio de Salud de la Nación y que también se empezaron a producir en los laboratorio público".
"La provincia está dividida por regiones sanitarias así que eso hace que se dificulte un poco más el acceso y poder articular, pero que nosotras vemos de manera auspiciosa para que haya cada vez más equipos y más posibilidades de coordinar incluso con otros equipos de otras provincias para garantizar este derecho sobre todo en situaciones de violencia y de adolescencia y niñas", agregaron.
En este sentido detallaron a UNO los inconvenientes que notan al asesorar a las mujeres: "Las dificultades que encontramos nosotras para garantizar el acceso al aborto es que el efector que no cumple la ley tienen que informar fehacientemente sobre los derechos y disponer de las derivaciones pertinentes, y eso no se está cumpliendo en la provincia. Otra de las dificultades que observamos, es que hay efectores que están muy alejados de los lugares donde se realizan las prácticas y generalmente a las mujeres más pobres les cuesta acceder a esos centros de salud."
En el ámbito privado: "las obras sociales todavía no han avanzado con protocolos y prestaciones que tengan que ver con el cumplimiento efectivo de la ley. En este sentido, hemos recibido la noticia de que la organización Católicas por el Derecho a Decidir ha hecho una presentación de pedidos de informe en IOSPER para ver cómo se está cumpliendo la ley y cuáles son los lineamientos, ya que es la obra social más grande de la provincia."
Por último, señalaron: "Tampoco hay publicidad de la ley, muchas personas que se comunican con nosotras nos comentan del desconocimiento , ante eso nosotras hemos hecho impresiones de promoción, pero vemos que no es una política estatal. Frente a esto, creemos necesario que se facilite y se encuentre siempre visible el 0800 222 3444 para que las personas accedan al número y puedan informarse sobre en qué efectores le van a garantizar su derecho y en cuáles no."