La burocracia profundiza los problemas hídricos en la provincia

En el estado provincial funcionan tantos organismos que tienen ingerencia en los problemas del agua que se genera una burocracia conspirativa contra las posibles soluciones. La conclusión es el resultado del trabajo que presentó ayer en el Congreso del Agua la abogada Lorena Pamela María. 

La investigación forma parte de su tesis para alcanzar la maestría en Gestión Integral de los Recursos Hídricos. 

Para tener una perspectiva de lo que pensaban todos los involucrados en la problemática realizó una encuesta entre 40 personas (exfuncionarios, ONG, damnificados, trabajadores del estado) en donde encontró que el 80% de los entrevistados pidió una fusión de los organismos y el 19% restante solicitó una “coordinación técnica legal de los organismos”. El 1% restante realizó otro tipo de sugerencias que también buscaban la unificación.

Como ejemplo, contó la historia de un productor agropecuario cuya porción de tierra  se encuentra aguas abajo de un complejo termal. Por decantación el curso de agua que pasa por su campo llega con altos porcentajes de salinidad y afecta a sus animales. ¿A quién presenta la denuncia? Se preguntó María, entendiendo que pueden recibir el reclamo diferentes organismos: el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), la Dirección de Hidráulica (que es parte del Corufa), la Dirección de Aguas Sanitarias (servicios, agua potable, cloacas) la dirección de Recursos Naturales (controla obras hidráulicas); el Ente Termal, La comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el Ente Mixto, las municipalidades (las defensorías del pueblo y las secretarías), la Secretaría de Ambiente de la provincia (impacto ambiental), la Dirección de Vialidad (obras de drenajes en las rutas provinciales) o a la Comisión Provincial de Evaluación y Propuesta para el Desarrollo Regional Integrado y Sostenible  (que se creó en el artículo 6 de la ley 9.092). “Todos estos organismos fueron creados por leyes y ahora hay más proyectos para seguir sumando áreas”, advirtió María que evidenció la “doble inseguridad jurídica para el ciudadano y para el organismo de control”.  

Un problema que se observa a simple vista 

Este cronista le preguntó a Lorena María si la contaminación que se observa en los arroyos urbanos de Paraná tiene que ver con la atomización de los organismos públicos. La especialistas en la problemática hídrica evitó la relación directa pero dejó evidenciado que, en algunos casos, sucedió que se hicieron dos estudios encargados por distintas reparticiones. Además como falta la coordinación entre los organismos sucede que se dejan de lado análisis que son muy importantes  para otras áreas. 

El estado ha realizado el esfuerzo económico para movilizar una avioneta o trasladarse por agua a ciertos destinos y las evaluaciones fueron parciales.

Lo que sucede en los cursos de agua que atraviesan la capital provincial es muy parecido a lo que ocurre  en todo Entre Ríos. 

Los ciudadanos están realizando trabajos aislados, como es el caso del arroyo Antoñico en donde estudiantes secundarios buscan sanearlo mientras que por otro lado la Municipalidad lo entuba y   los vecinos se alegran porque se terminan los roedores. 

Falta un protocolo para saber qué es lo que hay que hacer con los arroyos y proyectar un trabajo a 10 años, por lo menos. En forma paralela las organizaciones sociales tratan de intervenir otros arroyos pero nadie implementa un plan de saneamiento financiado en el tiempo. Por ahora, con las buenas intenciones se ve que no alcanza. 

Detalles 

 “El plexo normativo sobre los recursos hídricos en Entre Ríos se caracteriza por disposiciones dictadas en leyes, decretos, resoluciones, en forma dispersas, desordenadas, fragmentada, y con interpretaciones varias”.